La basura electrónica es un problema a nivel mundial. ¿Qué se hace con la televisión que se rompió? ¿Y con la heladera que ya no tiene reparación? ¿O con el viejo teléfono celular? El Ministerio de Ambiente quiere que importadores y fabricantes de artículos electrónicos se hagan responsables de la recuperación de una porción de los productos que vuelcan al mercado. Pero la idea es vista con preocupación desde el lado empresarial, que aún da los primeros pasos para ver cómo podría implementar un sistema que no los afecte a ellos ni a los consumidores.
La obligatoriedad se dará con la publicación de un decreto que aún está en la cartera de Economía y Finanzas. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, contó a El País que está “próximo a salir” y que se comunicó el “otro día” con la ministra Azucena Arbeleche para ver si se podía “agilizar”. En una primera etapa -que dura los primeros dos años desde que entra en vigencia la normativa-, se plantea que las empresas recolecten el 40% de los productos generados al año y que el plan esté disponible para poblaciones de más de 5.000 habitantes.
Después -en un plazo máximo de tres años-, deberá funcionar en todo el territorio nacional. Por último, a los cuatro años el porcentaje de recuperación aumentará al 60%.
Desde el sector empresarial hay dudas sobre cómo se puede implementar un sistema de recuperación con un porcentaje tan alto. Las compañías ya están atentas a cómo se van dando las conversaciones y empiezan a barajar ideas, aún sin descartar nada pero tampoco seguras sobre qué se decidirá. Se plantean varios desafíos, ya que -aunque no niegan la importancia del cuidado del medio ambiente- no ven sencilla la logística para la recuperación de algunos artículos electrónicos, señalaron a El País desde el ámbito empresarial.
Una de las dificultades -explicó un destacado empresario uruguayo- es el tamaño de algunos de los productos electrónicos. Porque, sin duda, no es lo mismo llevar un celular que una heladera a un centro de depósito, sobre todo por los costos (de flete, por ejemplo) que le puede implicar a la persona que quiere reciclar. Aún sin nada definido, algunos empresarios plantean la posibilidad de que se realice un plan piloto en un barrio puntual.
Desde la Cámara de Comercio y Servicio de Uruguay (CCSU), el gerente secretario Luis Bajac dijo a El País que hay una “real preocupación” por el medio ambiente, así como por “cuidar a las empresas” para que la implementación de un sistema de recuperación “no afecte los costos diarios”, ni al “consumidor final”. Aún se está en una primera etapa, donde se habla con las diferentes empresas “para ver cuáles son las inquietudes” que surgen, añadió.
Aún no se planteó una idea oficial al Ministerio de Ambiente. La cámara todavía evalúa qué presentar, y averigua si hay un interés por parte de las empresas en plantear un plan único, como hizo la Cámara de Industrias en coordinación con las empresas obligadas a recuperar envases que vuelcan al mercado interno. Para las botellas, latas y tetras se implementa el Plan Vale que implica -entre muchas otras cosas- que las personas deben llevar los productos vacíos a un lugar y se les da un dinero a cambio, más conocido como el sistema depósito-reembolso.
Algunas empresas podrían armar su propio plan de recuperación de productos electrónicos y no sumarse a un plan nacional. Desde la CCSU, Bajac comentó que un sistema unificado a nivel nacional implicaría que todos estén de acuerdo con cómo gestionar los residuos, y en los costos que llevaría. Además de que habría que ver cómo implementar los posibles centros de acopio departamento a departamento. Todo el análisis de la situación “lleva mucho tiempo”, indicó.
Los desafíos del sistema que se quiere implementar
Desconocen la información a partir de la que el ministerio plantea una recuperación del 40%, dijo Bajac. También hay que tener en cuenta -siguió en diálogo con El País- que la personas puede decidir no llevar el artículo a cierto punto de recepción y quedárselo en su casa, lo que plantea una dificultad y la necesidad de que sea un trabajo en equipo con la sociedad.
Desde el sector empresarial, por otra parte, señalaron a El País que sienten dudas en cuanto a las complicaciones que les pueda generar que las personas no trasladen hasta ciertos puntos los aparatos electrónicos, sobre todo los grandes como las heladeras. Otro punto, además, es que los recicladores deben recibir los productos en ciertas condiciones -y no desguazados- para conseguir sacarle un rédito económico.
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