Las multas de tránsito pueden ser importantes ingresos de dinero para las intendencias, cuyo caudal depende en gran medida de la presencia (y cantidad) de radares en el departamento. A nivel nacional hubo 845.153 sanciones en 2023, dando un incremento de 39% en comparación al año anterior. La comuna canaria, por su parte, recaudó $ 435.958.443 a través de los incumplimientos en el tránsito, que son unos US$ 11,2 millones.

Por lo tanto, la Intendencia de Canelones consiguió unos US$ 30.610 en promedio por día por infracciones de los conductores.

Pero, un poco en contracorriente de la tendencia global de aumento de recaudación de las intendencias, Canelones vivió un descenso y una caída en el número de infracciones detectadas.

El departamento tuvo una reducción de 16% en los ingresos por infracciones de los conductores en comparación a 2022, año en el que ingresaron $ 516.913.837 -cifra ajustada por Índice Medio de Salario (IMS).

Más allá de este descenso interanual, la cifra de 2023 es mucho más alta de la que consiguió en 2021 ($ 141.144.967) y 2020 ($ 116.502.697) -valores también ajustados por IMS.

Las multas de tránsito estuvieron en el foco de atención en 2023, en especial por la instalación de más de 100 radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las rutas nacionales -que generó críticas incluso dentro de la coalición- y la habilitación para pagar la patente sin abonar las infracciones departamentales a través de la Rendición de Cuentas -decisión que lleva a que las tres intendencias del Frente Amplio acudan a la Suprema Corte de Justicia.

Por una amplísima diferencia, el exceso de velocidad es la infracción que más veces se detectó a nivel nacional, y Canelones no fue la excepción. La explicación detrás es la presencia de radares. En el departamento canario se ve el impacto de esta herramienta ya que hubo un salto importante de 1.564% en la cantidad de sanciones en 2022 frente a 2021.

Después de ese primer gran aumento, vino una caída. En 2023 ingresó dinero por 26.502 incumplimientos, un 13% menos que en 2022.

Las infracciones por exceso de velocidad explican gran parte (82%) de la recaudación de 2023, y son el 62% de la cantidad de sanciones que cobró la intendencia.

La intendencia tiene cuatro radares que van rotando en ocho puntos del departamento, y en dos lugares no se colocaron en 2023. Son 32.198 las multas que detectaron los fiscalizadores de velocidad instalados. El que más incumplimientos detectó es el que está en la rambla y Márquez Castro, una de las principales avenidas de Solymar, con 11.461 sanciones en 2023.

Le siguió el que está en la calle Roosevelt entre Canelones y Agustín Hernández, en Pando, con 8.948. En tercer lugar quedó el que está en el intersección entre avenida Luis Giannattasio -la principal avenida de Ciudad de la Costa que se utiliza a diario para desplazarse entre Montevideo y este departamento- y República Dominicana, a la altura de Solymar. Aquí hubo 5.644 multas.

Luego vino el radar que está en avenida Luis Giannattasio entre Calcagno y Madrid, en Shangrilá, zona que ha tenido un crecimiento en los últimos años. Este detectó 3.549 infractores.

Por último estuvieron los dos que están ubicados en la rambla costanera, uno en la intersección con Zapicán (1.503) en la Barra de Carrasco y otro con Del Lucero (1.093) en Parque Carrasco.

El director general de tránsito y transporte, Alejandro Alberro, aseguró a El País que “la fiscalización sigue siendo la misma” entre un año y el otro, con los “mismos puntos” y “cantidad de fiscalizadores” en las calles del departamento. Entonces, la reducción se debe a una “concientización de los usuarios de que en esas vías hay fiscalizadores”. En ese sentido, señaló que en algunos puntos donde pueden ir radares hubo reducciones de 35% y 40% en la cantidad de infracciones detectadas entre un año y el otro.

El no uso del cinturón de seguridad es una de las multas que más aplica la intendencia canaria. Hubo 2.237 infracciones en 2023, dejándole $ 10.590.822. La cantidad tuvo una caída de 45% en el número de sanciones en comparación a 2022, cuando hubo 4.083. Ese año la recaudación alcanzó $ 19.237.546 -cifra ajustada por Índice Medio de Salarios.

Alberro contó que llevan adelante campañas para el uso de cinturón de seguridad y sillas de retención infantil, y que se propusieron metas de reducción de ambas infracciones.

Por otra parte, las infracciones vinculadas a las licencias de conducir -como no tenerla, que esté vencida, entre otros- dejaron $ 15.863.250 en 2023 a través del cobro de 2.018 multas.

En tanto, el no uso de casco generó ingresos por $ 3.586.587 (765 incumplimientos) para la Intendencia de Canelones. A un nivel menor, se cobraron 623 sanciones económicas -por las que ingresaron $ 3.194.798- por personas que conducían mientras hablaban por celular.

Las intendencias de Montevideo, Canelones y Salto decidieron presentar de manera individual una acción de lesión de autonomía ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Las tres comunas dirigidas hoy por el Frente Amplio -con Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima- resolvieron judicializar la posibilidad que tienen ahora los infractores de tránsito de pagar las patentes de los vehículos sin necesidad de abonar las multas que adeuden.

Salto ya presentó la acción, y Canelones y Montevideo lo harán en el corto plazo.

Esa opción de disociar el pago de la patente de las multas departamentales se habilitó en la última Rendición de Cuentas, y no vino en el mensaje original sino que se sumó a pedido de legisladores de la coalición oficialista.

Sucive informó en el Congreso de Intendentes del jueves que fueron 20.014 infractores (1,79% del total) los que “pagaron patente disociadas de las multas”, mientras que 70.974 abonaron ambas.

En Canelones 2.830 personas decidieron pagar solo la patente y dejar la multa. El número más grande se dio en Montevideo con 7.812 infractores, seguido por Maldonado con 3.408.

El director general de tránsito y transporte de la Intendencia de Canelones, Alejandro Alberro, aseguró que quieren “derribar el mito de que el único fin (de los radares) sea la recaudación”, ya que el objetivo es la “seguridad vial”.

En ese sentido, añadió: “Estadísticamente son números pero cuando uno lo lleva la vida estamos hablando de humanos, algunos con lesiones y otros con fatales que genera trastornos en la familia”.

En 2022, según los últimos datos disponibles de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), fallecieron 86 personas en Canelones, siendo 22 en ciudades y caminos del departamento y 64 en rutas nacionales.

A nivel nacional, hubo 20.210 siniestros donde resultaron lesionadas 25.164 personas en 2022. Y se registraron 431 muertos, siendo tres menos que en 2021 pero 40 más que en 2020 (primer año de la pandemia).

Si se diferencian los fallecimientos por jurisdicción, el porcentaje en la jurisdicción nacional es de 53%, mientras que en la departamental es de 47%, añade el informe de 2022.