Atrás quedó la clásica imagen de la cantina repleta de paquetes brillantes de colores de snacks, golosinas y refrescos azucarados. A partir de enero, en los centros educativos no se pueden vender alimentos que no estén en una lista de recomendados que realiza el Ministerio de Salud Pública. Pero la decisión, reclaman los cantineros, hizo que hubiera una fuerte reducción de las ventas, por lo que los comerciantes pidieron una disminución del alquiler. Pero Secundaria rechazó esta solicitud. La siguiente medida que evalúan, a través del asesoramiento con abogados, es hacer un juicio.

Secundaria argumentó su decisión de rechazar el pedido de reducción de alquiler —en la resolución a la que tuvo acceso El País— en que los concesionarios de las cantinas liceales “utilizan sin costo la luz y el agua del centro educativo, lo cual bajan los costos de los productos que se elaboran en las cantinas”. Esta mención es consecuente con que ahora los cantineros deben producir más productos en el marco de la ley de alimentación saludable.

Secundaria, además, indicó que el costo del “alquiler lo pone el propio concesionario en su oferta y es consecuencia de su análisis como de sus expectativas de ingresos”. Uno de los argumentos de los cantineros es que la deserción estudiantil hace que puedan vender menos a medida que transcurre el año pero, según se señaló en la resolución, esto es algo que toman en cuenta los concesionarios a la hora de ofertar por los locales en los liceos.

Desde la Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay, su presidenta, Alejandra Ferreira, señaló a El País que evalúan hacer un juicio después de la respuesta de Secundaria. La cantinera —que trabaja en el liceo José Belloni, en Villa Don Bosco— advirtió que la situación será cada vez más “aguda” porque después de las vacaciones de julio comienza la “deserción real” de estudiantes. Dado este contexto, volvieron a pedir una reunión con Secundaria, con la esperanza de conseguir otra respuesta, y con el Ministerio de Salud Pública.

Ferreira comentó que reclamarían en un juicio que no se especificó en el contrato de alquiler los cambios en la venta de los alimentos que pueden vender.

Fernando Ponzetto.

Los reclamos desde los cantineros ya llevan varios meses. Ferreira había dicho a El País, cuando enviaron la carta a Secundaria, que la venta cayó entre un 60% y 70% en los liceos públicos. También había asegurado que las cantinas no tenían la fortaleza económica como para empezar a cumplir al 100% con la normativa de prohibición de comercialización. Y había reclamado que los estudiantes podían salir del liceo para comprar afuera —sea quiosco, supermercado u otro— todo lo que no encuentran dentro, como golosinas, snacks y refrescos.

En la carta que enviaron a Secundaria apuntaron a que se afecta al sector “comprometiendo la estabilidad económica” de los locales, porque les “significa una mayor inversión en procesos de elaboración, certificaciones, habilitaciones y productos más caros”. Y señalaron que, en última instancia, la normativa repercute en la “calidad de los servicios alimentarios” que ellos pueden “ofrecer a la comunidad educativa”.

Otra de las problemáticas que enfrentan es que trabajan pocos días al mes —calculó que unos 18— debido a paros, ocupaciones, alertas meteorológicas, las olas de gripe, entre otros factores, mencionó Ferreira, y añadió que la “gran mayoría” de los cantineros habla de cerrar sus puertas en octubre.

Por otra parte, Ferreira habló sobre su caso ya que licitó en un liceo que tiene 1.800 alumnos y hoy van entre 600 y 700, según sus cálculos. Por ese motivo, envió una nota a Secundaria pidiendo una rebaja de alquiler —más allá de la que envió la cámara—, la que está en trámite.