Redacción El País
Mediante una carta pública, 81 investigadores expresaron su “profunda preocupación” por el proyecto inmobiliario privado que se planea para Punta Ballena en Maldonado, que incluye la construcción de 29 edificios con 320 apartamentos. Señalaron que “esta urbanización involucra grandes modificaciones físicas y estructurales del área, incluyendo importantes excavaciones para basamento, e infraestructuras sanitarias de grandes dimensiones”.

“Más allá de los impactos ambientales y paisajísticos previstos, se estima también un impacto social por el ingreso y tránsito frecuente de 1.300 personas más, en un área relativamente reducida”, agrega el texto.

En ese sentido, indicaron que Punta Ballena “se caracteriza por poseer un gran número de especies nativas vegetales y animales, las cuales en algunos casos son de distribución geográfica muy limitada e inclusive endémicas” y “representa uno de los últimos relictos de vegetación costera autóctona, ambiente sumamente amenazado y en disminución en nuestro país como consecuencia de la forestación y principalmente el avance de la urbanización”.

También expresaron su preocupación porque la zona “alberga un número importante de especies de invertebrados y vertebrados, tanto terrestres como acuáticos, que han sido declaradas prioritarias para la conservación en Uruguay”.

Además, advierten que “teniendo en cuenta las características y el porte del emprendimiento, tanto durante su construcción como en caso de establecerse, los cambios irreversibles que generará en la estructura de este ecosistema costero impactarán sobre la biodiversidad, causando posiblemente la desaparición de la gran mayoría de las especies”.

“Una costa sana y atractiva para el turismo incluye diversidad de usos en armonía con las funciones ecológicas que valorizan la experiencia de visitantes y residentes. Continuar la urbanización indiscriminada anulando ecosistemas emblemáticos y de importancia ambiental conducirá irremediablemente al empobrecimiento de la oferta turística y la calidad ambiental en toda la zona”, agregan.

Por otra parte, consideran que “la equidad intergeneracional en el acceso a servicios ecosistémicos se verá fuertemente comprometida, es decir que dejaremos a las futuras generaciones una costa debilitada y con menor resiliencia frente a los efectos del cambio climático, por propiciar un negocio inmobiliario”.

Por último, los investigadores sostienen que pueden hacer llegar “material científico” que respalda sus dichos, y solicitaron “se convoque a una audiencia pública al respecto y se detenga el avance de dicho proyecto”.

Entre los investigadores firmantes están la doctora en Ciencias Biológicas Anita Aisenberg, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Omar Defeo, y el docente grado 5 de la Facultad de Ciencias y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Daniel Panario.

Foto: Ricardo Figueredo.

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, informó este viernes que el gobierno accedió a la solicitud de extensión de plazo de la puesta de manifiesto del proyecto. El jueves la cartera recibió 4.000 firmas con ese pedido y Ambiente resolvió “extender el plazo 10 días más”. “Llevamos 9.000 consultas, al día de hoy, lo que amerita a la extensión de plazo para ciudadanos que quieran manifestarse”, expresó el ministro.

Además, Bouvier señaló que se le solicitó una reunión al intendente fernandino, Enrique Antía, a diputados por el departamento y la Junta Departamental de Maldonado.

El jerarca de Estado sostuvo que se están “recabando todas las opiniones” para luego realizar la audiencia pública donde privados expliquen el proyecto. También habrá una evaluación técnica por parte del equipo técnico del ministerio.