Por Pamela Díaz
Carpinchos, ñandúes, ciervos axis, cardenales amarillos, son parte de una lista extensa de animales que se cazan de manera ilegal en Uruguay.

Esto se da por diversos motivos que llevan a que la fiscalización no sea efectiva. Pero uno de los puntos claves, y que depende estrictamente de una decisión política, es que el Ministerio de Ambiente no cuenta con personal inspectivo específico de fauna, y tampoco tiene las capacidades suficientes para el seguimiento de las denuncias.

En Uruguay cazar es legal. Pero eso no significa que la práctica no esté regulada ni tenga limitaciones. La normativa varía de acuerdo a la época del año y, por ejemplo, durante Semana Santa solo se pueden capturar once especies (salvo que se tenga permiso especial para ciervos axis y palomas). El incumplimiento de la normativa puede llevar a la aplicación de multas.

Para el zoólogo Enrique González en el país hay una “cuestión de esquizofrenia social en la cual se niega la realidad, o muchas veces no se conoce”. Y es que, aunque hay una ley de fauna que prohíbe la caza (salvo excepciones), “no se cumple”. En este sentido, el experto indicó que “el 99,9% de la cacería que se realiza está por fuera” de la normativa vigente en el país.

De 2020 a 2022, el Ministerio de Ambiente aplicó 36 multas vinculadas a la caza de especies zoológicas silvestres. En total, la cartera sancionó por unos US$ 50.000 (1.226 unidades reajustables).

La mayor multa que se dio fue por US$ 6.460 (159 UR) en diciembre de 2021. La información provino de la Jefatura de Policía de Paysandú que denunció la situación, y la sanción se aplicó a tres personas por la caza, la tenencia y la comercialización de ciervos, carpinchos y mulitas. También se les incautó instrumentos de caza -incluidas armas- y una embarcación -que después en la resolución final se habilitó a devolver. Dos de los involucrados presentaron un descargo ante el ministerio. Pero se desestimó porque el escrito tenía “varias inconsistencias” que “delatan” que “se faltó a la verdad”, de acuerdo a la resolución.

La segunda de mayor cuantía que se aplicó también ocurrió en diciembre y fue por unos US$ 3.000 (73,5 UR). La resolución, a la que accedió El País a través de un pedido de información pública, indica que se constató la “caza y tenencia de numerosos y variados ejemplares de aves silvestres”.

Hay otras varias con cifras que rondan alrededor de los US$ 528 (13 UR) y US$ 730 (18 UR). Se dieron, por ejemplo, al corroborarse el ingreso para cazar un ñandú en un establecimiento sin autorización, así como por la captación y comercialización de un carpincho, y la caza y tenencia de partes de animales -pieles y cráneos- de cigüeña, garza amarilla, halcón, chajá, lobo marino, león marino y tatú.

Entre las 36 multas que aplicó Ambiente, el departamento donde se registró el mayor número de situaciones es Paysandú, con seis casos. Le siguieron Flores con cuatro; Durazno y Lavalleja, cada una con tres; Florida, Maldonado, Rocha y Tacuarembó tuvieron dos cada una. Por último, se registró solo uno en Río Negro, Salto y Treinta y Tres. Y hay nueve que no tienen una locación definida en el documento.

Esta situación, comentó el zoólogo González, es la “parte visible del iceberg”, que es la “pequeña cantidad de hechos relacionados con la caza que llegan a oídos de las autoridades”.

Y denunció que la “inmensa mayoría” de la Policía, “si no son cazadores, no se dedican a cumplir la ley de fauna”. Por lo tanto, para el experto si esa institución “se aliase con el control de la cacería, tal vez la realidad sería otra”.

“Salvo que estés transportando los animales por carretera o algo por el estilo, muy pocas veces la realización del acto de caza llega a los oídos de las autoridades, la comunidad científica, u otros actores sociales”, añadió.

Foto: Archivo El País

El director nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos, Gerardo Evia, explicó a El País que hoy no tienen personal inspectivo específico para fauna. Y que la capacidad de inspección del Ministerio de Ambiente “prácticamente no existe”. Eventualmente, “sale algún técnico a mirar alguna cosa en particular pero no hay funcionarios en la calle fiscalizando”, graficó. Y agregó que lo que se realiza es en coordinación con la cartera del Interior.

Por su parte, el miembro fundador de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), Mauricio Álvarez, criticó la falta de fiscalizadores en la cartera de Ambiente, y del gobierno en general. Y puntualizó que, en ese marco, “los ojos que recorren y hacen denuncias” son los de la sociedad, sobre todo de las organizaciones, las ONG y “a veces algún particular”.

Caso aparte es la caza in situ, campo adentro, donde las denuncias provienen en “mayor parte” de los “propietarios a los que les invaden la propiedad sin permiso o de algún vecino”.

También criticó cómo respondió el gobierno ante denuncias hechas. Álvarez contó que hubo casos en los que se denunció con el nombre de la persona, el link de la publicación en Facebook donde se comercializa y el número de teléfono, pero que desde el organismo la respuesta que encontró fue que para poder intervenir se necesitaba la dirección física del lugar.

“No puede ser que te exijan que hagas toda la investigación. Es tarea del gobierno”, señaló Álvarez, quien aclaró que en situaciones de mayor importancia, como la denuncia de un cruce ilegal de 300 dorados -como ya les sucedió-, sí hay una intervención.

El director del Ministerio de Ambiente, por su parte, explicó que, ante una denuncia, si cuentan con la “capacidad de ir, se actúa”. Y añadió: “Pero estamos acotados por falta de personal inspectivo. Tratamos de cubrir todo lo que podemos”. Además, en lo que respecta a la práctica legal, les es “muy difícil” ver si las personas cumplen con lo que les permiten los permisos de caza.

En el interior del país, se apoyan en los guardaparques afectados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. “Si están dentro del radio territorial y hay un vehículo, ante una denuncia tratamos de atender todo lo que podemos. Hay una disposición a atenderlas”, remarcó el jerarca.

Sin embargo, menos del 3% del territorio tiene esa categoría. En el 97% restante, puntualizó Evia, es la Policía quien actúa en el cumplimiento de la norma.

Pero el mundo online es un capítulo aparte. El director indicó que con una publicación en Facebook “a veces es difícil” porque hay que hacer el tracking.

Por otra parte, están interactuando con “sistemas de comunicaciones” como Mercadolibre, quienes tienen su propio “sistema de control” de los anuncios que se hacen, contó.