HOTEL EN PUNTA DEL ESTE

El empresario Giuseppe Cipriani debió recurrir a una “fianza” (aval) del Banco de Seguros del Estado (BSE), que le costó US$ 200 mil, para constituir la garantía que el Poder Ejecutivo le exigía de US$ 7,8 millones como contrapartida a la firma del contrato de concesión del nuevo casino San Rafael en Punta del Este.

El italiano firmó el contrato el 28 de enero de este año, luego de haber pedido dos prórrogas para estampar la firma. El acuerdo establecía que se debía constituir esa garantía por U$S 7,8 millones a cargo de la empresa de Cipriani: Fosara.

Esa garantía fue efectuada el jueves 10 de febrero. Sin embargo, en los últimos días, fuentes al tanto del emprendimiento que busca reconstruir el viejo y demolido Hotel San Rafael de Punta del Este, comentaron a El País que en realidad lo que desembolsó el italiano Cipriani fue “una especie de aval” o “seguro de empresa”, y no “la plata viva”, como se le dice en la jerga empresarial al dinero en efectivo.

Esto fue confirmado ayer de noche por los representantes uruguayos de Cipriani. “Es un aval, como el de cualquier banco. Nadie pone plata viva en ningún lado, porque no hay ni dónde ponerla. Es un aval bancario. ¿Qué otra cosa puede hacer una persona en Uruguay si no pone un aval bancario? ¿Qué otra garantía hay?”, dijo a El País uno de los representantes de Cipriani.

Las dudas sobre la reconstrucción del hotel persisten en Maldonado, ya que por el momento no se han visto movimientos para la edificación. El vocero de Cipriani comentó a El País que esto ocurrirá antes de fin de año.

Esas mismas dudas sobre la viabilidad del proyecto estuvieron arriba de la mesa de las autoridades del BSE a la hora de ofrecer el “seguro” o “aval” a Cipriani, al que se le pidieron exigencias muy superiores a las que se les piden al resto de los emprendimientos que gestionan este tipo de servicios con el banco.

El presidente del BSE, José Amorín Batlle, dijo a El País que lo que tramitó Cipriani fue una “fianza de cumplimiento de contrato”. Y catalogó esta como una “operación normal”.

Amorín explicó que la fianza tiene un costo no reembolsable. En este caso fue de algo más de US$ 200 mil, además de pedirle al cliente una hipoteca -en carácter de contragarantía.

La política de riesgo del BSE dice que se le debe pedir un 20% de contragarantía sobre la suma que solicita ser garantizada. En el caso de Cipriani es de US$ 7,8 millones, que es lo que le solicitó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“En este caso de San Rafael, si bien Cipriani hace muchos años que viene a Uruguay y tiene afecto por el país, como el tema fue tan sonado y habían aparecido un par de proyectos distintos, me preguntaron de la administración del BSE qué hacer. Nos reunimos con abogados, con el MEF y con comercial, y la decisión fue que en vez de pedirle un 20% se le pediría un 60% de contragarantía. En su caso estamos hablando de terrenos por unos US$ 4 millones que fueron tasados por personal del banco (además de los US$ 200.000)”, explicó Amorín. Este contrato tiene validez de un año, con posibilidad de volver a ser negociado.

“Nosotros garantizamos el contrato que hace el San Rafael con el Estado. Si llega a tener algunas multas, nosotros aseguramos hasta esos US$ 7,8 millones”, dijo el presidente del BSE.

Para recuperar la plata, en caso de que se necesario, el banco deberá ejecutar las hipotecas de los terrenos por US$ 4 millones, venderlos, y de todos modos disponer del dinero restante que deberá correr por cuenta del BSE.

De todos modos para el BSE es un “buen negocio”, dijo su presidente del banco. “Es un negocio bueno y limpio, que no tiene ningún tipo de inconveniente. Y que cuando lo hice le dije a la gente del banco: abran los ganchos que es un negocio para el banco que tiene que salir bien”, comentó Amorín.

El lunes 14 de marzo los arquitectos de Cipriani presentaron a la Intendencia de Maldonado la tercera maqueta del proyecto para el nuevo San Rafael. Las dos anteriores habían sido desestimadas -una por la junta y otra por ajustes del emprendimiento-, y esta sería la última si así lo aprueba la Junta Departamental de Maldonado. La obra tendría un costo del entorno de los US$ 240.000.000.