SIGUE EL PROYECTO
Un apoderado del empresario italiano se presentó finalmente en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas para firmar el contrato.
El tiempo se terminaba y faltaba una señal clara de Giuseppe Cipriani, en cuanto a su voluntad de seguir adelante con el megaemprendimiento del hotel casino San Rafael. Sin embargo, en la tarde de ayer, un apoderado del empresario se presentó finalmente en la sede del Ministerio de Economía. Allí firmó un contrato por la concesión del casino y se comprometió a depositar una garantía de US$ 7,8 millones en un lapso no mayor a los 10 días.
El italiano ahora deberá presentar su plan a la Intendencia de Maldonado, para finalmente arrancar las obras en el terreno donde fue demolido el viejo San Rafael.
El representante legal de la empresa Fosara S.A (del grupo Cipriani), Pablo Monsuárez, fue quien estampó su firma en el contrato para el casino. Esa concesión comenzará una vez se construya y ponga a funcionar el hotel de lujo San Rafael. Para ello, deberá invertir al menos US$ 160 millones.
Esta es la condición necesaria para entrar en competencia con el actual Hotel Enjoy (exConrad). Es que el pliego de la licitación ya determinaba que para poder construirse un nuevo y similar emprendimiento en esa zona deberá igualarse, o superarse, la inversión que se hizo para el Hotel Enjoy.
Sin embargo, la iniciativa de Cipriani para la primera etapa de la construcción prevé una inversión de US$ 200 millones. El empresario informó en 2019 que en una segunda etapa invertiría otros US$ 200 millones.
En un primer proyecto, que fue descartado, se diseñó una torre de 237 metros de altura, que de edificarse sería la más alta de Uruguay. Hasta ahora el edificio más alto es la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, con 158 metros.
Ese plan fue modificado el año pasado por otra maqueta con dos edificios horizontales que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, describió como “una matraca”. Pero este bosquejo también fue modificado y ahora los arquitectos diseñaron uno nuevo.
Demoras.
La firma del contrato se demoró casi un mes. Se debió haber estampado en diciembre de 2021. Tras dos pedidos de prórroga por parte del empresario, el gobierno le fijó como última fecha el viernes 28 de enero de 2022 (ayer).
Según comentaron fuentes oficiales a El País, el grupo inversor había solicitado un plazo mayor para la firma. Quería hacerlo en marzo. Finalmente, en la tarde de ayer, el abogado de Cipriani puso la rúbrica.
Monsuárez explicó a El País que “se hicieron algunos cambios, pero más que nada técnicos y de redacción” en el documento. Al mismo tiempo, aseguró que no se realizó ninguna modificación grande. “Básicamente está como fue negociado”, afirmó.
Consultado sobre las razones de haber firmado en el último día, respondió que “había cuestiones a resolver desde el punto de vista técnico en el contrato, entre otras cosas”.
“Resueltas las cosas, el inversor decidió seguir adelante, que creo que es lo más importante. Se ratifica que algunos trascendidos quedan por el camino”, dijo Monsuárez.
A pesar de lo expresado por Monsuárez, el representante del Ministerio de Economía, Mauricio Di Lorenzo, dijo en una rueda de prensa que no se realizó ningún tipo de modificación técnica al contrato.
“No hubo renegociación de aspectos técnicos. Para nada. Simplemente ajustamos el contrato a lo que establece el pliego y en ese sentido quedó materializado. (Hubo modificaciones) pequeñas de tono gramatical”, declaró Di Lorenzo.
Las fuentes oficiales, además, dijeron que el trámite de la firma fue protocolar. Los abogados leyeron los documentos, se ajustaron las modificaciones de texto gramaticales y se firmó. En el caso del Poder Ejecutivo las rúbricas las pusieron los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y el de Turismo, Tabaré Viera.
Monsuárez dijo en rueda de prensa con los canales de televisión que se conversó sobre algunas diferencias con las autoridades de gobierno. “No sé si llamarles asperezas… pero sí, claramente había cuestiones que había que dilucidar y que finalmente fueron superadas”, dijo. Luego agregó: “Había diferentes cosas, algunas técnicas propias de un contrato en sí. Más técnico jurídico, digamos. Pero básicamente creo que lo que hay que resaltar es la voluntad de ambas partes de que se concrete el negocio”.