Con los 20 millones de dólares asignados por la Rendición de Cuentas 2023, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) prepara junto a otras reparticiones estatales un plan para que la salud mental y el tratamiento de las adicciones se conviertan en una política de largo plazo. Las claves pasan por mejorar la infraestructura, cambiar los abordajes hacia los pacientes, involucrar a toda la sociedad y generar un cambio cultural.

La gestión pública de la salud mental y adicciones presenta todo tipo de debilidades, y se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. En 2017 el Parlamento aprobó la Ley de Salud Mental que ordena el cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes, excolonias Santín Carlos Rossi y Etchepare, antes de 2025. Pero el director de Salud Mental, Eduardo Katz, adelantó a El País que cumplir con la ley no será posible.

“Se votó una ley sin presupuesto para crear los dispositivos alternativos para atender a los pacientes. Es imposible cumplir en 2025 lo que se ordena, vamos a pedirle al Parlamento que vote una prórroga”, dijo Katz.

Si bien no hay nuevos ingresos, al día de hoy el padrón de las colonias tiene registradas a 443 personas alojadas en forma permanente y a 46 que forman parte de otros programas de atención. Muchos de esos pacientes llevan más de 30 años institucionalizados, han sido abandonados por sus familias, no pueden reinsertarse en la sociedad y tampoco, por la complejidad de sus patologías, ser alojados en residenciales para ancianos.

Pero el propio sistema ha ido creando otras debilidades, como ocurre con el Hospital Vilardebó. Allí hay 317 camas destinadas a tratar personas que llegan con un cuadro agudo y que una vez superado el problema deberían recibir el alta. Pero hay más de 90 camas con pacientes que un día llegaron y nunca más se fueron. “Son personas que fueron atendidas con un trastorno agudo y que por no tener un proyecto de vida los jueces oficiaron que se queden a vivir allí”, explicó Katz.

ASSE ha mantenido reuniones con la Institución de Derechos Humanos y se creó una unidad de trabajo con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y la Suprema Corte de Justicia para buscar una solución.

“Que personas sin un trastorno agudo sean obligadas a vivir en un hospital psiquiátrico es violatorio de los derechos humanos”, afirmó el director de Salud Mental. A esto se suma otro grupo de pacientes que ha cometido delitos y fue declarado inimputable.

“El Vilardebó tiene camas ocupadas en forma inadecuada y no hay lugar para pacientes de agudos, que terminan siendo atendidos en camas rentadas en otros centros de salud”. El Hospital no cumple con las normativas de salud mental previstas, por lo que se está construyendo un anexo al Hospital Pasteur con capacidad para 64 camas. “Queremos que cada hospital tenga su propio sector de salud mental, son obras proyectadas, pero no finalizarán antes de 2025”, detalló.

Pero los problemas no paran allí. La tasa de suicidio en Uruguay es de 23 cada 100.000 habitantes, está concentrada en adolescentes y duplica la media del continente. La tendencia creciente no se revierte.

La salud mental es también determinante en el caso de las personas en situación de calle. Según datos del área de salud mental del Ministerio de Desarrollo Social una de cada tres personas usuarias de refugios presenta problemas de salud mental. Y a esto se suman las adicciones. “Nosotros actuamos cuando el paciente ya tiene un uso problemático de sustancias. Los chicos en Uruguay tienen una baja percepción del riesgo que implica consumir determinadas sustancias a tempranas edades. Es iniciar un camino sin retorno. La marihuana es de riesgo porque puede producir trastornos por ansiedad, brotes psicóticos y ser el inicio de esquizofrenia. Ni que hablar del resto de las drogas. Pero hay algo igualmente grave y de lo que se habla menos, por cada persona que tiene un problema de consumo de pasta base hay diez que lo tienen con el alcohol. Se necesita información y prevención”, explicó Katz.

Katz sostuvo que es necesario un cambio cultural a la hora de gestionar la salud mental y las adicciones.

“El camino es la educación para tener una sociedad más sana. Estamos trabajando con ANEP y con otras organizaciones del Estado. Si invertimos en una gran campaña educativa podemos revertir la situación, pero esto no se soluciona de un día para otro. Es un proceso. Tenemos muchos debes en salud mental. Son décadas de franco deterioro. Debemos involucrar a la mayor cantidad de actores posibles de la sociedad. Hay que sensibilizar, informar y difundir. Con estos tres pilares podemos revertir la tendencia en unos años, tanto en el uso problemático de drogas como con los intentos de autoeliminación. La prevención es la clave”, sostuvo.

Dijo que una de las líneas es capacitar a vectores de la sociedad que con una simple instrucción puede detectar a tiempo cuando una persona tiene un problema de salud mental y así ayudarla. “En otros países se capacita a conductores del transporte o peluqueros, por ejemplo. En Uruguay los encargados de Recursos Humanos en las empresas deben estar capacitados y vamos a promoverlo. Si ven que un trabajador no rinde, que está triste, que cambió sus hábitos, ellos son los primeros en detectarlo. Pueden hablar con la persona y ayudarla dirigiéndola a un servicio de salud y haciendo un seguimiento. Los países que han revertido situaciones como la nuestra han involucrado a toda la sociedad. Es la única manera”, explicó el jerarca.

Katz agregó que la sociedad también tiene un componente machista que debe ser revertido, ya que hace que los hombres no hablen de sus problemas. Ocho de cada diez suicidas son de sexo masculino. “Sigue estando mal visto que un hombre se muestre vulnerable y cuente sus problemas, tanto en el ámbito laboral como familiar, y eso termina de una forma no deseable”, precisó.

A nivel institucional se han creado diversos dispositivos de atención, la mayoría en coordinación con el área de salud mental del Ministerio de Desarrollo Social que tiene una función decisiva en la contención y tratamiento de los pacientes y adictos.

En 2023 el Mides dio respuestas habitacionales especializadas a 385 personas, recibió cien en centros diurnos e hizo seguimiento ambulatorio a 90.

El sábado, en su último discurso ante la Asamblea General, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que en la mañana de ese día una madre le escribió a su celular personal porque su hijo estaba preso en Artigas, se trata de un adicto en recuperación. Según el presidente, la mujer le contó que el joven había salido de la cárcel, reincidió y volvió a quedar preso. “Vaya si será necesaria esa aproximación para tratar las adicciones, que aparte es una compañía de por vida, no se deja de ser adicto. Y por eso es tan importante esa inversión que hicimos y necesariamente debe de ser una política de Estado. No hay que dudar en que hay que invertir, porque estamos salvando vidas”, sostuvo el presidente.

Katz dijo que en sus cuarenta años de ejercicio médico nunca había visto una inversión de tal magnitud para Salud Mental como la que se dispuso en la última Rendición de Cuentas. “El deterioro viene de décadas. Hay una hoja de ruta. Ojalá no se politice, ojalá se continúe en el próximo gobierno y se convierta en una política de Estado”.

Días atrás la Intendencia de Maldonado presentó el resultado de un trabajo realizado con 55 adolescentes del departamento. Se trató de una dinámica en la que participaron otras instituciones públicas y privadas.

Los adolescentes se dividieron en cinco grupos y cada uno de ellos reflexionó sobre dos preguntas: “¿Cómo se sienten hoy? ¿Qué apoyo o recurso conocen?”.

Los resultados reflejan la presión, las incertidumbres, la violencia a la que están expuestos y los miedos que viven esos jóvenes. Conclusiones que a partir de ese grupo testigo bien pueden resumir lo que siente la mayoría de los adolescentes, donde existe una alta tasa de suicidios e intentos de autoeliminación.

A partir de la dinámica propuesta comenzaron a surgir ideas fuerza. En el Grupo 1 fueron “exigencia y estrés”. En el resumen señalaron que sienten que nadie los entiende, sufren la exigencia de los padres por un buen rendimiento académico, esto lleva a la frustración y eventualmente a pensar en dejar los estudios. También se sienten sobrecargados por el cuidado de hermanos pequeños, lamentan la falta de tiempo libre y temen defraudar a la familia.

En el Grupo 2 la idea fuerza fue “amor y violencia” y surgieron temas como los celos y cómo estos pueden llevar a la violencia. Pusieron como ejemplo problemas que se suscitan por la forma de vestir a la hora de ir a un baile y manifestaron su preocupación por tener vínculos tóxicos.

En el Grupo 3 prevaleció “amor y depresión”. Dudas sobre cómo pedir ayuda, si recurrir a los padres y cómo comunicarles si tienen depresión. Destacaron la falta de profesionales de lo psico-social en espacios educativos y la importancia de hablar con sus pares de sus problemas y emociones.

El Grupo 4 también plantó como ideas “violencia y amor”, términos que, según los jóvenes, a veces se confunden. Y no solo la violencia física, sino también la psicológica que está presente en diversos grupos que integran. También señalaron el maltrato, a veces invisible en el interior de sus familias.

Finalmente, en el Grupo 5 la idea fuerza fue “violencia y pedir ayuda”. Allí, los jóvenes analizaron los diversos tipos de violencia a la que se enfrentan a diario, tanto directa como indirecta, en noviazgos tóxicos como a partir de la discriminación sexual o por identidad de género.

“¡Estar alertas! ¡Los adolescentes no nos sentimos escuchados! Pedir ayuda como algo esencial para poder, en primer lugar, salir de la situación antes de ‘explotar’. En situaciones de violencia intrafamiliar: denunciar. Dar una mano. Compartir experiencias para que no se repita en otros espacios. Empatía”, concluyeron los adolescentes.