MEDIDA

“Acá hay una posición política que voy a decir a calzón quitado, aunque sabemos que pueda haber matices desde diferentes ámbitos: si no se cumple con la contraprestación, se va a suspender la asignación familiar del Plan de Equidad”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el lunes ante la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda de la Cámara de Diputados.

El jerarca se refirió así a lo adelantado el domingo por El País, en cuanto a que el gobierno prevé suspender el pago de 11.500 asignaciones correspondientes a menores que no están yendo estudiar -una contraprestación exigida por un decreto del año 2015 del expresidente Tabaré Vázquez, luego de tener diferencias con la entonces ministra Marina Arismendi en cuanto a si se debía exigir que asistieran o no a los centros educativos para cobrar la prestación. .

Según supo El País, de estos 11.500 hay 500 que presentaron en las últimas horas certificado de que están estudiando, y por lo tanto seguirán cobrando. El resto recibirá el dinero en este mes de agosto y le será cortado en setiembre, salvo que se inscriban en escuela, liceo o UTU. Se trata de menores que no han asistido a una institución educativa en todo lo que va del año.

Lema explicó a los legisladores que quienes no están yendo a estudiar “no son necesariamente niños”, y explicó el 77% de los jóvenes que están en esta situación tienen más de 13 años. En este sentido, se puede decir que hay más de 2.500 menores en edad escolar que no están asistiendo a clases.

“Exigiremos la contraprestación. Lo hacemos pensando en esos chicos, porque tenemos que generar todo que esté a nuestro alcance para que efectivamente vayan a los centros de estudios. La pregunta que se podría hacer es: ¿Ustedes van a tener una postura proactiva para que vayan a los centros educativos? La respuesta es que sí. Ya empezamos a hacer advertencias y estamos viendo una forma de hacer notificaciones proactivas para que cuánto antes regularicen” su situación, añadió Lema en el Parlamento.

El Banco de Previsión Social (BSP) es quien está encargado de advertir a los adultos sobre la necesidad de enviar a los menores a los centros de estudio, y de además señalarles que si no lo hacen ya no cobrarán la prestación. También el Mides trabaja con distintas organizaciones barriales para que vayan a buscar a estos jóvenes. El decreto de Vázquez ya advertía que el Estado se debe hacer cargo de ir por estos para que no abandonen sus estudios.