CONTINÚA LA POLÉMICA

Continúan las fuertes críticas a la flexibilización de la normativa referente a los cigarrillosque resolvió el gobierno. El decreto, que firmó el presidente Luis Lacalle Pou a principios de setiembre y que habilita el empaquetado blando de cigarrillos y el uso de distintos elementos distintivos, generó rechazo desde su publicación y a medida que pasan los días surgen nuevas voces en oposición.

Las modificaciones en el marco normativo las impulsó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ha pedido de la tabacalera Montepaz. Tiene dentro de sus propósitos el combatir el contrabando, según el gobierno, que fijó multas al comercio ilícito.

Ayer, un panel internacional de expertos debatió si “Uruguay retrocede en sus políticas antitabaco” a partir del decreto. Todos los especialistas coincidieron en que Uruguay está incumpliendo un tratado internacional, el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto podría enfrentarse a consecuencias legales si el gobierno no anula el decreto.

Y no fueron los únicos que se pronunciaron en contra ayer. Rafael Radi y Henry Cohen -integraron el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), creado por el covid-19- dieron su respaldo al comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), que rechazó lo que consideran una flexibilización de la política antitabaco.

El martes pasado, la Facultad de Medicina pidió en una carta abierta que se revoque el decreto. En la misiva, dirigida a Lacalle Pou, le recordó al mandatario que la institución forma parte de la Interinstitucional asesora de Control de Tabaco, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, y subrayó que no se le consultó.

Ayer, Cohen, en relación a la carta de la Facultad de Medicina y ante la consulta sobre su posición al respecto del decreto, declaró: “Como integrantes de la Comisión Científica Asesora del Colegio Médico del Uruguay, hacemos nuestras las expresiones que allí transmitieron, que fueron moderadas y basadas en la evidencia científica”.

Por su parte, Radi recordó que también el Colegio Médico se manifestó en contra de los cambios dispuestos en la normativa. Su presidenta, Lucía Delgado, publicó en su cuenta de Twitter que los cambios son “otro retroceso en el control del tabaco”. Sucedió el 6 de marzo, después de que se hiciera público el decreto del MIEM.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, es uno de los candidatos a presidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En ese marco, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró el jerarca cabildante “ni siquiera lo firmó” el decreto. Por lo que entiende que no debería “afectar en lo más mínimo” sus posibilidades para estar al frente del organismo internacional.

Y añadió, en diálogo con radio Montecarlo: “Es un decreto que se origina en el Ministerio de Industria por un tema más que nada económico, comercial y contrabando, etcétera. No tiene origen en el Ministerio de Salud Pública”.

A su vez, Manini Ríos valoró el trabajo de su compañero de partido al frente de la cartera, donde “ratificó las políticas antitabaco que Uruguay viene aplicando desde hace varios años, de las mejores políticas que han llevado adelante las administraciones frenteamplistas”.

Cuando se le preguntó si Salinas recibió una consulta por el gobierno antes de que se aprobara este decreto, Manini respondió que el ministro “ni siquiera estaba en el país”.

La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó ayer de tarde un recurso administrativo para revocar el decreto en cuestión, informó a El País Beatriz Goja, integrante de la comisión directiva de la organización.

En un comunicado, la SUT aseguró que los cambios implican una “regresión en la política de control de tabaco”. Además, “debilita la medida del empaquetado neutro, ya que permite agregar en su interior o en el filtro logos, rasgos de diseño, o la colocación de elementos engañosos como nombres de sabores, elementos para identificar cápsulas con saborizantes, etc. que puedan hacer más atractivos los productos o sugerir que son menos dañinos. Con estas modificaciones, el empaquetado neutro pierde efectividad en su objetivo de desestimular el consumo de tabaco”, añadió.

“El licenciamento, la trazabilidad y otras medidas del Protocolo son efectivas para combatir el contrabando. Esto aumentaría la recaudación fiscal, que podría volcarse al tratamiento de las enfermedades tabacodependientes y a los programas de cesación tabaquismo”, sumó.

El presidente de la Asociación de Kioscos del Uruguay, Claudio Orrego, remarcó en diálogo con El País que, de efectuarse el licenciamiento de lugares autorizados para la venta de tabacos, que prevé el Gobierno, “se va a favorecer el contrabando”. El comerciante destacó que el principal factor que hay en juego es la diferencia de precios entre los cigarrillos legales e los ilegales, que en algunos casos llegan a costar, según aseguró, hasta seis veces menos.

“Ya le anticipo lo que va a pasar: las regulaciones a rajatabla son para los kiosqueros y pequeños comerciantes. Si no tenés un permiso, que te debe salir (dinero) y si no cumplís te van a meter una multa y te van a matar; eso hace que genere más contrabando porque lo que va a pasar es que menos gente va a querer vender”, estimó Orrego. El presidente de la asociación dijo que por el momento no se sabe cómo se instrumentaría ese sistema de licencias, pero estima que “no va a ser barato, no va a ser fácil”.

Esto, bajo el entendido de que si los comerciantes no obtienen la habilitación para la venta, “entonces la gente va a empezar a encontrar una solución en el mercado negro, en el comercio de la esquina”.