Un emprendimiento polémico

El Tribunal de Cuentas observó el gasto por “componentes ambientales”.

La secretaría de Presidencia de la República confirmó este mes la vigencia del decreto del Poder Ejecutivo de septiembre de 2013 que establece a favor de OSE una reserva de agua del Arroyo Solís Chico en donde podrá construirse una obra hidráulica de embalse de aguas de dominio público, de escurrimiento superficial. De este modo, sería posible asegurar el agua potable para los balnearios que se "resecan" en el verano, desde Costa Azul hasta Jaureguiberry, en tiempos en que la Laguna del Cisne no está dando abasto y debe bombearse agua desde Montevideo.

La respuesta oficial fue emitida ante un pedido realizado por el abogado César Masina, representante de miles de vecinos de Canelones que se oponen a la creación en esa zona de un megabasurero o depósito final de los residuos que terminaría con el sueño del embalse.

También se conoce ahora que en sesión de octubre de este año el Tribunal de Cuentas observó el gasto que exigirá la construcción de la usina de basura, entre otras razones por elementos vinculados al factor "componente ambiental". El organismo estatal recordó en sus Considerandos que deberá darse cumplimiento a las normas constitucionales y legales que refieren precisamente a los aspectos medio ambientales y al ordenamiento territorial.

Como explicó en estos días el doctor Masina a los vecinos, queda aún pendiente la comparecencia de OSE ante la Comisión de Diputados de Medio Ambiente para conocer si sigue en pie su voluntad de crear el embalse que tantos balnearios están requiriendo.

Un mes atrás, el 9 de octubre, en representación de los vecinos reunidos en defensa del arroyo Solís Chico, preocupados ante la resolución de la Intendencia de Canelones de adjudicar las obras después de una licitación pública internacional de agosto de 2017, la arquitecta Noel Gortari manifestó en la Junta de ese departamento que nadie puede dudar acerca de la necesidad de un nuevo vertedero, de una planta de tratamiento de residuos sólidos, ya que el de Cañada Grande aparece colapsado, con su ciclo cumplido. Pero agregó la inconveniencia mayúscula de ubicarlo en el polígono de 110 kilómetros cuadrados, al norte de la Ruta 8, al este de la Ruta 11, siguiendo la costa del arroyo Mosquito y a seis kilómetros de la Ruta 8.

Asimismo, expresó la falta de previsión desde el punto de vista del ordenamiento territorial para la localización de este emprendimiento y de un análisis de todas las variables de afectación del medio ambiente.

En cuanto a las respuestas obtenidas de parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la arquitecta Gortari dijo que oficialmente, el 3 de octubre, el ingeniero Nario dijo en el Parlamento "que la Dinama no había realizado estudios preliminares de localización con la Intendencia. No hay estudios de planeamiento territorial previos en función de los cuales se hubiera evaluado qué impacto tendría esa actividad en una localización específica".

Los dos predios en donde se planea erigir el vertedero tienen costa sobre el arroyo Solís Chico, en una de las zonas menos contaminadas del departamento, según los propios instrumentos de la Secretaría de Planificación de la Intendencia.

En cuanto a los criterios de exclusión para ese tipo de obras destinadas a la disposición final de los residuos, hasta ahora sin embargo solo se maneja a nivel oficial una recomendación internacional, puesto que Uruguay no tiene aún normas obligatorias.

En el mundo se considera que un relleno sanitario, es decir un terreno en donde se tapan diariamente los residuos para evitar la emisión de olores y que vuelen los desechos livianos, no debe estar a menos de 5.000 metros de una toma de agua superficial o subterránea; a menos de 3.000 metros de un centro poblado ni a menos de 5.000 metros de un centro educativo. Pero más allá de estas exigencias, que no se cumplirían a carta cabal en el nuevo vertedero, la objeción más fuerte surge de respuestas de la Dinagua en una reunión de comisiones de Cuencas del Río de la Plata y Frente Marítimo.

En esa oportunidad se sostuvo que la localización del embalse para el aprovisionamiento de agua potable a los balnearios está prevista exactamente en los predios donde se plantea hacer el relleno sanitario.

Este sitio de disposición final que se está proyectando para Canelones recibirá por mes 535 toneladas de residuos domiciliario, 30 toneladas de residuos de obras civiles de construcción y 5 toneladas de residuos asimilables no tóxicos industriales.

Se estima que la mezcla de residuos orgánicos con residuos no deseados, sin clasificar, aumentará los riesgos de fugas y contaminación. Hoy en Canelones, en donde se arrojan 16.070 toneladas de residuos sólidos urbanos al mes, solo se recicla 167 toneladas, alrededor del 1 %.

La arquitecta Gortari agregó que el suelo elegido, futura fuente de agua potable, no es adecuado tampoco "porque tiene una estructura geológica fragmentada y porque las napas, en algunos puntos, están apenas a 40 centímetros de la superficie", como indica un relevamiento de una de las empresas que integra el consorcio que hará la obra. Otra contra advertida es el carácter inundable de esas tierras.

Hasta ahora OSE ha manifestado a los vecinos de los balnearios afectados que mantiene interés sobre la reserva de agua y que no ha recibido consultas en relación al establecimiento de un vertedero de basura en los predios de Soca, en donde se haría el embalse, ni de parte de la Intendencia de Canelones ni tampoco de la Dinama.

La Intendencia de Canelones definió al Solís Chico como un "corredor biológico". El arroyo está en una zona considerada por las autoridades canarias como de "protección ambiental". Además, es el arroyo menos contaminado de ese departamento.

Como informó Qué Pasa de El País en agosto de este año, hoy la Intendencia de Canelones paga entre US$ 6 y US$ 7 por cada una de las 450 toneladas diarias de basura que llegan al vertedero de Cañada Grande. En la próxima planta, que esperan esté operativa a fines de 2019, se gastarán US$ 23 por tonelada, casi cuatro veces más. Eso supone más de US$ 300.000 mensuales. El presupuesto actual no lo prevé, pero como el contrato se extenderá por 22 años, el proyecto se discutió en la Junta Departamental. El 20 de abril de 2017 se aprobó con apoyo de todos los partidos.

Para el arquitecto Pablo Ligrone, grado cinco en urbanismo y director académico de la maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la Universidad de la República, la Intendencia de Canelones está violando el artículo 47 de la Constitución, que protege el agua y el medio ambiente. Además omitió una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), prevista en la ley de ordenamiento territorial, de 2008.

Mientras Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, ha prometido que se notificará a "todos los organismos involucrados", entre ellos OSE, para que puedan expresar reclamos, Alfonso Lereté, director de AFE, apoya a los vecinos demandantes y dice que mucho de lo anunciado con el proyecto del vertedero no se cumplirá, por ejemplo una planta de reciclaje que revalorizaría lo recolectado y otra de biogás.