SITUACIÓN

Algunos deudores en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) reclaman desde hace años una solución a una situación desesperante: el pago de préstamos para vivienda a largo plazo se les hizo cuesta arriba. Ahora Presidencia y el Ministerio de Economía analizan una propuesta que, según dijeron fuentes del gobierno a El País, no verá la luz hasta después de que termine la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas. Pero hay algo que ya estaría claro: la respuesta vendría desde el Poder Ejecutivo y no del Parlamento, donde hay tres proyectos de ley sobre el tema.

Fuentes parlamentarias contaron a El País que la propuesta del Ejecutivo es tasar las propiedades de los deudores y cobrar en función de sus nuevos valores. Desde el gobierno confirmaron que esta es una de las alternativas, pero añadieron que hay otras, las que no quisieron adelantar. Además, dijeron que se han hecho modificaciones al plan en los últimos tiempos porque desde Torre Ejecutiva se pidió a la cartera de Economía que se abarque a la mayor cantidad de gente posible.

El senador blanco Sergio Botana entiende que ese plan que evalúa el gobierno tiene un punto negativo: “Castiga al que mantuvo el valor de la propiedad y beneficia al desordenado, al que dejó que perdiera valor. Ese no es un buen mensaje”. Además, indicó que con el senador Carlos Camy, con quien presentaron uno de los proyectos de ley para solucionar el problema de estos deudores, mantienen la “firmeza para ir adelante” con su propuesta (ver aparte). Además, dijo, están “muy disgustados”, porque “se prometió respaldo y, al final, prima el interés de un organismo que le ha cobrado dos o tres veces la vivienda a la gente”.

Un grupo de deudores se reunió el 4 de abril con el presidente Luis Lacalle Pou. Este les prometió una respuesta en cuatro meses, pero todavía el plan no fue comunicado. Rosemarie Rosas, integrante del colectivo, interceptó al mandatario el martes durante su visita a Fray Bentos. Allí Lacalle le aseguró que la solución que tiene “no alcanza a todos los deudores”, y aclaró que no sabía si iba a ser “satisfactorio de todo lo que quieren”. Ahora están a la espera de una reunión con el director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco, que será el 6 de octubre.

Una de las deudoras del BHU es Gimena, que aseguró que “hasta ahora se ha podido mantener a flote”, pero que su cuota “se ha disparado” por el aumento que tuvo la UR en los últimos 15 años. Ella entiende que los intereses son “altísimos”. En este momento paga 21 UR, unos $ 31.227, situación que consideró “insostenible”. Y aclaró que en su caso no tuvo aún que refinanciar, por lo que no es de los más graves. Al momento de tomar el préstamo, tenía que hacer un pago inicial de US$ 15.000. Como no los tenía, los incluyó dentro de la deuda total y se pasó los siguientes 16 años pagando ese monto. Recién en 2016 comenzó a pagar el resto de la deuda. Aún le quedan por devolver unas 2.200 UR, que serían alrededor de $ 3.271.400.

Otro caso es el de un deudor jubilado de Maldonado, que en 1986 acordó pagar 3.700 UR, unos $ 5.501.900. Según relató, al día de hoy pagó $ 9.881.115, tiene dos colgamentos y la casa todavía no es suya.

La presidenta del BHU, Casilda Echeverría, rechazó los tres proyectos que están a estudio en el Parlamento, el de Botana y Camy, otro del colorado Germán Coutinho y el tercero de los cabildantes Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech.

Echeverría aseguró que tiene el “deber de cuidar” lo que le “dieron para administrar”, algo que, dijo, hace con “responsabilidad”. No obstante, indicó que, si sale alguna ley, la va a acatar. Aunque añadió: “Pero después no me vengan a decir que se fundió el BHU y me lo enrostren a mí. El banco se financia, en gran medida, con lo que devuelven los deudores. Entonces, si no lo hacen, tengo menos dinero para entregar”.

La presidenta del banco continuó explicando que el Banco Central es el que marca las reglas del BHU, y precisó que necesitan “tener valores mínimos de patrimonio respecto a los créditos” que pueden dar. Agregó que si el banco no cumple con este requisito le podrían sacar la habilitación, y preguntó: “¿Vale la pena regalarle a unos cuantos la mitad de la casa y que después el uruguayo medio no tenga acceso al BHU?”.

El proyecto de ley de los senadores Sergio Botana y Carlos Camy, ambos del Partido Nacional, fue el último en presentarse de los tres que están a estudio en el Parlamento. Una de las cosas que proponen es “congelar la deuda en pesos a la fecha de la aprobación del proyecto”, contó Botana a El País. Y tiene como objetivo que la “gente siga haciendo sus pagos en UR hasta liquidar su saldo, que no va a tener actualizaciónes”. Otro de los puntos del proyecto señala que, “transcurridos 120 pagos del saldo que quede”, se extingue la deuda restante, es decir, se la perdona.

Botana explicó a El País que es un “proyecto que no pretende hacer Justicia sino terminar con la desesperación que tiene gente que hace 25 años contrató un crédito y paga un alquiler caro con la esperanza de ser propietario. Estas personas hoy se encuentran con una deuda mayor a la original después de haber cumplido con todos sus pagos sin atrasarse” .

Y añadió: “El BHU está en condiciones financieras de hacer la operación. Las gananancias obtenidas se lo permiten, y se diluyen en el tiempo las consecuencias negativas para el banco”.