Dos acciones judiciales en Maldonado

Por la intermediación en el proceso de venta del hotel al inversor Cipriani.

La firma Vanalend Sociedad Anónima radicará en los estrados judiciales de Maldonado una demanda por más de tres millones de dólares contra la empresa propietaria del hotel San Rafael y los predios que conforman la manzana 815 de la ciudad de Punta del Este.

Vanalend S.A. es una firma que trabaja en el ámbito de la intermediación inmobiliaria. Según su testimonio, la empresa demandada no cumplió con lo acordado previamente para su actuación en la venta del predio de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

El pasado 26 de junio se cumplió una audiencia de conciliación, de la que participaron ambas partes representadas por sus abogados, según constató El País en la propia sede judicial.

"La audiencia quedó a medias por un tema de poderes", explicó el abogado Daniel Burgos, asesor legal de la firma demandante. Por la demandada concurrió el representante Leonardo Costa.

Una vez cumplido este proceso, Vanalend S.A. presentará una acción por daños y perjuicios contra la histórica propietaria del antiguo hotel.

Según la acción judicial, la firma Fosara S.A. debe a la demandante el equivalente al 6 por ciento de los 55 millones de dólares por la intermediación exclusiva que llevó adelante para la venta del complejo a un inversor extranjero.

Fosara S.A. tiene un acuerdo de venta de la tierra con el empresario italiano Giuseppe Cipriani, que se concretará siempre y cuando el proyecto del arquitecto Rafael Viñoly sea autorizado. En caso contrario, Cipriani no está interesado en la compra de la manzana.

De acuerdo a la empresa Vanalend S.A., ambas partes habían aceptado trabajar de forma conjunta para colocar el complejo a un grupo inversor brasileño. Cuando debería haber comenzado con el due dillengence, la firma demandada se hizo a un costado. A los pocos días se conoció el desembarco del grupo Cipriani y la firma del acuerdo para la construcción del complejo "Casa Cipriani San Rafael".

La firma propietaria aceptó, según los demandantes, que ésta se hiciera cargo de la venta del complejo.

Cipriani se comprometió a pagar 50 millones de dólares por los 12 predios de la manzana 815, cuya superficie total es de 25.195 m2.

Uno de los terrenos, frentista a la calle Valparaíso, es propiedad municipal. Tiene una superficie de 1.389 metros cuadrados y fue tasado en US$ 1.600.000, suma que deberá ser consignada por Cipriani.

"Este predio si bien es propiedad pública siempre estuvo integrado al jardín del hotel San Rafael. Nunca estuvo librado al uso público. Hay fotos de 1949 donde ese terreno estaba integrado al resto", explicó el director general de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, arquitecto Roberto Chiacchio.

Por su parte, la directora general de Urbanismo, arquitecta Soledad Laguarda, dijo que en el predio se levantará parte de la estructura de servicios del complejo, y que allí estará la puerta del casino privado. Además, el terreno albergará otros aspectos comerciales de la propuesta.

El expediente con el pedido de anuencia para dar el permiso de construcción, remitido por el intendente Enrique Antía, se encuentra a estudio de la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado.

El presidente del legislativo comunal dijo a El País que la aprobación del expediente por el plenario no demorará más de 15 días. Luego, el expediente será remitido otra vez al Ejecutivo departamental.

El empresario Francisco Giménez llamó a conciliación al intendente de Maldonado, Enrique Antía, como paso previo a la presentación de una demanda civil por 950 mil dólares por daños y perjuicios. La audiencia fue fijada para el próximo 31 de julio, dijo Giménez a El País.

"Paco" Giménez fue edil blanco y en la primera administración de Antía (2000-2005) estuvo al frente de la Oficina de Inversiones de la Intendencia. Poco después, Antía, ante presiones del entonces senador Wilson Sanabria, lo despidió. Giménez y otro empresario fueron procesados con prisión imputados de un delito de estafa en reiteración real con otro delito de usurpación. La causa fue iniciada por los propietarios de un predio de 43 hectáreas en la zona rural de José Ignacio. Empero, un tribunal de apelaciones anuló las actuaciones en primera instancia y declaró a Giménez inocente de todos los cargos. En el momento de su ingreso a la cárcel, Giménez se desempeñaba, además, como cónsul honorario de Brasil para los departamentos de Maldonado y Rocha.

"El día que yo entré a la cárcel el intendente Antía le dijo a un periodista: Giménez es un chanta y cuando me di cuenta quién era, lo eché, explicó el demandante.