PARADOR DE POCITOS

La Junta Departamental de Montevideo tiene a estudio el proyecto de decreto enviado por la Intendencia de Montevideo para rescindirle de forma anticipada el contrato a la empresa Afacor S.A., concesionaria del parador Kibón de Pocitos desde hace siete años.

Tras firmar el acuerdo de rescisión, la firma continuará ocupando el local en carácter “precario” durante diez meses. Esto significa que durante ese plazo no pagará el canon a la Intendencia. A su vez, la comuna pretende que la rescisión opere a partir del 28 de febrero de este año, cuando se acordó en la división Desarrollo Económico poner fin al contrato de partes. También se le condonará a la empresa una deuda que alcanza al 60% del canon de todo el período 2018 y enero y febrero de 2019 (14 meses).

Esto ocurre después que Afacor S.A. alegara un incumplimiento de parte de la Intendencia en cuanto a lograr la reubicación de la terminal de ómnibus que se encuentra junto al parador. Y que amenazara con iniciarle un juicio a la administración de Christian Di Candia, varias veces millonario en dólares.

Pero la terminal de ómnibus no fue el único motivo por el cual la empresa terminó intimando a la comuna.

Según un primer petitorio de conciliación presentado por Afacor S.A. en la Justicia, el entorno de Kibón se transformó en “un lugar en el que se concentran cientos de personas los días en que más eventos y comensales se preveía tener, con música a todo volumen y circulando a altísimas velocidades”.

“Pese a lo notorio de todo esto, los controles de la IMM brillan por su ausencia, lo que de alguna forma ha legitimado esa situación y convertido el lugar en el ‘punto de encuentro’ de los vehículos ‘tuneados’ (…). Todo esto se generó por la negligencia y desidia de la Administración Pública, omisa en el cumplimiento de sus deberes contractuales (emanados de la licitación adjudicada a nuestra empresa) y de sus deberes genéricos de policía de tránsito, orden y seguridad ciudadana”, agrega el documento en poder de El País.

El escrito agrega que la empresa transnacional “Moby Dick” se había interesado en una cesión parcial de la concesión (prevista como admisible en el contrato de concesión), para instalar al menos uno de los dos restaurantes previstos en el proyecto de Afacor S.A.; “obviamente, el del ala oeste, no el que da hacia el bellísimo panorama que nos brindan hoy la terminal de buses y el carrito de choripanes”.

Según la concesionaria, “esta empresa posee una clientela internacional de altísimo nivel”, lo que “hubiera permitido descargar a Afacor S.A. de la mayor parte del canon, habilitándola para ponerse en condiciones de pagar el resto y comenzar a recuperar la fuerte inversión realizada en obras”.

“Como es de público conocimiento, y existen múltiples denuncias de ciudadanos que lo avalan, en las inmediaciones de Kibón se reúnen principalmente los días viernes y sábados en horas de la noche (los días claves para la explotación del inmueble), cientos de individuos que concurren en sus autos acondicionados para carreras callejeras y con dispositivos de audio de gran porte, concentrándose en el estacionamiento que se encuentra al lado del edificio, con la música a todo volumen, generando de esta forma ruidos muy por encima de los niveles permitidos en la vía pública”, agrega el escrito judicial.

La empresa también advierte por la peligrosidad de estas actividades callejeras: “Estos mismos individuos provocan ruidos con los motores de sus autos al correr carreras entre sí, en la calle que pasa por frente a Kibón. Generan de esta forma no solo ruidos molestos, sino sensación de peligro (en verdad, mucho más que una mera “sensación”) en cualquier interesado a transformarse en cliente de Kibón que pretenda acercarse, sea caminando como en automóvil”.

Edil Diego Rodríguez: “Otra licitación que pagamos todos”

El escrito judicial en el que originalmente se planteó una instancia de conciliación entre la empresa Afacor S.A. y la Intendencia llegó al despacho del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón. El legislador de la lista 404 dijo a El País que el “fracaso” de otra licitación de la Intendencia “lo terminarán pagando como siempre los montevideanos”.

Según Rodríguez Salomón, la administración de Daniel Martínez primero y de Christian Di Candia después ha estado “omisa” con respecto a los controles que deberían hacerse en la zona de Kibón. El edil entiende que la comuna podría utilizar sus cuerpos inspectivos para poner orden en la zona.

“La rambla es el paseo más familiar y democrático de la capital. Por eso, no se puede permitir que se hagan carreras, o que haya vehículos con sus puertas abiertas y la música a todo volumen”, indicó. “Pero bueno, todos tenemos la sensación de que cuando la IMM saca sus inspectores a la calle es solo para multar y no para controlar. También se comprometió con la empresa a quitar la terminal de ómnibus. Es otra promesa incumplida del FA”, concluyó Rodríguez Salomón.