Redacción El País
Pese a las críticas históricas sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), un informe publicado este mes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) concluyó que “en líneas generales los derechos fundamentales básicamente son garantizados por los centros, aunque se presentan debilidades, deficiencias para su cabal cumplimiento en algunos de ellos”.

El informe de la Inddhh, actuando como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), lleva por nombre “Centros de Alta Seguridad del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Análisis desde el enfoque de prevención de la tortura y otros malos tratos”, e incluye recomendaciones.

Se tomó en cuenta el “monitoreo general”, de nueve visitas “no anunciadas”, entre febrero y setiembre de 2023, a cuatro centros: Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI), de Montevideo; los centros Las Piedras y Sarandí, de Colonia Berro, en Canelones; y el centro de Mayores de Dieciocho (ex CMD), que tras un incendio en febrero “se trasladó a centros en Montevideo”.

En el informe, de 25 páginas, se marcó que “los hallazgos más relevantes dan cuenta de avances y dificultades en los centros de alta seguridad”, que son los más complejos. Por un lado, adolescentes y funcionarios, “hicieron referencia a una alimentación variada, disponible y suficiente”.

Respecto a la higiene, “en todos los centros se visualizaron condiciones adecuadas y acceso suficiente a materiales de limpieza”. Mientras que el acceso a la ropa personal como ropa de cama, “se relata como suficiente en todos los centros”.

“El acceso a la atención en salud física y mental es adecuado para los adolescentes privados de libertad en centros de alta seguridad”, pese a que “se debe continuar trabajando”, acotó Inddhh.

En relación a la educación formal y no formal “se valora la presencia diaria de docentes (maestras, profesores, talleristas)”, que permite “el aumento de las actividades educativas y por consiguiente menos horas de encierro”.

Respecto a la cantidad de adolescentes en relación con las plazas reales, “todos los centros indican estar casi al límite de su capacidad”. Esto no solo por la cantidad de camas disponibles, sino por la cantidad de funcionarios para asegurar un “buen funcionamiento”. Por ello, “todos los centros se están cubriendo los turnos con horas extras, debido a que el personal es insuficiente”.

Por otro lado, “las condiciones edilicias de infraestructura deficientes de los centros es una preocupación que el MNP viene señalando desde hace años”. En baños y duchas de la “mayoría” de centros, se requieren reformas “que garanticen el acceso a agua caliente en todas sus duchas”.

Otro aspecto señalado es que “todos los centros cuentan con al menos un profesional de Psicología en trato directo con los adolescentes”. Y la asistencia transcurre en espacios “donde la confidencialidad está garantizada”.

Los jóvenes “tienen contacto regular con sus defensores y jueces en lugares apropiados, donde se garantiza la privacidad, confidencialidad y respeto”, cuando son encuentros presenciales.

En cuanto al vínculo de los jóvenes con su familia “está garantizado y se promueve desde los centros a través de las visitas, las llamadas y/o videollamadas, y compra de pasajes para familias del Interior”, acotó el informe.