Redacción El País
El gobierno de Giorgia Meloni restringió el pasado viernes las condiciones de naturalización por derecho de sangre para obtener la ciudadanía italiana. Esto implica que a partir de la aprobación del decreto, se limita la posibilidad a dos generaciones, una medida que afecta a los descendientes de emigrantes en países de América Latina.

"Son medidas intempestivas, no se comprende la urgencia. Está considerado como un tema de seguridad nacional y se plantean en el texto temas como ‘factor de riesgo grave’ y hace mención a ‘armonizar criterios con los socios europeos’", dijo a El País Aldo Lamorte, integrante del Consejo General de los Italianos en el Extranjero (CGIE).

Según detalló Lamorte, desde el gobierno italiano se venía analizando desde hacía un tiempo la cuestión "de que había un problema administrativo de que no se daba a basto", pero nunca imaginaron desde el CGIE "que la solución sea recortar derechos". Además, lamentó que órganos de consulta como el Consejo que integra "no fuera consultado" antes de firmar el decreto.

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Lamorte apuntó que tras el decreto, firmado el viernes, hubo "desconcierto incluso en la Embajada", al no saber qué medidas tomar con las personas que tenían cita fijada para iniciar el trámite de ciudadanía.

"Recién el lunes la Embajada sacó un comunicado diciendo que, en consecuencia al decreto, las citas de la presentación de documentación quedaban suspendidas", indicó.

Según apuntó el consejero, este decreto ahora pasará al Parlamento italiano, por lo que hay 60 días para dialogar propuestas para modificar la nueva ley.

"Hay personas en todos los partidos que entienden que es un daño a Italia y a todos los que con amor y respeto trabajan en mantener sus raíces", apuntó Lamorte y aseguró que ya está dialogando con legisladores para "ver el mecanismo más adecuado para modificar estas normas drásticas".

Se requiere a partir de ahora tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la ciudadanía, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la "Ius sanguinis" adoptada en el consejo de ministros.

"El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana", aseguró el jefe de la diplomacia italiana Antonio Tajani, luego del consejo de ministros.

"Pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la comercialización de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser una cosa seria", agregó.

Foto: Pxhere.

Según un cálculo del ministerio italiano de Relaciones exteriores, con la ley que estaba en vigor hasta ahora, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.

Alessandra Crugnola, jefa de la cancillería consular italiana en Uruguay, había explicado a El País en un informe anterior que se calcula que el "40% de la población uruguaya" tiene "algún tipo de ascendencia italiana". "Con una población de 3,5 millones, eso equivale más o menos a 1,5 millones. Dentro de esos, no todos están interesados en hacer el trámite, pero por lo menos hay 500.000 que están activamente intentándolo", había planteado.

Desde el 1 de enero de 2025 aumentó de 300 euros a 600 euros de la tasa consular que los adultos deberán pagar por la presentación de la solicitud de reconocimiento de la ciudadanía jure sanguinis en las oficinas diplomático-consulares.