DEBATE

Dos proyectos de ley que pretenden legalizar la eutanasiaconvivían en el Parlamento: uno del diputado colorado Ope Pasquet y otro del Frente Amplio. Después de un trabajo en conjunto, ayer ingresó a la Cámara de Diputados una iniciativa que unifica ambas propuestas. Este nuevo impulso al tema también reactivó las críticas de quienes se oponen, en especial el blanco Rodrigo Goñi.

De todos modos, su tratamiento no será inmediato ya que los diputados están abocados al tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Por lo tanto, tendrán que esperar varias semanas. El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, auguró que la intención es que se apruebe en la primera quincena de octubre.

Pasquet, por su parte, precisó ayer a Subrayado (Canal 10) que el proyecto fue firmado por varios legisladores del Partido Colorado. Hubo apoyos de miembros del sector Ciudadanos y del diputado Marne Osorio, del sector Batllista. También recibió el respaldo del diputado Iván Posada, del Partido Independiente.

Ahora, ¿qué dice el proyecto? El primer artículo crea el “derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir”. Es una característica que venía de la propuesta del Frente Amplio, explicó Gallo. La iniciativa de Pasquet centraba la “eutanasia en la despenalización del acto médico”, mientras que la de la coalición de izquierda planteaba el “derecho a la persona a decidir, bajo determinadas circunstancias, cuál es el fin de su vida”, comentó.

Entonces, como se innova en el derecho a recibir asistencia para morir, es necesario crear la prestación, indicó Gallo. El proyecto obliga a las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, tanto públicas como privadas, a que brinden esta posibilidad. Asimismo, establece que los lugares con estatutos que “contengan definiciones de carácter filosófico o religioso incompatibles con la práctica de la eutanasia, podrán acordar” con otras instituciones para que “se hagan cargo de la prestación del servicio a sus usuarios”, dice el articulado.

Otro punto importante es que se introduce la posibilidad de que los médicos y personal de la salud opten por la objeción de conciencia para negarse a prestar el servicio. En ese sentido, Gallo comentó: “Aquella persona que no quiera o no pueda por problemas filosóficos, religiosos o morales, tomar la decisión o participar del acto, tiene la libertad de no hacerlo”.

Goñi entiende que el nuevo proyecto es “mucho peor que los anteriores”, y que hay un “atentado contra la vida, contra la libertad y la dignidad de los pacientes más vulnerables”. El legislador considera que se “consolida la desprotección al paciente” y, en ese sentido, afirma: “Al hablar de derecho, habla de la posibilidad de renunciar al derecho a la vida”. Y cuando eso sucede “la protección incondicional del Estado y de la ley desaparece y, por lo tanto, el edificio de los derechos humanos cae como garantía”.

También plantea que la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico y la Federación Médica del Interior “reclamaron un comité de garantías previo para garantizar que ese consentimiento estuviera lo más libre posible de vicios”, algo que “vuelve a omitirse”.

Asimismo, el legislador nacionalista criticó que se incluyan “todas las enfermedades crónicas” y que se insista en que se registre la muerte como natural.