El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos 2022 volvió a advertir deficiencias en las cárceles uruguayas, al tiempo que destacó la garantía de los procesos judiciales y que “generalmente” no existen intervenciones por parte del Poder Ejecutivo.

El documento, que se publicó hoy y al que accedió El País, alerta que “las condiciones de las prisiones y los centros de detención” son “malas e inhumanas en varias instalaciones debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada, la programación socioeducativa inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos”.

El trabajo señala que en diciembre —de 2021—la población de reclusos en las cárceles uruguayas estaba “120% por encima de la capacidad física”. Añade que en once prisiones se superaba el 100%, en seis se estaba por encima del 150% y en una de ellas se llegaba al 300%.

El gobierno de Estados Unidos dice, también, que en las cárceles más superpobladas los internos estaban durmiendo en el suelo y carecían de actividades sociales y educativas.

“Según un relator especial designado por el Parlamento —dice el trabajo—, el 34 % de los reclusos en 2021 sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el 56 % de los reclusos no estaban preparados adecuadamente para la integración social al ser liberados”.

En ocasiones, las autoridades retuvieron a hombres y mujeres en prisiones mixtas “y asignaron a las mujeres a las peores partes de las prisiones, con menos acceso a alimentos, espacios privados y visitas de familiares”, continúa el Departamento de Estado norteamericano.

El trabajo también se refiere a la falta de higiene, al no acceso a agua potable y a la alimentación insatisfactoria.

Y agrega que existen deficiencias en la atención médica de rutina y de emergencia, a lo que se suma la falta de servicios de rehabilitación para la salud mental y el abuso de sustancias psicoactivas.

“En ocasiones, las autoridades mantuvieron a los presos confinados en celdas durante largos períodos sin oportunidad de moverse, hacer ejercicio o usar duchas o instalaciones sanitarias”, dice el documento.

El Departamento de Estado destaca, por otro lado, que el gobierno permitió el monitoreo por parte de observadores no gubernamentales independientes, grupos locales de derechos humanos, medios de comunicación y el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros organismos, para que monitorearan la situación.

Y añade que en Uruguay “la Policía detiene sospechosos con órdenes emitidas por un funcionario debidamente autorizado” y que el Poder Judicial trabaja de forma independiente.

“Las detenciones pueden hacerse sin orden de un juez cuando las personas son sorprendidas en el acto de cometer un delito —continúa—. La ley requiere que un sospechoso sea llevado ante un juez dentro de las 24 horas y acusado de un delito. A los detenidos se les permite el acceso rápido a un abogado de su elección, o uno provisto por el estado. Estos derechos fueron respetados; sin embargo, el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2021 indicó que el gobierno no siempre podía proporcionar un abogado defensor a los detenidos que no podían pagar un abogado privado”.

Y, en este sentido, se refiere también a que “La Constitución establece un Poder Judicial independiente, y el Poder Ejecutivo generalmente respetó la independencia e imparcialidad judicial”.