ENCUESTA

La consultora Cifra presentó resultados de una encuesta que indican que la mayoría de quienes respondieron la consulta cree que debería haber un uso más frecuente de las penas alternativas a la cárcel ante delitos leves.

Según la encuesta, el 66% de los encuestados opina que las penas alternativas a la prisión se deberían implementar con más regularidad, no distinguiéndose diferencia entre opiniones de personas según el nivel educativo, pero sí según ideología, siendo mayor el apoyo a estas medidas en grupos identificados con la izquierda.

Mientras, tanto el 26% de quienes respondieron sostiene que la prisión efectiva es la mejor medida.

Sin embargo, el 58% del total de los encuestados considera que todos los delitos deberían tener pena de prisión por sobre las alternativas, incluidos los delitos no violentos, que comprende a los hurtos y microtráfico de drogas, entre otros. En contraposición, un 33% opta por las penas alternativas antes que la cárcel para este tipo de delitos.

Asimismo, si el delito leve o no violento lo cometiera una madre con hijos a cargo, el consenso a favor de penas alternativas a la prisión es notoriamente predominante, con un 79% en resultados absolutos sobre un 11% que se decanta por la prisión y un 10% que no responde.

Ante la premisa de que "los delitos no violentos vinculados al consumo problemático de drogas requieren penas alternativas a la cárcel", la encuesta arrojó respuestas positivas de un 73% de los consultados, que tiende a aumentar cuando la pregunta se vincula directamente a consecuencias del consumo.

Existe coincidencia en que son imprescindibles las políticas adecuadas que fomenten la rehabilitación y la reinserción social, más allá de las penas de cárcel. La gran mayoría de todos los uruguayos adultos (más allá del género, la educación o su orientación ideológica) considera que es "tan importante rehabilitar a las personas que cometen delitos como castigarlas", y que, si el objetivo es reducir el delito, "es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad de rehabilitar a personas que delinquen".

La mitad de los encuestados considera que la rehabilitación sí es posible para algunas personas, pero para otras no. Mientras, un poco más de un cuarto de los consultados piensa que es posible la rehabilitación para todos y poco menos de un cuarto cree que no es posible, o solo "a unas pocas" personas.

En cuanto a los recursos dedicados al sistema carcelario, el 58% de los encuestados prefiere invertir más en la rehabilitación y reinserción social que en ampliar la capacidad de las cárceles, contra un 27% que piensa que hay que ampliar las cárceles.

La encuesta cierra con que hay una amplia coincidencia en que el Estado debe brindar más acompañamiento para que las personas que son liberadas de prisión tengan más facilidad para reinsertarse en la sociedad.