A nivel mundial se busca el desarrollo de hidrógeno verde (así como de sus derivados) y Uruguay no es la excepción. Uno de los proyectos en carpeta es Tambor: una planta de producción de este combustible alternativo a los fósiles que se instalaría cercano a la localidad Tambores —que tiene unos 1.500 habitantes— en Tacuarembó. No obstante, la zona de influencia de la iniciativa “no tiene información sobre sus implicaciones y no ha tenido instancias de participación ‘efectiva y real’ tal cual lo establecen las normativas nacionales e internacionales”.

Así lo asegura una encuesta que realizó la Universidad de la República sobre la zona de influencia del proyecto. Los investigadores encontraron que la “mayoría de la población no conoce nada (45,2%) o solo un poco (34,6%)” sobre la iniciativa. En otras palabras, solo el 20,2% sabe de qué se trata el megaproyecto millonario que ocuparía unas 35 hectáreas y que aún está a estudio en el Ministerio de Ambiente.

Otro hallazgo es que la mayor parte de la población (68,1%) desconoce lo que implica una planta de producción de hidrógeno verde. Aunque, al mismo tiempo, hay un amplio interés en saber más sobre el proyecto (78,2%) que utilizaría energía renovable de un parque eólico y un parque solar que estarían asociados a la planta.

El proyecto Tambor es de la empresa alemana Enertrag —que se especializa en energías renovables— en asociación con SEG Ingeniería de Uruguay, y se instalaría a unos 39 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. La planta sería para la “producción de hidrógeno verde y derivados, principalmente metanol”; y “los productos serán destinados en gran medida a exportación, con una parte para uso en el país”, dice el informe de las compañías en el Ministerio de Ambiente.

En la presentación de los datos, la estudiante de la Facultad de Ciencias Katherine Ramírez (que estuvo en la investigación) contó que “hay un gran porcentaje” de la población de influencia “que no tiene opinión formada sobre el proyecto (43,7%), (lo que se explica) por la falta de información”. Después un 24,5% se muestra a favor de la planta, y el 15,2% está en contra. Y un 15,4% de los encuestados prefirió no responder a esta consulta de la Udelar.

También explicó que hay interés de la población sobre qué sucederá o cómo se utilizará el agua por parte de la planta. Esto es porque la producción de hidrógeno verde necesita de agua ya que se genera mediante la electrólisis del H₂O para separar el hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) mediante energía eléctrica renovable. Dentro de la zona de influencia, un 80,8% quiere saber cuánta agua va a utilizar la planta, un 80,7% de dónde se va a sacar, y un 82% cómo afectará en la disponibilidad de esta para otros usos.

Otro de los puntos de interés de la población son si generaría trabajo, y si serviría para que los jóvenes se queden en territorio y no emigren. Así como también quieren “conocer los beneficios que traerá a la comunidad, las consecuencias sociales del proyecto, los impactos en la calidad del agua, la contaminación del ambiente, de dónde se abastecerán de agua los pobladores si se usa el agua del lugar, posibles riesgos y accidentes”, se añadió en la presentación de la encuesta.

Hubo varias afirmaciones que reunieron amplio consenso dentro de la población. Estas son que el “agua es un bien común que se debe conservar”, que “debería priorizarse el uso del agua para la producción de alimentos”, que “debería utilizarse agua no apta para consumo humano para la producción de hidrógeno verde”, y que la “empresa debería pagar por el agua que consuma”.

Por su parte, el psicólogo Carlos Machado del Centro Universitario Regional Noreste de la Universidad de la República explicó que los resultados muestran un “fenómeno multicausal”: una “diferencia entre el reconocimiento del derecho de participación y la efectivización y goce del mismo”. Esto es porque el 59,4% responde que considera que tiene la posibilidad de participar en las decisiones que se toman sobre los proyectos en esta región, pero solo el 22,7% de los encuestados han participado en alguna instancia o espacio convocado.

El informe de la Udelar, por su parte, dice que los resultados de la encuesta —a habitantes de las localidades de Tambores, Piedra Sola, Valle Edén, Los Rosanos, Rincón de la Aldea, y zonas rurales— “plantean una serie de cuestiones para tener en cuenta al pensar la importancia de la protección de derechos de las poblaciones en territorios cuando se cambia el uso de suelo en relación a actividades empresariales”.

La “gran población” de la zona tiene secundaria incompleta (41,07%); y los habitantes “tiene grupos históricamente excluidos y con baja participación en las actividades de diseño, planificación y toma de decisiones en los territorios”, comentó la estudiante de la Facultad de Ciencias Tamara Mateu en la presentación de los datos en Montevideo.

La encuesta la lideró el Grupo de trabajo Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar, el Instituto de Desarrollo Sostenible Innovación e Inclusión Social de la sede en Tacuarembó de la Udelar, el Núcleo de Estudios Rurales (NER) e investigadores independientes de la sede Tacuarembó del CENUR Noreste.

La coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar, Mariana Achugar, contó que el estudio cuenta con la aprobación del comité de ética en investigación de la Facultad de Ciencias, y que el diseño de la muestra fue realizado por investigadores del Instituto de Estadística.