CONTINÚA EL RECLAMO

El magnate indio, Pramod Agarwal, aguarda el resultado de la apelación a un fallo de la Corte Permanente de La Haya sobre su reclamo al Estado uruguayo. En caso de que la sentencia del tribunal le sea favorable, Agarwal reiniciará el juicio contra Uruguay por US$ 3.356 millones. El empresario indio considera que esa es la cifra que perdió por la ganancia que obtendría del frustrado proyecto minero Aratirí. Y además sostiene que el único responsable de que la obra no se concretara fue el Estado uruguayo.

Los argumentos de los hijos del magnate, quienes integraban la cúpula gerencial de Zamin Ferrous -empresa que llevaría adelante el proyecto de extracción de hierro en la zona de Valentines-, presentados en el Tribunal de Arbitraje de La Haya a grandes rasgos son tres.

Primero, que ese órgano internacional tenía jurisdicción para decidir sobre el tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y el Reino Unido bajo el que se amparó Aratirí. Segundo, que el Estado uruguayo usó un capítulo del estudio de prefactibilidad de Aratirí para redactar una norma que regulaba la extracción de hierro de dicha compañía. Y tercero, que ello constituiría una vulneración de la ley de protección de inversiones, y daños y perjuicios contra su empresa por frustrarse el proyecto.

El empresario entiende, por ejemplo, que invirtió US$ 360 millones y que si el negocio hubiera funcionado en el marco de las condiciones planeadas inicialmente, las ganancias hubieran sido millonarias.

Si el tribunal determina que tiene jurisdicción sobre el diferendo, se pasaría a discutir sobre si Uruguay provocó o no eventuales daños a la minera.

En entrevista con El País, Agarwal dijo que no quería responsabilizar a ningún presidente en particular pero sí reconoció que el proyecto fue impulsado por José Mujica. Y apuntó a su administración como la responsable de crear en 2012 una ley para regular la minería que, en su opinión, “tenía el nombre de Aratirí”.

Agarwal insistió en que recorrerá el camino judicial para que se “haga justicia”. Y agregó: “Gasté millones de dólares en estudios de prefactibilidad del negocio, en estudios geológicos y sobre los millones de toneladas de hierro que se podían extraer (en Valentines), en los costos operativos, en una serie de supuestos que fueron realizados por los mejores técnicos a nivel mundial”.

El siguiente es un resumen de una entrevista que el magnate indio concedió ayer a El País:

-¿Cómo desembarcó y decidió invertir en Uruguay?

- En 2006 yo estaba en Brasil, con otra inversión en el rubro minería. Y vi la oportunidad de invertir en Uruguay. Esa inversión se llamó Aratirí.

-El geólogo Djalma Fonseca, que fue su socio, dijo que Aratirí incumplió el contrato porque no realizó un informe final del proyecto minero y no pagó lo acordado. ¿Es así?

-No fue así. Esa es una información errónea. Aratirí cumplió con todas las cláusulas del contrato. Fonseca debe estar soñando.

-La versión que dan Fonseca y sus abogados es que usted no invirtió US$ 360 millones en Aratirí como afirma.

-Todo lo que nosotros sostenemos que invertimos se encuentra documentado. Ese material se elevó a la Corte Internacional de La Haya. Se invirtió en todo un modelo de negocio. Hay que tener en cuenta eso.

-Usted señaló al diario inglés Financial Times que invertir en Uruguay es un disparate. ¿Qué fue lo que le ocurrió para realizar esa afirmación?

-Lo que quiero decir es que Uruguay no es un buen país para invertir. Esa es mi opinión. En Uruguay expropiaron mis activos.

-¿Quiénes expropiaron sus activos? ¿Mujica?

-Yo no diría que fue algún presidente en particular, sino que se trata del gobierno de Uruguay. Durante el tiempo en que estuve en contacto con Uruguay tuve tratativas con tres presidentes distintos. Y súbitamente hubo un silencio. Cuando me quise acordar, se habían expropiado mis activos. Entonces, no lo personalizo pero sí digo que la expropiación la hizo el gobierno de Uruguay.

-En tres ocasiones le cambiaron la ubicación del puerto para sacar la producción de hierro. Eso ocurrió durante el gobierno de Mujica. ¿Esa medida obstaculizó sus inversiones mineras?

-Esa es una de las principales causas. Lo que pasó es que se cambiaron muchas veces las reglas de juego. El gobierno iba cambiando. No las seguía.

-Pero en esa etapa estaba Mujica al frente del gobierno.

-En realidad el diálogo comenzó a cortarse en 2013. Para el 2014 ya estaban instauradas las nuevas reglas. Prácticamente para ese entonces ya estaba terminada la relación con el gobierno. No recuerdo el gobierno de quién. Pero mis abogados dijeron que eso ocurrió durante el gobierno de Mujica.

-¿Cuáles fueron sus pérdidas, según estima?

-El monto que se perdió fue entre US$ 362 millones y US$ 365 millones.

-Usted inició un juicio en la Corte Permanente de La Haya. Ese juicio falló contra sus hijos y usted apeló. Si la apelación es favorable, ¿usted reiniciará el juicio contra Uruguay?

-Yo voy a seguir hasta que se haga Justicia. Mi familia sufrió. He dedicado más de 10 años a esto y a mi edad eso es mucho. Así que voy a seguir hasta que se haga Justicia.

-¿Significa que usted continuará con el juicio a Uruguay?

-Sí. No voy a detenerme. Voy a seguir con el juicio. Pienso que eso es lo correcto.

-Después de este proceso, ¿invertiría en Uruguay?

-No haría negocios otra vez en Uruguay. Cuando llegué a Uruguay inicialmente, me dijeron que era el lugar más seguro para hacer inversiones de Sudamérica. Tuve reuniones con gente del gobierno, me mostraban folletos y documentos sobre cómo en Uruguay se protegían las inversiones y se protegía la ley. No solo me reuní con presidentes sino con otros integrantes del gobierno. Todos me daban el mismo mensaje: Aratirí tenía que salir. Pero de buenas a primera me sacaron de una patada sin darme una explicación.

-¿Uruguay no le da seguridad jurídica?

-No en este caso. Tal vez esto esté fuera de contexto, pero quiero ilustrarlo con un ejemplo. Imagínese usted que llega a Uruguay un inversor que quiere desarrollar un nuevo cultivo de arroz, por ejemplo. El gobierno le dice que sí, que es bienvenido, que hay un marco regulatorio y que se respetan las reglas. Entonces el inversor compra un buen pedazo de tierra y empieza a hacer una investigación durante tres años con los mejores técnicos del mundo. Luego invierte millones y millones de dólares, y finalmente descubre cuál es el mejor arroz de manera de aumentar la producción por encima del promedio. El empresario le dice al gobierno que ha encontrado una solución muy ventajosa para aumentar el rendimiento por hectárea de arroz. El gobierno le dice que es fantástico y que invierta. El inversor va y compra un campo más grande esta vez con fines de producción. Y pide que se le haga un contrato de inversión. Entonces el gobierno le dice que efectivamente van a firmar ese contrato.

-¿Y qué sucedió luego?

-Entonces, cuando se ha hecho todo eso, el gobierno dice: puede hacer el proyecto pero la ley cambió ahora. Esa ley se aplica exclusivamente a ese tipo de arroz. Se cambian los derechos sobre el cultivo, la parte impositiva para el proyecto y, además, el gobierno agrega: “Usted firmó un contrato y este tiene un plazo. Y si no ha cumplido para ese plazo, pierde todo”. En realidad, el contrato se hizo y no fue firmado. Como inversor quise firmarlo y el gobierno le dio largas al asunto. Así pasaron los plazos. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Esa fue mi experiencia.

En 2017 la minera Aratirí anunció que demandaría a Uruguay ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por considerar que el Estado uruguayo había modificado las reglas de juego con las que este grupo iba a realizar la extracción de hierro en la zona de Valentines.

Los árbitros entendieron que no eran competentes para resolver este diferendo.

Se trató de un arbitraje que se desarrolló en Washington (Estados Unidos) y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo las reglas de las Naciones Unidas para el comercio mercantil internacional.

El exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que asumió la conducción de los juicios en el exterior, había mencionado el 16 de diciembre pasado en conferencia de prensa tras reunirse con el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y su equipo que el Estado tenía la “razón y no la tiene Aratirí”. “Vamos a salir gananciosos”, dijo. En ese momento El País informó que el tema sería estudiado por un tribunal de tres miembros. Uruguay había designado a uno, el grupo de Agarwal -propietario de Aratarí- a otro y ambas partes se pusieron de acuerdo para nombrar al presidente. El grupo inversor (Zamin Ferrous) había anunciado en 2017 su intención de ir a un arbitraje y el 3 de julio de 2018 presentó la documentación ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El planteo lo hizo el grupo inversor en el marco del acuerdo de protección de inversiones que Uruguay tiene vigente con el Reino Unido. En un comunicado fechado en 2017, Zamin Ferrous señaló que el gobierno le pidió a minera Aratirí ubicar el puerto de aguas profundas que utilizaría para exportar el hierro producido, básicamente hacia China, en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa en el departamento de Rocha.

“Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas”, agrega el comunicado de la empresa. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto. Luego, el gobierno volvió a dar vuelta su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación. Finalmente, cuando la empresa solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto.