Redacción El País
El rostro de Leda Sánchez -como cada vez que ha habido temblores en algún rincón del territorio nacional- apareció en las pantallas de todo el Uruguay, una, dos, tres, muchas veces a lo largo de la jornada de ayer. La razón fue el principal terremoto que ocurrió en este país desde que hay registro -y lo hay, al menos, desde 1848-, cuyo epicentro estuvo ubicado a cerca de 15 kilómetros mar adentro a la altura del balneario de Atlántida (Canelones).
El rostro de Leda Sánchez volvió entonces a ser prácticamente la única cara visible que dio explicaciones a los medios de todo lo que podía saberse en los diferentes momentos del día sobre un terremoto que alcanzó el grado de 5,2 en la escala sismológica, y que a criterio de la científica hubiera sido “catastrófico” si el evento ocurría en Montevideo.
Pero su habla apurada y su discurso pedagógico se detuvo, una buena parte del tiempo, en cuestionar la falta de recursos humanos y materiales que enfrenta como investigadora y directora del Instituto de Ciencias Geológicas. “El presupuesto que tenemos en el Departamento de Geodinámica Interna es de $ 100.000. No da para nada... Con eso compramos papel, pagamos el combustible y los viáticos del chofer”, lamentó en diálogo con El País.
Porque la realidad es esa, a la uruguaya: mientras el Servicio Sismológico de Brasil -en donde, al decir de Sánchez, hay un similar “comportamiento geológico”- emplea a 100 personas, aquí en Uruguay hay trabajando con ella “full time” en este tema solo otra persona: Enrique Latorres, su marido -aunque en ocasiones se suma el apoyo de la investigadora Judith Loureiro, funcionaria de la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria.
Y si bien en los últimos 10 años el instituto ha ido incorporando los equipos esenciales para detectar los terremotos -los llamados sismógrafos-, aún son escasos (ver recuadro).
Por eso la situación tiene dos caras -antes de 2013 no había ni siquiera un sismógrafo-, aunque ya hace tiempo que la científica se queda con el vaso medio vacío y así lo ha hecho saber al sistema político en una visita que hizo a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores el 10 de noviembre de 2020 cuando se discutía la Ley de Presupuesto.
La conferencia que “no pintó”
Durante toda la jornada de ayer, la geóloga Leda Sánchez, la principal vocera sobre lo ocurrido en las aguas de la Costa de Oro, solamente recibió como llamada oficial la de Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencia.
En la comunicación ella le propuso hacer una conferencia de prensa en conjunto pero eso “al final no pintó”, dijo luego en diálogo con lo medios.
Lo que recuerda de esa visita no es muy grato. “No nos dieron ni pelota”, lamentó. “Nos prestaron atención los senadores Sergio Botana (Partido Nacional) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto). Los demás estaban todos distraídos con el celular”, recordó.
Su reclamo lleva años, y no lo hace con el fin de poder evitar los terremotos porque no son prevenibles, sino por la relevancia de instalar en Uruguay una cultura al respecto y poder aplicar a nivel gubernamental lo que ella llama “gestión de riesgo”.
“A mí no me importa quién está en el gobierno mientras se entienda que es importante la gestión de riesgo... Pero son todos iguales”, lamentó.
Y al margen de la pasión -que la lleva a poner dinero de su bolsillo cuando es indispensable reforzar el equipamiento- también acepta que esta es una batalla que han dado ella y su esposo, y que tal vez termine cuando se retire, horizonte que dijo ver no muy lejano.
“Todo el mundo me dice que si no me dan bola ahora, que me olvide. Yo tengo 56 años, no tengo una vida por delante. Y si decidiera jubilarme, se va todo a la... Porque no tenemos una estructura como corresponde, como hay en todos los países”.
Ya hay tres sensores con fallas
Desde que se compró el primer sismógrafo en 2013, en Uruguay se han ido incorporando otros sensores hasta completar un sistema de 20 de estos equipos -aunque uno de ellos se encuentra en la base Artigas que está en la Antártida. Están instalados todos en predios públicos que son propiedad del Ministerio del Interior -cuando están en comisarías rurales- o del Ejército Nacional, ya que varios están en bases y cuarteles.
Muchos de ellos, dijo Leda Sánchez, fueron adquiridos con dinero de su propio bolsillo. El precio de los equipos varía. Los más baratos, llamados “de período corto”, valen en el entorno de US$ 2.000, mientras que los de “banda ancha” pueden valer entre los US$ 25.000 y US$ 35.000.
Ahora bien, del universo de 19 que hay en el territorio nacional, la científica ya advirtió ayer que al menos tres están reportando problemas electrónicos, lo que significa que deberán ser sustituidos. Y además hacen falta un par en el departamento de Canelones, otro par en Montevideo y tres o cuatro en el litoral oeste del país, señaló Sánchez.
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