INSPECCIONES LABORALES

La pandemia de coronavirus alteró la dinámica con que hasta marzo de 2020 las empresas desarrollaban sus actividades. El virus obligó a tomar medidas para la prevención de contagios, aunque no siempre se respetan. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, casi un 50% de las compañías inspeccionadas “tiene algún grado de incumplimiento” de las disposiciones para combatir el COVID-19.

“El procedimiento que estamos realizando tiene un seguimiento prácticamente semanal y el resultado de las inspecciones con el foco puesto en las medidas sanitarias indica que en el orden del 47% de las empresas tiene algún grado de incumplimiento”, dijo a El País el ministro de Trabajo Pablo Mieres. El dato significa una caída desde el 60% registrado en noviembre del 2020, cuando se inició el operativo “Trabajo responsable”, dedicado a fiscalizar el cumplimiento de los protocolos contra el coronavirus en el ámbito laboral.

El ministro aclaró que al analizar el número “hay que tener cuidado con suponer que eso implica incumplimientos graves”.

Mieres explicó que existen exigencias que son “más formales” desde el punto de vista sanitario, como por ejemplo si la empresa cuenta o no con el texto del protocolo en el lugar de trabajo o si están a la vista ciertas cartelerías informativa sobre la pandemia. “Otra cosa que es bastante más sustantiva son las obligaciones de conducta que están relacionadas con el uso debido de tapabocas, el distanciamiento físico sostenido, la existencia de elementos de higiene como el alcohol en gel y la ventilación necesaria”, detalló.

El 50% detectado por los inspectores en una primera visita a las empresas refiere a “incumplimientos leves”, recalcó a El País el Inspector de Trabajo, Tomás Teijeiro. En una segunda inspección, el nivel de cumplimiento de las medidas alcanza al 90%, apuntó.

Cuando se produce un incumplimiento, los inspectores levantan un acta y se notifica de la situación a la empresa. A partir de allí se inicia un procedimiento administrativo en el que cada parte realiza sus descargos. Mieres explicó que por la naturaleza del proceso “no es una cosa que se resuelva de manera inmediata”.

El tipo de sanción y su intensidad varían según la clase de infracción cometida. Entre las medidas aplicables por los cuerpos inspectivos figura la clausura preventiva. “Es una disposición destinada a interrumpir la circunstancia, la situación o la causa que provoca un riesgo inminente -en este caso por COVID- hacia la salud y la seguridad de los trabajadores. La clausura preventiva no opera como sanción sino como medida precautoria”, explicó Teijeiro. El objetivo, agregó, es “intervenir rápidamente por denuncia o de oficio, ver dónde hay riesgo y tratar de que se corrija”.

Desde que comenzó la pandemia las clausuras de empresas han superado largamente las 100, y muchas de ellas estuvieron vinculadas al coronavirus. Según el inspector de Trabajo, las clausuras preventivas relacionadas al COVID-19 oscilan entre el 1% y 5% de las empresas examinadas semanalmente.

Desde el Frente Amplio surgieron críticas sobre el accionar del gobierno en la fiscalización a las empresas. El senador y exministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que el ministerio “está omiso” en el contralor de los protocolos referentes al COVID-19.

Brenta sostuvo a El País que la segunda causa de contagios son los lugares de trabajo y “hay un ministerio que no ejerce los contralores correspondientes”. “No se está contribuyendo a mejorar la situación sanitaria que el país tiene”, sentenció el senador.

De acuerdo a información del Ministerio de Salud Pública, actualizada al 12 de abril, en Montevideo se registraban 738 brotes relacionados a lugares de trabajo de 3.000 activos, siendo esta la segunda vía de contagio de COVID-19 después del contacto a nivel intrafamiliar.