ASISTENCIA

La llegada de seis ex presos de la cárcel de Guantánamo -que llevaban tras las rejas más de una década acusados de colaboración con el terrorismo, pero que no habían sido enjuiciados ni condenados- se dilató por varios meses desde el primer anuncio. Pero hace siete años -el domingo 7 de diciembre de 2014- Uruguay se convirtió en el primer país sudamericano en dar refugio a exreclusos de esa prisión que Estados Unidos mantiene en territorio cubano. Al menos fue el primer país de la región que hizo público un acuerdo de este tipo.

Pocos meses después de que los tres ciudadanos sirios, uno palestino y otro tunecino empezaran su nueva vida en Uruguay -como “hombres libres”, como los definió el entonces presidente José Mujica a quien le faltaban pocos días para entregar el mando-, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó una partida de $ 8 millones para la paga de las viviendas, la enseñanza del idioma y el proyecto de integración de los recién llegados.

Cada año que siguió -sin importar la alternancia en el poder- la Cancillería extendió la paga, por montos que promediaron los $ 2.600.000. Este 2021 no fue la excepción y el actual gobierno amplió la partida en $ 651.400. Eso significa que el Estado uruguayo destinó al programa de integración al menos $ 21.837.991 en siete años. O, lo que es lo mismo, US$ 716.414 al valor promedio del dólar en cada uno de los años del desembolso.

La respuesta a una solicitud de acceso a la información pública que realizó El País confirma estos montos y ratifica que la última extensión tiene una “prórroga por única vez y por el plazo de seis meses más”.

La explicación que da Cancillería sobre la entrega de partidas es que el dinero se “destina a vivienda” y que a la cartera “no le corresponde abrir juicio de valor” sobre la pertinencia de la inversión.

Previo a la llegada de los seis exreclusos, Mujica dijo: “Yo tampoco hago favores gratis, paso la boleta”. La frase fue interpretada como un intercambio que el entonces gobierno uruguayo quería hacer para la liberación de ciudadanos cubanos que estaban presos en Estados Unidos acusados de espionaje.

La entonces embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, desestimó un acuerdo de este tipo. Luego se habló de un intercambio de naranjas: en referencia al color del uniforme carcelario que usaban los expresos en Guantánamo y el interés uruguayo de abrir el mercado de exportación de cítricos. Hasta que Mujica aclaró: “No hay que hacer novela, no hay ningún acuerdo. Es un pedido por una cuestión de derechos humanos. Hay 120 tipos que están presos (desde) hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal y el presidente de EE.UU. quiere sacarse ese problema de encima”.

El País solicitó a la Cancillería y a Presidencia de la República conocer los documentos referentes a los acuerdos de intercambio, si los hubiera. Pero ambas instituciones dijeron desconocer la existencia de los mismos. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó: “En la documentación oficial nada (de ello) existió”.

Previo a que el gobierno estadounidense aceptase el traslado de los exreclusos a Uruguay, la administración de Barack Obama ya estaba descongestionando la base militar devenida en prisión con envíos a la Unión Europea. Hasta el momento se desconoce si eso supuso un intercambio de favores.

Las intenciones de Obama de cerrar la prisión no se cumplieron. El diario estadounidense The New York Times reveló que, a junio de este 2021, aún quedaban poco menos de 40 de los 780 detenidos que pasaron por Guantánamo.

El centro de reclusión fue establecido para albergar a los extranjeros sospechosos de cooperación con el terrorismo tras los ataques del 11 de setiembre de 2001. Los métodos de tortura que algunos detenidos denunciaron fueron causando una mancha en la imagen estadounidense en la llamada guerra contra el terrorismo. Tanto es así que en febrero de este 2021 el nuevo presidente Joe Biden pidió revisar las trabas legales para poner fin a la base en Guantánamo.

La vida casi siete años después

Jihad Ahmad Diyab es el único de los seis ex presos de Guantánamo que abandonó Uruguay. El hombre que había estado 12 años recluido en la bahía del oriente cubano, dejó Uruguay en 2018, ingresó a Brasil de manera irregular y desde allí viajó a Turquía. Los otros cinco exreclusos rehicieron sus vidas sin irse del país. Uno abrió su negocio de comida árabe, otro tiene un estacionamiento céntrico, otro un instituto de idiomas y otros fueron contratados por empresarios sirios. Así lo señaló a Canal 12 Christian Mirza, quien actuó como nexo entre los refugiados y el gobierno de José Mujica.

“La sociedad uruguaya en su conjunto puede estar satisfecha en la medida que ex presos de Guantánamo -con lo que ello significa- están integrados, han formado familias con uruguayas o con alguna compañera que vino del extranjero y están instalados”, dijo Mirza en la entrevista, cuando, a su vez, reconoció que se equivocó en parte de sus labores porque actuó solo. Según Mirza, el gobierno uruguayo debe afinar detalles para la llegada de solicitantes de refugio desde Afganistán: “Es un conglomerado bastante complejo, muy diverso”. No obstante, dejó en claro que sentiría beneplácito de la llegada de esos ciudadanos porque “hay un fundamento humanitario que está más allá de la política”. Desde Cancillería dijeron a El País que “se está en la última etapa” de análisis para ver si se concreta o no la llegada de afganos a Uruguay.