Avanza el desarme de lo que supo ser Envidrio S.A., la empresa de producción de envases de vidrio que impulsó el expresidente José Mujica con capitales venezolanos. Y la venta de las distintas partes no está exenta de polémicas.

Días atrás, Bandes -uno de los tres acreedores con garantías reales- vendió el horno a una empresa estatal de Venezuela, pero ahora un inversor uruguayo recurrió a la Justicia para pedir la anulación del remate.

La liquidación de Envidrio S.A. se decretó en octubre de 2020, tiempo después del procesamiento sin prisión del exdiputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Placeres. Luego, en 2022, fracasó el intento de venta cuando la licitación de unos US$ 7.320.000 quedó desierta. A partir de esto, los tres acreedores con garantías reales -Bandes, UTE y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop)- salieron al mercado a buscar interesados, cada uno por su lado.

Después de que Inacoop vendiera su crédito al empresario uruguayo Andrés Guichón y Bandes hiciera lo mismo con el horno a la empresa venezolana, UTE se dispone ahora a rematar los bienes de Envidrio S.A. sobre los que tiene garantía. Se trata de generadores y compresores, entre otros equipamientos, que se pondrán con una base de unos $ 47.000.000 -alrededor de US$ 1.220.100-, indicó a El País el perito Gabriel Ferreira.

El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, contó a El País que la decisión se tomó en el directorio y que, antes de llegar a esta resolución, el inversor Guichón le había ofrecido US$ 50.000 a la empresa estatal por el crédito, la cual se rechazó.

De esta manera, UTE sería el último con garantías reales en tratar de cobrar su parte.

Foto: Presidencia

Hace unas semanas, Bandes remató los bienes, entre los que está el horno, sobre los que tenía garantía por US$ 460.000. El comprador fue Venvidrio, la empresa estatal venezolana que se asoció con Envidrio. Ante esta situación, el segundo mejor postor en la subasta, el empresario Guichón -que compró en 2022 la parte de Inacoop- presentó una solicitud de anulación de la oferta de la venezolana en la Justicia y pidió que se le adjudicara a él.

En el escrito que presentó ante la Justicia, y al que accedió El País, indicó que “resulta claro que la empresa venezolana Venvidrio C.A. (…) es una persona jurídica especialmente relacionada con la fallida (N. de. R: Envidrio S.A.), no solo por ser titular del 50% de su paquete accionario sino porque además fue administrador de derecho, o incluso aún lo es”.

A opinión de Fernando Cabrera Damasco, secretario general del Centro de Mediación y Arbitraje de Liga de Defensa Comercial, “no es admisible que el propio empresario que causo la crisis pueda luego venir a comprar los activos de la empresa para pretender continuar con el emprendimiento, pero habiéndose liberado de su pasivo”. Y sigue el documento: “El distinguido consultante concluye que la primera oferta debe ser desestimada, declarándosela nula y tomando como válida y eficaz la segunda mejor oferta”.

Desde Inacoop, su presidente, Martín Fernández, indicó en declaraciones a El País que es “complicada” la situación porque hoy “participan en la compra de parte del activo” los “socios de quienes dejaron una pérdida de casi US$ 50 millones”.

Además, hay “preocupación ante el posible desmantelamiento de la unidad productiva”, y añadió: “Hoy se entierran 55.000 kilos de vidrio en los vertederos que no se están pudiendo reciclar para generar materia productiva”.

Venvidrio, según indicó Fernández, tiene la intención de llevarse el horno del país. Y añadió: “No sabemos bien cuál es el objetivo de Venezuela de volver a involucrarse en un proceso de que fueron parte del fracaso, e involucrarse dejando sin posibilidad de recuperar la unidad productiva”.

El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, indicó a El País que la situación por Envidrio S.A. es una “perla más en el collar” que ha dejado la “administración anterior” a los usuarios de UTE, así como es “Gas Sayago y los increíbles e irracionales contratos eólicos y fotovoltaicos” que hizo la empresa estatal y que se seguirán pagando. Y añadió: “Estamos hablando de una deuda de US$ 1.200.000, que veremos qué sacamos en remate”.