proyecto genera polémica

Extensión de ruta perimetral hasta ruta 1 genera rispideces entre IMM y MTOP y preocupación en vecinos

Técnicos e investigadores de agronomía, botánica, biología, ecología y zoología exprsaron su “total oposición” al proyecto, que generaría “graves impactos ambientales”.

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Obras en ruta uruguaya. Foto: Archivo El País
Obras en ruta uruguaya
Foto: Archivo El País.

Por Agustín Zabala
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) planifica la terminacióndel anillo perimetral, o ruta 102, con la construcción del tramo que unirá la ruta 5 con la ruta 1, en el oeste de Montevideo. El proyecto generó reparos desde la Intendencia de Montevideo (IMM) y de organizaciones vecinales de esa zona de la capital, que señalan que el proyecto puede tener impactos ambientales y sociales, poniendo énfasis en su preocupación en el proceso de expropiación que podría afectar a más de 50 familias.

La comuna le envió una nota firmada por la intendenta Carolina Cosse al Ministerio de Transporte el pasado miércoles en la que le solicita al ministro José Luis Falero que ponga un freno a dos procesos: el de licitación y el de las expropiaciones. Según la resolución del MTOP, a la que accedió El País, para la concreción de la obra se tendrán que expropiar 55 padrones. El proyecto fue presentado por un privado y deberá ser sometido a una licitación pública en la que compitan diferentes iniciativas, con ventaja para el proponente.

En su carta a Falero, Cosse señala que en noviembre del año pasado dio un primer paso para que se concrete un proceso de coordinación entre ambos organismos con el objetivo de estudiar esta obra. Ya en aquel momento, según se desprende del texto al que accedió El País, la comuna especificó que la traza propuesta para el proyecto “atraviesa áreas con alta relevancia ambiental que Montevideo considera de especial cuidado”, y que debían realizarse ajustes al diseño planteado.

La intendenta subraya que aquella nota enviada en noviembre “no implicaba de ninguna manera” la autorización formal para comenzar con el proceso licitatorio y de expropiación, sino solo para que comenzara el proceso de coordinación.

Nueva traza de la 102.PNG
Traza propuesta por el MTOP en la Comunicación de Proyecto.
Foto: imagen contenida en el documento Comunicación de Proyecto presentado ante MA

En ese marco, la intendencia le pide al MTOP que disponga del cese de ambos procesos “hasta que se levanten las observaciones y haya consenso de que la obra se ajusta y es compatible” con las disposiciones de Ordenamiento Territorial y “no se instale una coordinación formal” entre el MTOP y la IMM, “cuyo objetivo sea mitigar los efectos no deseados”.

Fuentes del MTOP comentaron a El País que se trata de una “descoordinación” que será subsanada, una vez el ministerio culmine con el estudio de Impacto Ambiental que será presentado en marzo ante el Ministerio de Ambiente. “Estamos cumpliendo el proceso”, especificaron y señalaron que se trata de una obra “transcendente” para el país que permitirá unir la ruta 5 con la ruta 1.

“Obviamente que los temas ambientales van a estar contemplados”, añadieron las fuentes, que también señalaron que en la actualidad ya existe una traza que es la del Camino Los Camalotes. La ruta continuará en gran medida esa traza, “aunque tendrá algunas modificaciones”.

La iniciativa genera cuestionamientos también en vecinos de la zona del oeste de Montevideo, de los barrios Santiago Vázquez, Paurú La Vía, Melilla, Rincón del Cerro y Punta Espinillo, que reparan en la falta de información y ven con preocupación el proceso expropiatorio, además de la afectación que pueda haber sobre los Humedales del Santa Lucía, una zona que está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

“Somos vecinos comunes”

“Nos empezamos a mover porque no podemos creer la situación”, dijo a El País Lucía Pereira, integrante del grupo, que se reunió este jueves para evaluar los pasos a seguir. Según contó, buscan asesoramiento legal y piden una mayor información. “La información que nos dan va cambiando cada tanto. Antes se hablaba de que las expropiaciones eran totales, y ahora se está hablando que son expropiaciones parciales. En un solo padrón tenemos viviendo 50 familias”, sostuvo Pereira.

Pereira dijo que el grupo de vecinos que se está organizando en busca de respuesta e información está integrado por “vecinos comunes” y que, con el asesoramiento legal y el de un grupo de técnicos, se sienten más “protegidos” ante el emprendimiento.

La vecina contó que desde el MTOP hay información, “pero es escasa”. En ese sentido, dijo que hay muchos vecinos que no están enterados y que siempre hay “diferentes posturas”. “Está el que quiere que se haga la ruta, el que no quiere que se haga y el que le da igual”, apuntó.

El proyecto está categorizado "B", que refiere a aquellas iniciativas “cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adaptación de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”.

Pereira señaló que el grupo “no entiende muy bien” por qué se le dio esa categoría al emprendimiento. “Lo que queremos es que se haga el estudio de impacto, en el anteproyecto (documento de Comunicación de Proyecto elaborado por el MTOP y presentado a Ambiente) hay muy poca información sobre qué afecta y qué no. Se dice que va a tener poco o ningún impacto, y la realidad es que no está bien”, dijo.

En esa zona, dijo Pereira, viven aproximadamente 6.000 personas, y comentó que es “probable” que con esta traza “haya gente que quede a 20 metros de la ruta”.

“El proyecto no contempló que en Paurú existe un gasoducto ni tampoco que cerca de la traza existe un centro CAIF. Tampoco consideró que pasa por la puerta del Parque Lecocq y la afectación que pueda tener sobre la fauna de ese lugar. La ruta entra por áreas protegidas. Las preguntas que nos hacemos entre nosotros es por qué, si antes se consideraron importante, hoy no se está respetando este lugar. Los humedales se van a ir deteriorando porque el tránsito trae contaminación. También hay mucha gente que viene a pescar, y hay quienes subsisten con la pesca. Son un montón de cosas que no fueron contempladas o que no aparecen en el anteproyecto”, apuntó.

Carta abierta de técnicos

Los vecinos son asesorados también por un grupo de profesionales integrado por técnicos e investigadores en las áreas de agronomía, botánica, biología de la conservación, ecología y zoología, que el pasado 6 de febrero le enviaron una carta al Ministerio de Ambiente en la que manifiestan su “total oposición” al proyecto, que generaría “graves impactos ambientales” y que debería ser “rechazado o relocalizado”.

Según los técnicos, el emprendimiento afectaría de forma negativa una zona ecológica “clave del cinturón verde” del área metropolitana de Montevideo, que “ya ha sufrido afectaciones históricas y recientes”, como la expansión urbana y la construcción de centros logísticos. Dentro de esa zona, se afectaría en particular un área protegida, como lo es el Parque Natural Humedales del Santa Lucía, que también integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

También se verían afectadas las principales actividades productivas de la zona, como la granja, huerta, vitivinicultura y fruticultura, además del turismo rural, actividades recreativas y educativas y la calidad de vida de los habitantes.

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