UN PROBLEMA QUE NO ENCUENTRA FINAL
Las erogaciones corresponden a resultados financieros, arrendamiento del obrador a la ANP, Impuesto al Patrimonio, consultora Conex, asesorías legales y pérdidas por créditos fiscales no recuperables.
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La regasificadora de Gas Sayago era uno de los buques insignia del gobierno de José Mujica. Hoy la empresa está en liquidación tras una obra inconclusa que dejó pérdidas millonarias y decenas de juicios por sumas elevadas.
La “Memoria 2020” de Gas Sayago, a la que tuvo acceso El País, señala que los accionistas de la empresa, UTE (80%) y Ancap (20%), decidieron en 2019 la disolución y liquidación de la sociedad anónima.
Actualmente, la empresa privada no cuenta con personal propio. Ello determina que las actividades asociadas al proceso de disolución son llevadas a cabo por funcionarios de UTE, entre los que se encuentran los dos liquidadores de Gas Sayago.
Ambos técnicos encontraron, al revisar documentos de Gas Sayago, que esta había realizado compras insólitas en su peor momento económico y cuando la obra de la regasificadora ya era una ilusión.
Para determinar la entidad de los gastos, UTE hizo un llamado a consultoras y solo se presentó la firma PriceWaterhouse Coopers (PWC).
Entre las erogaciones se encuentran facturas por gimnasia laboral y masajes para todos los funcionarios. La consultora también analizó un contrato de servicios de fisioterapia para los trabajadores de la sociedad.
El director blanco de UTE, Felipe Algorta, dijo a El País que el informe oficial de PWC estará a disposición del directorio de UTE en la sesión del próximo jueves.
Las pérdidas.
En el correr de 2020 Gas Sayago no tuvo ingresos ni gastos extraordinarios, según dice la “Memoria 2020” de la empresa paraestatal. En relación a los gastos, el documento menciona que los mismos estuvieron dentro de lo estimado y se relacionan con las actividades de cierre de la sociedad anónima.
El informe relata que, durante el ejercicio 2020, Gas Sayago tuvo pérdidas por $ 218 millones (US$ 4,9 millones al tipo de cambio promedio del año pasado).
Dichas pérdidas se debieron a los siguientes ítems: resultados financieros (diferencias entre ingresos y gastos), arrendamiento del obrador a la Administración Nacional de Puertos, pagos del Impuesto al Patrimonio y pagos a la consultora de UTE (Conex).
También hubo erogaciones por servicios profesionales (abogados y escribanos). Y pérdidas por créditos fiscales no recuperables (se trata de compensaciones del Estado que la empresa no recibirá porque la obra quedó inconclusa).
Para este año, los liquidadores de Gas Sayago establecieron una proyección de gastos por $ 135 millones. Ello representa US$ 3,2 millones al tipo de cambio de $ 42,3 por dólar, que es el que fue utilizado por los técnicos de UTE que elaboraron la memoria anual.
Según los funcionarios, esos US$ 3,2 millones serán destinados a impuestos y retenciones, a la consultora Conex, a asesores legales, a la auditoría y gastos administrativos.
También habrá erogaciones por el arrendamiento del predio de siete hectáreas destinado a obrador y por la seguridad del mismo.
La memoria del pasado año de Gas Sayago expresa, además, que la empresa mantiene deudas con UTE y Ancap por un total de $ 173 millones (US$ 3,7 millones).
La deuda con UTE se generó por asistencias financieras y trabajos de la consultora del ente, Conex. En tanto, Gas Sayago adeuda a Ancap pagos por custodias y vigilancia del gasoducto.
Además de los aspectos contables, los funcionarios de UTE señalaron en la “Memoria 2020” que las actividades de liquidación de Gas Sayago avanzan lentamente debido a factores externos ajenos a la gestión de la empresa, como ser procesos legales en curso o decisiones de otros organismos.
Un documento interno de UTE, fechado en noviembre de 2019, advirtió que Gas Sayago enfrentaba juicios laborales y civiles por US$ 87 millones. La mayoría esos procesos continúan abiertos.
Siete hectáreas de bienes en puja
Uno de los problemas que enfrentan los liquidadores de Gas Sayago es la desmovilización del obrador ubicado en un área de 7 hectáreas de Punta de Sayago. Allí se encuentran bienes que son propiedad de Gas Sayago y que el consorcio brasileño OAS -la constructora que ganó la licitación- considera que son suyos y los incluyó en un inventario de un concurso.
El 23 de octubre de 2019, la Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió intimar a Gas Sayago el cumplimiento de la concesión de un predio de siete hectáreas destinado al obrador de la fracasada regasificadora, bajo apercibimiento de rescindir el contrato.
Posteriormente, el 15 de noviembre de 2019, Gas Sayago recibió la intimación. Once días más tarde, el 26 de noviembre de ese año, la empresa contestó solicitando un plazo de seis meses y la exoneración de la tarifa por almacenaje hasta la devolución del obrador.
Finalmente, la ANP resolvió, el 4 de diciembre de 2019, rescindir unilateralmente el contrato de concesión del terreno y el espejo de agua en el Río de la Plata para la construcción de la regasificadora. Poco después, el Poder Ejecutivo intervino en el asunto. El 24 de septiembre de 2020, ya durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Ejecutivo emitió un decreto por el cual aprobaba la resolución de la ANP. Casi un mes más tarde, el 28 de noviembre del año pasado, la ANP encomendó a su área jurídica la confección de un acta de recepción del obrador. Dicha ocupación todavía no se efectivizó.
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