Hay ambientalistas, budistas y hasta indígenas y artistas en las 161 organizaciones que apoyaron una carta abierta contra el Proyecto Arazatí, enviada al presidente Luis Lacalle Pou una semana antes de que se firmara el resistido contrato para la construcción de una planta potabilizadora para reforzar el abastecimiento de la zona metropolitana.

La carta planteó al gobierno, sin éxito, que no debía firmar “bajo ningún concepto” el contrato entre OSE con el Consorcio Aguas de Montevideo para iniciar el proyecto que tomará agua del Río de la Plata en Arazatí (San José), valorando que es “una iniciativa que genera serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal, como ambiental y de derechos humanos”, en línea con los esgrimido por el gobierno electo de Yamandù Orsi.

Pese a las evaluaciones del proyecto privado que llevó adelante el Ministerio de Ambiente para otorgarle el 6 de diciembre pasado la autorización ambiental previa (AAP), sumado al trabajo de OSE, un colectivo de las más diversas organizaciones, muchas de ellas sin vinculación aparente con el medio ambiente, respaldaron la infructuosa misiva, que presentó varias críticas, descartadas de plano antes por el promotor privado, OSE y el gobierno saliente.

No solo indicaron que “no existe consenso sobre la pertinencia y la eficacia” de Arazatí como solución, sino que había varios “académicos” y personalidades que “alertaron” por el “grave impacto” del proyecto. También criticaron que implica una “enorme inversión”, de unos US$ 900 millones para el Estado, y que poner la firma para este proyecto, que sigue dando polémica, a poco de salir el gobierno, era “irresponsable e imprudente”, básicamente por cuatro motivos.

El primero porque hay demandas judiciales que “no han culminado”. En segundo lugar porque Arazatí toma agua de una “fuente insegura” ya que las características del Río de la Plata “complican los procesos de potabilización”. También porque esto sería una “privatización” del agua, algo “inconstitucional”, y por último porque su ubicación “amenaza” el acuífero Raigón.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Más allá de las críticas a Arazatí, muchas planteadas desde el día uno, lo que derivó en varios comentarios fueron los variopintos colectivos que adhirieron a la carta. La pregunta que se reiteró en varios ámbitos es cómo se vinculan indígenas, budistas, sindicatos estatales, Plenaria Memoria y Justicia, Poetas del Oeste, con activistas por el medio ambiente, y otros contra esta obra impulsada por las firmas Berkes, Saceem, Ciemsa, y la brasileña FAST.

El País consultó a diversos colectivos sobre por qué adhirieron a la carta entregada en Torre Ejecutiva. En líneas generales, coincidieron en que el acceso al agua es un asunto central que atraviesa varias disciplinas, desconfiando de los estudios científicos que han compartido las autoridades sobre el agua del Río de la Plata, y cuestionando la oportunidad de firmar este contrato ahora, a poco de asumir un nuevo gobierno, que a su vez, ha criticado Arazatí e impulsa una represa en Casupá.

Raúl Viñas, vocero del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), dijo que se definió “abrir” la carta a todos las organizaciones que quisieran sumarse. Así lograron la adhesión de ocho colectivos charrúas. “Habría que preguntarse qué organizaciones podrían apoyar el proyecto así como está”, desafió el ambientalista, que tiene previsto iniciar un recurso de inconstitucionalidad tras analizar el contrato.

La vocera de Redes Amigos de la Tierra, Selva Ortiz, valoró que la adhesión a la carta respondió a que los temas ambientales “son también temas sociales, que impactan en la calidad de vida de la gente”. Si bien convocan a colectivos por diversas temáticas, “esta fue la vez que más organizaciones en poco tiempo respondieron al llamado”, añadió.

Marcelo Cabrera, integrante de la Coordinadora del Agua, otra de las organizaciones que adhirieron, dijo que la negativa a Arazatí es un “consenso general”. Desde que “la gente que está donde se instalaría el proyecto no está de acuerdo”, al “peligro sanitario” de que el Río de la Plata “el tercer río más contaminado del planeta” sea la fuente, hasta la “incertidumbre” de la inversión del proyecto.

“El Estado dijo que sí a una solución del consorcio, no es que planteó su propia alternativa, o incluso mejoró el proyecto”, añadió el vocero del colectivo del que participan activamente un centenar de personas. Entre las alternativas, destacó los planteos del sindicato de OSE (Ffose), de Casupá, y de revertir las pérdidas de OSE, que rondan el “50%”, antes de hacer Arazatí.

“Los pueblos originarios somos guardianes de la naturaleza”, dijo Santiago Ferreira, referente de la Comunidad Tribal Afroindígena Anaxiguat Epaj, que la integran 500 personas, sobre el apoyo a la carta. Contrario a lo que indica la AAP, marcó que se obtendría “agua salobre”, sin una planta desalinizadora, y que se estaría “vulnerando” una zona con “registros arqueológicos”. “Estamos perdiendo soberanía. La gente se opone al proyecto y se firma igual, sin dar aviso a la población”, lamentó sobre Arazatí, que sostuvo que es “inconstitucional”.

“La temática del agua y el bienestar de la gente es fundamental para nuestra organización”, dijo sobre el apoyo a esta carta Ciro Chonik, cacique charrúa del Clan Chonik, y vocero del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), un colectivo de cinco organizaciones, integradas por entre 15 y 20 familias cada una. Uruguay tiene 6.4% de población indígena, según el Censo 2023.

“Este proyecto nos parece desacertado. Viene de una política de agua que se viene llevando en los últimos años en donde se privilegia el agua dulce para las empresas y no para el bienestar de la población, contraviniendo el artículo 47 de la Constitución”, destacó Chonik.

Foto: Ignacio Sánchez

“Creemos en el cuidado del agua como un bien material y espiritual. Hay un compromiso moral que tiene que ser defendido. El agua es de la gente primero, mientras que este proyecto privilegia a las empresas y no consulta para nada”, añadió el cacique, que también marcó reparos con el agua del Río de la Plata.

Otra adhesión provino del grupo Budismo Comprometido. Su vocero, el monje budista Thubten Saldon, explicó que el Buda “enseñó que la raíz de todo sufrimiento humano tiene tres orígenes: el deseo/avaricia, la indiferencia/ ignorancia y la aversión”.

“Relacionándolo al Proyecto Arazatí, estamos en contra porque todo parece indicar que hay ignorancia por no estudiar a fondo y escuchar todas las opiniones profesionales que entiendo se han ofrecido”, indiferencia al no investigar a fondo los efectos a largo plazo del proyecto y avaricia porque el costo para el pueblo va ser muy alto y parte de ello quedará en manos de demasiados e innecesarios intermediarios”, señaló Saldon a El País.

Nicolás Spinosa, uno de los coordinadores del colectivo Cósmica Cultura Contemporánea, indicó que el apoyo a la carta va de la mano de considerar a la cultura no como la realización de espectáculos artísticas, sino que “es todo aquello que atraviesa la actividad humana”.

La firma de Arazatí, señaló, es “una decisión sumamente importante, que recae sobre los bienes naturales comunes a todos”. Además, valoró que “antes de avanzar” en un proyecto así, se debe “consensuar entre todos”. La comunidad nuclea artistas y activistas, que reúne a “entre 4.000 y 5.000 personas” en su evento anual.

“Más allá de las consideraciones técnicas que haya podido validar Ambiente, muchas han sido cuestionadas por toda la comunidad científica. Hay muchas personas que han trabajado el tema, que forman parte de las organizaciones, lo han hecho evidente y no se han tenido en cuenta esas cuestionamientos”, añadió.

Las adhesiones llegaron incluso al colectivo No al tren de UPM. El vocero del grupo, Roberto Bonello, dijo que apoyaron la carta considerando que Arazatí “no está considerando con cuidado a los vecinos que se verán afectados en forma directa”, ni “tampoco garantiza la solución a problemas de OSE de acuerdo a referentes de la academia en temas ambientales”. Por ello, pidió que se “reconsidere” el proyecto, así como “la firma de contratos que dañan al ambiente y la sociedad en su conjunto”.