Guadalupe Galván / GDA*
Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.
Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como “bodegas humanas”, esos espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictuosos y muchos de los cuales pasan años, antes de recibir una sentencia.
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.
La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela, o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre adentro de las cárceles.
SATURACIÓN
De los 12 países analizados de 2016 a 2022 solo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico, presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria. Pero, en Venezuela, solo se cuenta con datos de 2018 y 2022. Las cárceles de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016: de 11.642 a 7.252 en el período 2021-2022.
Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, que tienen mayor densidad de población.
En México, 47% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146%. En los últimos siete años la población penitenciaria solo estuvo por debajo de los 200.000 reos en 2018.
En Argentina, desde 2016, las cifras han ido en aumento; para 2022 este dato creció un 33%: de 76.261 reclusos en 2016 pasó a 101.267 en 2021. Solo en Buenos Aires la sobrepoblación es de 118%.
En Brasil, de acuerdo al Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en 2019 había 755.247.
En Chile, en 2021, había 38.718 recluidos. La sobrepoblación carcelaria pasó de 0,5% en 2016 a 7% en 2022.
En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). “La población carcelaria era de 97.860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. Solo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6,4%; este año, con 15.141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como Son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%.
En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36.824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39.642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39.538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados Perú es uno de los que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir que hay 89.877 reos y solo tienen espacio para 41.018. El hacinamiento llega a ser en las prisiones de más de 400% o incluso de 500%.
En República Dominicana, la población carcelaria fue en 2022 de 25.711, con una tasa de hacinamiento de 62%.
Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, Juan Miguel Petit, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”. En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8,3% y en 2020 subió a 12,6%. Esta semana el ministro Luis Alberto Heber dio cifras actualizadas: el hacinamiento es de 128%.
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos”, determinó el Observatorio.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1° de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero solo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.
LA ESPERA
Otro indicativo de la situación es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.
En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana, 90%.
Caso distinto es el de El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68.294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con otras personas ya sentenciadas.
MOTINES
Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador, o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí.
México destaca en el rubro: según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a 1.045 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó y fueron 2.499 los incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos -23 de ellos con arma de fuego- y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos cinco muertos.
Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año; en República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022.
En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (116) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones desde México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.
La extorsión telefónica es una de las prácticas más comunes. En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años. Además, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.
Los jefes de jefes
El tema de las extorsiones y los motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.
Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones, en México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.
Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua -el que ejerce el control”.
El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del milenio, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tienen control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.
*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece el diario El País, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.
¿Cuánto cuestan los prisioneros en cada país?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales.
En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a 1.012 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (1.024 dólares mensuales)
A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves -en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas, crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.
En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental y otros llamados “de medio libre” que buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos, o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.
“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumada “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social solo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.
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