EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

Hay 1.300, 1.400 o 1.500 adultos mayores que habitan en residenciales que suponen un riesgo para sus vidas. Puede que sean algunos más o menos, aunque las estimaciones del gobierno están en ese ratio. La vejez a veces queda invisibilizada, incluso para las estadísticas.

El sábado se constató un brote de contagios de COVID-19 en un establecimiento geriátrico. El hecho encendió las alertas porque en países como España un tercio de los fallecidos eran residentes de este tipo de hogares. Ayer, el Sistema Nacional de Emergencias informó que ya sontres los residenciales con infectados: en uno hay 37 casos, en otro seis y en el tercero, dos.

Tras el primer brote, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, había anunciado el testeo masivo en 208 residenciales que estaban en “situación crítica”; análisis que comenzaron a realizarse ayer. Pero en aquel anuncio del jerarca hubo otro dato que llamó la atención: en 109 de los residenciales “críticos”, las condiciones eran por “debajo del respeto de los derechos humanos”.

Otra vez, las cifras son aproximadas. Resulta que el Ministerio de Salud usaba un criterio diferente al del Ministerio de Desarrollo Social. Mientras para los primeros cabían en la definición de “riesgo inminente” aquellos establecimientos que no regularizaron su habilitación luego de tres intimaciones, para el Mides el “riesgo” era un tema de vida o muerte; de dignidad.

Bajo el criterio del MSP, habría unas 2.700 personas en residenciales críticos. Según la definición antigua del Mides, serían “más de 1.300”. Pero esta semana, tras la polémica, el criterio fue unificado.

Detrás de esas personas, sean la cantidad que sean, yacen historias “espeluznantes” (como definió el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, a las condiciones de vida de esa gente). El ministro hacía referencia, sin decirlo, a algunas de las imágenes que los técnicos de su cartera habían encontrado en el departamento de Artigas: residenciales de piso de tierra, ventanas sin sellar, una única comida al día…

Casi la mitad de los residenciales de Artigas (45%) está en condiciones que ponen en “riesgo de vida potencial o comprobado” a las personas que allí residen. Así lo señala el informe de Inmayores, fechado en marzo, y del que el gobierno tomó los datos que comunicó en la conferencia de prensa del domingo pasado.

Entre el 6% y el 8% de los hogares artiguenses estaban el año pasado por debajo de la línea de pobreza. Este dato, que surge de la Encuesta Continua de Hogares, constata lo que ya había revelado el último censo: Artigas es el departamento con más población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Y los residenciales de personas mayores serían parte de ese escenario.

Sin embargo, el informe del Mides muestra que en todos los departamentos del país hay al menos un residencial de “riesgo inminente”. En aquellas zonas con más establecimientos y más residentes, existe un número mayor de locales en condiciones indignas (en Montevideo son 31 de 494; en Canelones son 28 de 197; y en Colonia son 11 de 87).

“Hay ocasiones en las que el Estado no cuenta con cupos disponibles donde poder realojar a las personas (que habitan en residenciales de ‘riesgo inminente’), o no tiene los dispositivos adecuados para las mismas. En los casos en que cuenta con cupos y con dispositivos adecuados, la vía de ingreso es compleja, pudiéndose acceder en ocasiones por vía judicial en caso que el Juez lo determine. Esta situación genera dificultades en el proceso de cierre (de los establecimientos) y no asegura que se pueda llevar a cabo el realojo de las personas”.

El informe del propio Mides deja en claro que la solución para los residenciales críticos no es tan “sencilla” como clausurar un local. Ocurre que en otro centro en el que haya cupos, si es que lo hay, puede que se asegure las condiciones mínimas de higiene y alimentación, pero que se le genere al usuario un “trauma” mayor por el cambio de hábitos.

Depositar la responsabilidad en un familiar, si lo hubiese, tampoco es fácil: el Mides constató casos en que el “anciano” había tenido un pasado alcohólico y golpeador y sus hijos han roto los vínculos.

Esta semana, el Mides y el MSP empezaron a fiscalizar las condiciones de esos 109 hogares de “riesgo inminente” y observaron que algunos habían cerrado o se habían mudado.

Menos del 4% de los adultos mayores del país (léase de los mayores de 65 años) están institucionalizados.

Entre los que habitan en residenciales, las mujeres son mayoría: 11.279 contra 4.282. Y si bien esa relación está condicionada porque ellas sobreviven más, en los establecimientos de larga estadía está sobredimensionado: en la población en general, hay 66 varones cada 100 mujeres adultas mayores. En los residenciales son 38 cada 100.

La foto general, sin embargo, puede difuminar los casos particulares. En Artigas, por ejemplo, los varones institucionalizados son más que las mujeres.

La imagen global, también muestra que la cantidad de cuidadores parece suficiente para el número de usuarios: uno cada tres. Sin embargo, el Mides ha constatado la existencia de residenciales con menos personal del que fija la normativa.

Soraya Larrosa, secretaria general adjunta de la Federación Uruguaya de la Salud, aseguró que la situación de los residenciales no es nueva y que las condiciones de los trabajadores no son buenas. Y concluyó: “Parece que ahora descubrieron América con las casas de salud”.

Producción: Pamela Díaz