La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral es más común de lo que parece en Uruguay. Al día de hoy, Inmujeres brinda asistencia y protección a más de 100 víctimas de trata, la mitad de ellas inmigrantes de Cuba, Venezuela, República Dominicana y Colombia.

La trata, el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo luego del tráfico de armas y drogas, es un delito muy difícil de tipificar. Se configura cuando se puede probar que existió con fines de explotación la captación, reclutamiento, transporte, traslado, acogida, recepción u hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras.

Cuando las víctimas llegan a Inmujeres se les ofrece asistencia para acceder a la Justicia si así lo quieren, apoyo psicológico y todo lo que necesiten para ayudarlas a retomar su vida. La protección pasa por ofrecerles un lugar para vivir si no lo tienen, una Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social y otros apoyos para subsistir ya que, en general, las víctimas de trata no tienen vínculos en el país dónde fueron explotadas y carecen de recursos una vez que logran salir de la situación en la que se encontraban.

“Las mujeres son derivadas a Inmujeres por Fiscalía, la Policía o funcionarios que detectan que la persona es víctima de explotación. Son personas que están en una situación de extrema precariedad. Nosotros no ponemos como condición que denuncien, ese es un proceso personal y no todas están preparadas para hacerlo porque sienten mucho temor o están traumatizadas. Nuestro trabajo es darles herramientas para que logren retomar sus proyectos de vida. Son personas que han sufrido mucho”, explicó a El País la directora de Inmujeres, Mónica Bottero.

Los casos acogidos por Inmujeres se registraron en su mayoría en las oficinas de Montevideo. Hay un importante porcentaje detectado en Cerro Largo, y le siguen Tacuarembó y Paysandú.

El lunes 8 de enero en Maldonado una mujer desesperada se arrojó de un auto Volkswagen gris en marcha porque se sentía muy mal y ninguno de los dos hombres que iba con ella, el que conducía y su acompañante, querían parar para darle asistencia. Ante la situación, los sujetos aceptaron llevarla hasta una estación de servicio para comprarle agua. Allí, la mujer junto a una amiga pidió ayuda a un empleado, quien llamó al 911.

Los conductores aceptaron permanecer unos minutos en el lugar hasta que la mujer se sintiera mejor. Eso permitió que un móvil policial llegara hasta la estación. Los sujetos huyeron en el auto con matrícula argentina, pero fueron interceptados a pocas cuadras.

El caso tomó estado judicial y se pudo comprobar que los hombres explotaban sexualmente a dos mujeres argentinas y una peruana. Los sujetos acordaron traerlas a Uruguay para ejercer el trabajo sexual en Punta del Este a cambio de mil dólares para cada una para alojamiento, traslado y protección. Una vez en Uruguay, las mujeres fueron alojadas en “condiciones inhumanas”, según se sostiene en la solicitud de formalización.

“Las tres víctimas eran obligadas a dormir juntas, en un colchón en el piso, existiendo gran desorden, suciedad, excrementos y roedores”, agrega.

Las mujeres eran controladas en forma presencial por los explotadores y a través de una aplicación que les permitía georreferenciarlas constantemente. Les exigían que llevaran dinero y comida al alojamiento una vez que éstas realizaban los trabajos sexuales.

Los dos hombres fueron formalizados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral establece penas de 4 a 16 años de penitenciaría.

Casos como este se repiten una y otra vez, muchas veces ante los ojos de todos, porque la explotación ocurre en ámbitos públicos como burdeles, whiskerías, calles, saunas y hoteles.

A veces, no siempre, resulta difícil detectar si la persona está ejerciendo el trabajo sexual por voluntad propia o es explotada. Por esta razón, el pasado 29 de enero, con la firma del presidente de la República Luis Lacalle Pou en un decreto, quedó institucionalizada la Guía de Acción Interinstitucional para Situaciones de Trata y Explotación de Personas en Uruguay.

Es un protocolo de acción de 70 páginas, que está circulando en el Estado desde hace un año y que demandó meses de trabajo con la participación de múltiples reparticiones públicas. Este tiene por objeto determinar con claridad los tipos de explotación existentes para que funcionarios de cualquier oficina en todo el país puedan detectarlos y derivarlos hacia las vías institucionales determinadas.

Pablo Abdala observa ahora el delito de trata desde su perspectiva como subsecretario del Ministerio del Interior, pero también lo abordó cuando era presidente del Instituto del Niño y el Adolescente y las víctimas eran menores de edad.

“El tema se va instalando en la agenda, pero creo que es hora de que los uruguayos asuman este problema como propio. Este es un delito que, aunque no nos toque de cerca nos califica como sociedad y termina afectando la comunidad en la que vivimos. Hay que tener una actitud vigilante que no puede quedar librada exclusivamente a la acción del Estado. La explotación suele estar a la vista y todos somos responsables si no denunciamos. Se trata de un delito de lesa humanidad”, sostuvo Abdala.

Bottero destaca el compromiso del Estado. “A las reuniones sobre el tema los ministerios involucrados envían a los subsecretarios o altas jerarquías. Hay responsabilidad y compromiso. Ahora estamos llevando adelante una campaña en todo el país para sensibilizar a los funcionarios públicos. El compromiso está claro”, indicó.

No obstante, ella entiende que a nivel de la opinión pública no hay suficiente información.

“La legalización del trabajo sexual genera situaciones confusas. A nivel personal creo que la inmensa mayoría de las trabajadoras sexuales están bajo condición de explotación, aunque ellas mismas digan que son independientes. Es muy difícil que a una muchacha en una esquina no se le acerque un hombre para cobrarle por estar allí. Eso lo vemos como ejercicio de la prostitución, pero es explotación. Es un tema muy complejo. La prohibición no es el camino, pero hay que ser más fino en la lectura de las situaciones para poder detectar la explotación”, indicó Bottero.

El departamento de Estado de los Estados Unidos realiza un informe anual sobre la trata de personas en el mundo. En el segmento Uruguay difundido a mediados del año pasado y correspondiente a 2022, consideró que “el gobierno no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo”.

Sostuvo que “el gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de covid-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2. Este trabajo incluyó identificar más víctimas, abrir un nuevo centro de atención para víctimas de trata adultas de sexo femenino, y contratar inspectores de trabajo especializados para identificar violaciones a la normativa sobre trabajo infantil, incluidos casos de trabajo forzado infantil”.

No obstante, Estados Unidos remarca que el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. “El gobierno investigó, enjuició y condenó a una cantidad algo menor de tratantes. Los funcionarios no identificaron a ninguna víctima de trata adulta de sexo masculino. El gobierno no ofreció acceso constante a refugios. Las autoridades no contaron con un procedimiento operativo estándar integral para identificar y derivar a víctimas que incluyera lineamientos adecuados sobre cómo asistir a víctimas de sexo masculino y víctimas de trata con fines de explotación laboral”. señala el informe.