Verter residuos en plazas, parques, playas, terrenos baldíos o en cualquier punto de la vía pública, es ilegal. Sin embargo, es usual ver basura en lugares donde no correspondería en la capital. Desde 2019, son 37 las infracciones ambientales que registró la Intendencia de Montevideo por el incumplimiento de la normativa. Pero la cifra alcanza las 1.970 si se suman otras dos infracciones: fallas en empresas transportadoras de desechos (1.558) y detección de transporte de basura sin habilitación o con esta vencida (375).

La IMM registró desde la acumulación de residuos varios como chatarra, restos de obras y escombros en un predio rural productivo; hasta vertidos ilegales de los más variados. En algunas circunstancias los responsables incluso reconocen la falta.

También hay situaciones en las que se arrojó estiércol en un lugar no autorizado o se depositaron tanques llenos de variados líquidos en terrenos baldíos.

Es que, de manera legal, solo se pueden tirar desechos en la usina Felipe Cardoso o en otros lugares puntuales, como ser una planta que es propiedad de la Cámara de Industrias.

De las 37 infracciones por vertidos ilegales en predios no autorizados desde el 2019, 30 se realizaron a lo largo de 2023, seis en 2022 y uno en 2020. En 2019 y en 2021 no hubo ninguna. Los datos pertenecen a un pedido de informes que realizó El País a la IMM.

En los últimos años, la Intendencia de Montevideo puso el foco en mejorar la fiscalización vinculada a los residuos, indicó a El País su director de desarrollo ambiental, Guillermo Moncecchi. Es más, en este periodo se decidió aumentar la multa para esta infracción desde 50 Unidades Reajustables ($ 81.340 a la fecha) hasta las 350 ($ 569.380).

Otro cambio que se implementó -continuó el jerarca de la comuna- es la posibilidad de ingresar a un terreno privado para limpiarlo y multar al dueño cuando hay un “problema de salubridad”. Ahora es por decreto de la Junta Departamental y antes era por vía judicial, lo que “era un lío”, añadió.

Moncecchi indicó, por otra parte, que la IMM levantó de los cursos de agua casi 100.000 toneladas de residuos desde febrero de 2022, cuando inició el programa Áreas Liberadas.

Hay tres grandes tipos de infracción: por vertidos ilegales en predios no autorizados, por fallas en empresas transportadoras de desechos y por la detección de transporte de basura sin habilitación o con esta vencida.

De estas, la mayor parte corresponden a las que hacen a empresas transportadoras de residuos. Hubo 1.558 desde 2019 a octubre de 2023, que fueron registradas por la comuna. Son, a grandes rasgos, incumplimientos a la normativa por ese grupo de compañías. Muchos son por falta de malla protectora a la hora de mover los desechos, otra gran parte están vinculadas a las volquetas -en caso de estar desbordadas, o que no tengan reflactores, por ejemplo.

La mayor fiscalización se ha dado de la mano de la tecnología. Moncecchi explicó que las empresas transportadoras de residuos están obligadas a poner un GPS en sus camiones. Por lo tanto, si se identifica un basural, se puede averiguar cuáles vehículos estuvieron ahí, marcó.

Otra herramienta son las cámaras de seguridad, a través de las cuales se hace seguimiento. Se han colocado cámaras fijas y otras que se mueven de un punto a otro. “Hace poco pusimos una en Avenida Italia, a la altura de Carrasco, donde había un vertido de poda enorme. La gente iba a tirar ahí. La colocamos para poder multar”, explicó el jerarca.