La semana que viene el Ministerio de Defensa, la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) y UTE firmarán un convenio, por el que las tres entidades asumirán los US$ 50 mil que costarán los trabajos para remover un cable de la empresa estatal en el predio del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército. Eso permitirá retomar allí las excavaciones para ubicar restos de detenidos desaparecidos, según confirmó a El País el ministro Armando Castaingdebat, minutos después de que se anunciara la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo Casal.
El hallazgo de los restos se había dado el 6 de junio del año pasado en el Batallón de Infantería 14. En el momento, solo se pudo determinar que era una mujer, pero no se había podido identificar de quién se trataba. Fue encontrada boca abajo, cubierta de cal, desnuda y con signos de haber muerto violentamente.
La comparación del perfil genético y las muestras obtenidas de familiares no fueron concluyentes para identificarla inmediatamente. Eso obligó a que se creara un grupo de trabajo, en el que participaron el Grupo de Investigación de Arqueología Forense (GIAF), la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, la Institución de Derechos Humanos y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El proceso se demoró ante la ausencia de familiares directos en Uruguay. Hubo que recurrir entonces, a personas que vive en Italia y en España. También, según la responsable del GIAF, Alicia Lusiardo, al armado de toda su genealogía para la obtención de muestras de familiares fallecidos, a los que hubo que exhumar en distintos cementerios. Al no tener vínculos directos, hubo que reunir muestras de casi una veintena de personas.
El resultado fue remitido al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) y demostró, con 99,99% de certeza, que se trata de Sanjurjo. “Cuánto más fácil hubiera sido si quienes tenían la información la entregaran”, lamentó Alba González en referencia a los militares responsables de la desaparición y muerte de Sanjurjo. “Volvemos a exigir que nos digan dónde están”, dijo la anciana integrante de Familiares, que ratificó su “compromiso eterno” con la búsqueda de sus seres queridos, “por la memoria, la verdad y la justicia”.
Ese fue, en parte, el reclamo principal de la reciente edición de la Marcha del Silencio. Según el presidente de la Inddhh, Wilder Tayler, se sigue enfrentando un “pacto de silencio”. Los testimonios que ha recabado hasta el momento el organismo son, dijo, “de segunda mano”.
El presidente Luis Lacalle Pou aludió ayer a la identificación de los restos de Sanjurjo y reafirmó el “compromiso del gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas”. Según afirmó el mandatario, “hoy una familia y el Uruguay todo encuentran un poco más de paz”.
El fiscal Ricardo Perciballe anunció que pedirá el desarchivo de la causa que investigó -bajo el viejo Código del Proceso Penal- la desaparición -y ahora asesinato- de Sanjurjo, y así poder determinar la identidad de los responsables. Ahora queda la última etapa en la intervención forense: la restitución de los restos de Sanjurjo a sus familiares. Se trata de tres sobrinos, dos de los cuales viven en el exterior del país.
A 19 años de iniciada la búsqueda, se llevan ubicados los restos de seis detenidos desaparecidos en Uruguay. En 2005 fueron encontrados Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, en 2011 Julio Castro, en 2012 Ricardo Blanco y en 2019 Eduardo Bleier. Sanjurjo es la primera víctima ubicada en este gobierno, y la segunda hallada en el Batallón 14. Deben agregarse los casos de Roberto Gomensoro ubicado muerto poco después de su desaparición en 1973, y otros 30 identificados en otros países, sobre todo en Argentina.
Además del Batallón 14 y el SMA, en los próximos meses se iniciarán los trabajos de búsqueda en varios predios privados.
La anciana que “pudo” y que sigue buscando
“Pude”, celebró Alba González. A sus casi 90 años, es una de las fundadoras y más longevas integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El “pude” fue por haber podido estar presente en la identificación de los restos de Sanjurjo. Mientras hablaba, González sostenía firmemente en su mano la foto de su hijo, Rafael Lezama, desaparecido luego de ser secuestrado en la calle en Argentina en 1976, cuando tenía 23 años, y cuyo destino sigue sin saberse.
“Vuelve a casa, a su familia y a su pueblo”
Amelia Sanjurjo fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977. Se la llevaron en plena vía pública, luego que tres días antes, su casa fuera ocupada por un grupo de personas que, “vestidas de particular y con botas negras”, coparan la vivienda y mantuvieran allí retenido a su pareja, Carlos Aguilera, montando una” ratonera”.
Al momento de su desaparición, era la secretaria de Organización del Partido Comunista (PCU). Tenía 41 años y, se presume, estaba embarazada. El accionar en su contra se dio en el contexto de la Operación Morgan, armada por la dictadura específicamente en contra de los militantes comunistas y la estructura orgánica de esa organización.
Fue traslada al centro clandestino de detención de La Tablada y, según confirman sus restos, fue torturada salvajemente mientras estuvo detenida.
“Pocha” como la conocían, vivió siempre en Colón y se desempeñó como vendedora de libros. Familiares la describió como una mujer “coqueta, dulce, cálida y paciente, de hablar pausado y muy tozuda con su pelo alborotado”. Una mujer que, se señaló, dedicó su vida a la militancia y que fue consecuente con ella hasta el final.
“Recién hoy podemos darle un nombre” dijo ayer, emocionada, Alba González, que celebró que “Amelia vuelva a casa, a su familia y a su pueblo”.
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