PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL

RAÚL SANTOPIETRO

La Intendencia de Montevideo (IMM) enviará a la Junta Departamental un proyecto de decreto que elevará “radicalmente” las sanciones económicas para aquellas empresas que viertan basura de forma irregular en predios que no están previstos para la disposición final de residuos.

“La intención es que sea un castigo. Y que quede claro para las empresas que no sirve evadir sus obligaciones porque las multas son baja”, explicó a El País el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi.

Actualmente, la mayor sanción que puede recibir una empresa por tirar sus residuos fuera de la usina Felipe Cardoso -sitio destinado a la disposición final de residuos- puede llegar a un monto máximo de 350 unidades reajustables, que hoy asciende a unos $ 523.000. Y esa fue la multa impuesta por la comuna capitalina, de forma inédita, a la empresa de volquetas Atlas por arrojar escombros al agua.

Precisamente, uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades de la comuna capitalina es la contaminación en los cursos de agua. De hecho, todos los viernes la intendenta Carolina Cosse se reúne con integrantes de distintas direcciones para abordar este tema en específico, definir planes de acción y elaborar cambios normativos.

En este marco, desde febrero 20 cuadrillas -que involucran unas 250 personas- realizan una limpieza permanente de los arroyos Pantanoso, Miguelete y Carrasco, como la tarea principal del programa de Áreas Liberadas para el Ambiente.

Los funcionarios municipales identificaron en los tres cauces un total de 210 puntos donde se vierten residuos de manera informal, según dijo a El País Fernando Traversa, quien dirige el programa con foco en los cursos de agua. Además, se llevan retiradas 18.600 toneladas de residuos, de los cuales 9.600 son del Pantanoso, 6.900 de Carrasco y 2.100 del Miguelete. La diferencia en las cantidades se da por el orden en que se vienen desarrollando los trabajos, ya que se inició por el arroyo Pantanoso, se siguió con la cuenca de Carrasco y el último en ser abordado fue el cauce del Miguelete.

Teniendo en cuenta el material que carga, un camión puede llevar en promedio unas siete toneladas; lo que la comuna ya quitó equivale a unos 2.657 viajes de camiones repletos de residuos.

Moncecchi explicó que el punto de partida del trabajo que viene realizando la comuna fue un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mostró en detalle 82 puntos y las causas por las que se generaba allí una disposición informal de residuos. En algunos casos era basura de vecinos que se tiraba en lugares por fuera del sistema de recolección, en otros era fruto de actividades delictivas como la quema de autos y también se detectaron situaciones de empresas que arrojaban grandes cantidades de basura en sitios no permitidos. Y en base a ello fue que la Intendencia de Montevideo realizó el relevamiento en los otros cauces.

Para el director de Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina es esencial abordar esta problemática de forma integral.

“Podés considerar cada punto como una situación diferente y lo tratás de a uno. Lo hacemos sistemáticamente. Pero lo que sucede a veces es que más allá de cómo se resuelve localmente el problema, empezás a identificar patrones”, explicó el jerarca.

“Eso es lo realmente importante y dispara acciones genéricas. Yo empiezo a detectar que hay mucho vertido de empresas en determinados puntos y ataco la normativa para aumentar las multas. O detecto gente que hace clasificación informal y está tirando residuos al arroyo porque le sale muy caro llevarlo a Felipe Cardoso, y en estos casos busco cómo, a través de la integración, se exonera el pago en determinadas circunstancias. Todo con un mismo objetivo: que los residuos terminen en el lugar donde deben terminar”, agregó.

Moncecchi destacó que la implementación de cambios normativos servirá para dar más herramientas a otra política que se está aplicando desde el 1° de agosto: una mayor fiscalización. Esto se hace a diversos niveles. Por un lado, se controla mediante cámaras la existencia de vertederos clandestinos. Por otro, se re-levan los movimientos de los vehículos destinados al transporte de residuos. Y, además, se controla cuáles son los mecanismos que utilizan los comercios de determinado porte para eliminar sus desechos.

Con ello se pretende atacar parte de las causas y así evitar que en última instancia la basura termine en los arroyos.

Las autoridades explicaron que si bien en los 210 puntos donde se vierten residuos de manera informal hay una variedad enorme de casos, se puede estimar en un 10% o menos de los residuos que se retiraron de los cauces y que fueron allí vertidos por una causa delictiva, son autos quemados, en su mayoría. Allí la Intendencia de Montevideo entiende que no puede atacar la fuente de ello porque corresponde al Ministerio del Interior y su función se limita a retirarlos para evitar el impacto medioambiental.

Otro 40% corresponde a residuos domiciliarios que son arrojados a los arroyos porque el sistema de recolección no es usado por los ciudadanos. “Incluso viviendo muy cerca del contenedor hay gente acostumbrada a tirar en el curso de agua. A veces es un tema de comodidad, pero incluso a veces tiene que ver con el formato en que se da el sistema de recolección”, aseguró Moncecchi. Y por ello la comuna amplió su variedad con servicios de camiones, motocarros y recolección manual, dijo.

“Hay que trabajar este tema, porque son soluciones muy locales pero impactan en gran medida. Cuando un vecino tira en el agua residuos está resolviendo un problema en lo inmediato, porque entiende que eso es preferible a no dejárselo al vecino de al lado. Se está perdiendo de vista que agua abajo estás llenando de basura”, sostuvo Moncecchi.

El restante 50% responde a empresas que no llevan los residuos a los sitios de disposición final y los arrojan de forma irregular en los arroyos. La explicación, en gran parte de estos casos, es económica, ya que hacen la ecuación del costo que les implica tratar los residuos ajustados a la norma -pagando el costo por tonelada que ingresa en Felipe Cardoso- frente al monto de una eventual multa, y prefieren correr el riesgo de ser sancionados.

Es por ello que una de las mayores apuestas de la comuna es elevar “de forma considerable” los montos por incumplimiento.

Al mismo tiempo, la Intendencia de Montevideo reforzará el control mediante cámaras de vigilancia. Esto será utilizado para monitorear los cauces de agua pero también vertederos clandestinos que estén ubicados a lo largo y ancho del departamento. Actualmente hay 20 cámaras que funcionan exclusivamente para detectar cuestiones ambientales. Y se complementa el relevamiento con el acceso a otras 100 cámaras que son propiedad del Ministerio del Interior.

En este sentido, se estima aumentar a 200 el total de cámaras que podrán ser vistas por personal de la intendencia.

Por otra parte, se creó una división específica, integrada por diez funcionarios, para dedicarse exclusivamente a la fiscalización medioambiental. Estos trabajadores tienen asignada la tarea de recorrer comercios de determinado porte para constatar cuál es el sistema de recolección de residuos que utilizan, de forma de controlar que efectivamente sus desechos culminen siendo tratados en la usina de Felipe Cardoso y no en lugares informales.

Desde que se inició con las acciones de fiscalización, según relató Moncecchi, se comprobó que en el caso de las empresas que arrojan sus residuos en los arroyos en su mayoría son escombros y desechos de obras civiles.

“Hay otros en los que en realidad es una empresa que está volcando para ahorrarse plata y que genera ciclos informales con clasificadores o con gente que cobra para que tiren en determinados lugares. Esos son muy estables y muy grandes”, agregó Traversa.

Y por último, entre los casos que se enfocaron en controlar a dónde vierten los transportistas, se identificó un servicio de limpieza de una feria que no tenía autorización para llevar residuos. Esto implica que no puede ingresar a la usina de Feli- pe Cardoso, por lo que para las autoridades, es evidente que los residuos se llevaban a un lugar informal.

La intención de la Intendencia de Montevideo es poder atacar de una forma más abarcativa la problemática de los residuos que terminan en causes de agua. Se trata de varias toneladas de basura y la comuna está manejando distintas opciones.

Además de las sanciones, que se pretende impliquen multas con montos mayores para “castigar” a las empresas, también se enviará otro proyecto de decreto a la Junta Departamental de Montevideo para que flexibilice las exigencias a la hora de ingresar a un predio privado que esté siendo utilizado como basural.

Actualmente, si las cuadrillas de la Intendencia de Montevideo pretenden acceder a un predio privado donde se arrojan grandes volúmenes de residuos, para retirarlos, necesita pasar por un proceso judicial en el que se intime al dueño del terreno. Esto puede llevar meses, mientras la basura y las eventuales consecuencias sanitarias permanecen allí.

Es por ello que desde la comuna capitalina resolvieron modificar la normativa permitiendo que se habilite el ingreso a los predios aún siendo privados de forma más ágil sin esperar un proceso de intimación, aludiendo al riesgo sanitario que implica para la población.

A partir del 1° de agosto la Intendencia de Montevideo comenzó, además, una mayor fiscalización de los transportistas que se dedican a brindar el servicio del traslado de residuos.

Para ellos, quienes estén registrados deben contar con GPS que permita a la comuna capitalina hacer el seguimiento de sus traslados de forma que se pueda controlar dónde están realizando los vertidos.

Si bien se establece que deben descargar lo que transportan únicamente en Felipe Cardoso, como ello implica un costo para las empresas hay casos en los que optan por arrojarlos en vertederos clandestinos.

Es por ello que las autoridades municipales exigen que se cuente con GPS para poder seguir sus recorridos y monitorearlos junto a los relevamientos de cámaras de vigilancia que permiten identificar lugares informales.

De esta forma, la intendencia controlará qué vehículos identificados para el transporte de residuos están descargando en zonas identificadas como vertederos clandestinos. Y en caso de que se constate este comportamiento garantizará que se apliquen sanciones, posiblemente mayores a las actuales.