POCITOS
La empresa mantendrá en custodia el predio durante un período de diez meses (prorrogable) sin pagar el canon, permitiéndose la realización de algunos eventos.
La Intendencia de Montevideo rescindió el contrato de concesión del parador Kibón con la empresa Afacor S.A., que lo gestiona desde 2011 y había amenazado a la comuna con llevarla a un juicio millonario en dólares. La firma denunció un cambio en las reglas de juego cuando el lugar se comenzó a convertir en un punto de encuentro de jóvenes que, entre otras cosas, hacían picadas de motos y automóviles, lo cual no era compatible con las fiestas y eventos que llevaba adelante. Además, la IMM le había prometido que quitaría la terminal de ómnibus adyacente, lo cual nunca ocurrió.
El corolario de este enfrentamiento entre Afacor y la comuna fue la rescisión de común acuerdo y la exoneración de una deuda millonaria. A su vez, la empresa mantendrá en custodia el predio durante un período de diez meses (prorrogable) sin pagar el canon, permitiéndose la realización de algunos eventos. El director de Promoción Económica de la IMM, Ricardo Posada, informó a El País que ya están prontos los pliegos para enviar a la Junta Departamental y hacer el nuevo llamado a licitación.
Según el acuerdo de rescisión, Afacor estará obligada a continuar abonando el pago de los impuestos, tributos y servicios que han sido de su cargo durante la ejecución de la concesión. Y además deberá encargarse del mantenimiento del inmueble y zonas adyacentes.
Picadas y choripanes.
Según un primer petitorio de conciliación presentado por Afacor en la Justicia, el entorno de Kibón se transformó en un lugar “en el que se concentran cientos de personas los días en que más eventos y comensales se preveía tener, con música a todo volumen y circulando a altísimas velocidades”.
“Pese a lo notorio de todo esto, los controles de la IMM brillan por su ausencia, lo que de alguna forma ha legitimado esa situación y convertido el lugar en el ‘punto de encuentro’ de los vehículos ‘tuneados’ (…). Todo esto se generó por la negligencia y desidia de la Administración Pública, omisa en el cumplimiento de sus deberes contractuales (emanados de la licitación adjudicada a nuestra empresa) y de sus deberes genéricos de policía de tránsito, orden y seguridad ciudadana”, agrega el documento al que accedió El País.
El escrito agregaba que la transnacional “Moby Dick” se había interesado en una cesión parcial de la concesión (prevista como admisible en el contrato de concesión), para instalar al menos uno de los dos restaurantes previstos en el proyecto. “Obviamente, el del ala oeste, no el que da hacia el bellísimo panorama que nos brindan hoy la terminal de buses y el carrito de choripanes”, anotaba.
“Como es de público conocimiento, y existen múltiples denuncias de ciudadanos que lo avalan, en las inmediaciones de Kibón se reúnen principalmente los días viernes y sábados en horas de la noche (los días claves para la explotación del inmueble), cientos de individuos que concurren en sus autos acondicionados para carreras callejeras y con dispositivos de audio de gran porte (...) con la música a todo volumen”, agregaba el escrito judicial.
Hace algunos meses, se comenzaron a hacer operativos en la zona, que incluyen “piquetes” de control policial a la altura del cartel de Montevideo los viernes y sábados a la noche, y el cierre del ingreso de vehículos hacia el parador desde la rambla.