EFECTOS COLATERALES

El trepidar de un teléfono, de esos 0800, es el sonido más evidente de la desesperación que asalta a miles de inmigrantes. La última semana, con la pandemia por el nuevo coronavirus en curso, el Ministerio de Desarrollo Social no paró de atender las llamadas de extranjeros acuciados por un plato de comida o un techo: 180, en promedio, cada día.

Primero fue el “virus chino”, como lo tildaron, y que llevó a la discriminación de buena parte de la población asiática. Después fue la prohibición del ingreso de pasajeros de algunas nacionalidades, como si el coronavirus tuviese partida de nacimiento. Más tarde fue el cierre de fronteras, que para el caso uruguayo redujo la movilidad humana a la mitad en el acumulado de marzo y que hizo aflorar el término “varados”. Y luego, el coletazo económico de una crisis que se empeña, con especial énfasis, con los migrantes.

Entre los más de 70.000 pedidos de subsidio por desempleo que recibió este mes el Banco de Previsión Social, el 41% correspondió al comercio, alojamiento y servicios de comida; áreas en las que se emplea mayormente la inmigración reciente. Eso sin contar a los trabajos más precarios e informales.

Para muchos de estos recién llegados al país, “no trabajar un día significa no comer”, dice el abogado Juan Ceretta. A veces, incluso, redunda en quedar de patitas en la calle.

A la pensión de Río Negro y Uruguay, en el corazón del Centro montevideano, se entra por una cortina metálica, de esas de comercio que se cierran con candado por fuera. Decir “se entra” parece un chiste de mal gusto. Porque “unos matones” fueron a desalojar a la fuerza, sin orden policial y mucho menos judicial, a los 21 inmigrantes que allí residían.

Dorgelys Vázquez (42 años, cubana, con 14 meses de residencia en Uruguay) fue despedida el viernes de la confitería en la que se empleaba. Antes, antes de que la crisis bajara las ventas que obligaron a su despido, juntaba lo suficiente para “picotear algo” y pagar los $ 11.000 mensuales que le cobraban la pieza en esa céntrica pensión. Ahora, ahora que los inquilinos dejaron de pagar al enterarse que la finca era ilegal y que los “matones” los fueron a desalojar, iniciará un recurso de amparo y denuncia penal (por privación de libertad y justicia por mano propia) con el auspicio del abogado Ceretta.

“Cuando los cubanos entramos por la frontera (con Brasil) llegamos sin un centavo y sin garantías bancarias para un alquiler regular”, cuenta Vázquez con el malestar de quien pasa horas sin agua y sin luz. “Hay quienes se aprovechan de nuestra situación, incluso de los tres niños que viven con nosotros, nos cobran carísimo por algo que no está registrado en los organismos oficiales”. Y, cuando una gota derrama el vaso, viene el desalojo.

El Poder Judicial tramitó 1.178 desalojos en Montevideo el año pasado. Pero esta cifra es “solo la punta del iceberg”, dice Ceretta. “Estos desalojos no incluyen aquellos que se dan por la sola orden policial, como ocurre en pensiones regulares, y mucho menos las expulsiones de las varias pensiones irregulares, y muchísimo menos aún de las estafas”, enumera el docente universitario en una especie de categorización de los problemas habitacionales que padecen los inmigrantes.

Las autoridades uruguayas estiman que los problemas habitacionales de los extranjeros se evidenciarán más cuando venza este mes de pago. Mientras, “los pedidos más recurrentes son por alimentación”, dice Luisa Rodríguez, directora de Promoción Sociocultural del Mides. En este sentido, la dependencia que ella comanda venía acostumbrada a asesorar en la regulación de documentación y ahora pasó sus esfuerzos a la contingencia alimenticia.

Según Tania Pacífico, representante de la Organización Mundial para la Migraciones en Uruguay, “preocupa mucho que se estén viendo estas consecuencias recién a las dos semanas de haber iniciado la pandemia en el país”.

Naciones Unidas visualiza que “este será un fenómeno de largo plazo” y que “con seguridad reconfigurará la movilidad humana”. Pero las consecuencias exactas, aún son impredecibles. Pacífico prefiere centrarse en el hoy: “hay gente sin vivienda o en pensiones hacinadas cuya distancia social es muy difícil, hay gente sin dormir bien, sin comer o sin la higiene básica, hay gente varada y gente que puede pensar que el distanciamiento implica discriminar al otro”.