Redacción El País
La Intendencia de Maldonado informó este miércoles que comenzó el proceso de demolición de casas en la faja costera de Punta Colorada, luego de un proceso judicial que llevó varios años.

Cuadrillas de la comuna tomaron posesión de las construcciones conocidas como "techos rojos" y de la casa principal de la zona. Precisamente, esa vivienda fue demolida, al igual que una de las pertenecientes a los "techos rojos".

Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Con respecto a las otras tres, se les buscará otro fin y así recuperar un "pedazo de costa" para el disfrute de la población en general, dijo el intendente Enrique Antía.

A una de las casas de "techos rojos" se trasladará la ONG SOS Recate de Fauna Marina, en otra se instalará una escuela de vela de Punta Colorada y la tercera será licitada como cafetería.

Foto: Intendencia de Maldonado.

De esta forma, manifestó el intendente, se está "cumpliendo la sentencia judicial de recuperar la costa" luego de "más de 15 años". A su vez, señaló que esto "no cambia la fachada de Punta Colorada y sin duda va a ser un lugar de mucha visita porque es un lugar hermoso".

Adriana Graziuso, directora general de Asuntos Legales, dijo a su vez que "solo una de las personas que ocupaba la casa se hizo presente y está retirando los muebles", y que es "muy importante" su participación porque "puede ver todo el proceso ajustado a derecho".

Foto: Intendencia de Maldonado.

En abril el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de la Intendencia de Maldonado y habilitó a la comuna a demoler las casas de la faja costera de Punta Colorada ubicadas en terrenos de uso público.

Por otro lado, en enero de este año la Fiscalía de Maldonado archivó la denuncia penal contra el intendente Antía en el marco de la intención de la comuna de derribar las casas ubicadas sobre la playa de Punta Colorada.

Previamente, en noviembre de 2023, en un fallo de primera instancia, el juez Federico Rodríguez desestimó la acción de amparo que presentó la familia de Punta Colorada que decía ser la propietaria del predio y de las casas.

Foto: Intendencia de Maldonado.

Marcelo Güinle, abogado de la familia González, que decía ser la propietaria de los terrenos, dijo a El País que lo que sucedió es "una situación bastante injusta".

"El mayor avasallador de los derechos de las personas es el Estado y este es un ejemplo de clase de eso. La familia González compró estos terrenos en 1896 y los habitó ininterrumpidamente, seis generaciones de una misma familia vivieron acá, y cien años después de la compra a un burócrata municipal se le ocurrió que estos terrenos no son de la familia González sino que son terrenos públicos", añadió.

En este sentido, dijo que la comuna dejó de cobrar la Contribución Inmobiliaria y "empezó una campaña de hostigamiento que termina con esto, venir con una máquina y destruir la casa". "Hoy es la de la familia González pero puede ser la mía o la de otro porque al Estado se le ocurre", concluyó.