ALUMBRADO PÚBLICO

La Intendencia de Montevideo resolvió no entregar la información que le fue requerida por el Partido Nacional sobre la multimillonaria compra de 70.000 luminarias para la capital, que ha sido objetada, al menos, por una de las empresas que participaron en el proceso licitatorio.

Como diera cuenta El País, una de las firmas que participó en este llamado por US$ 25 millones, Habilis S.A., denunció públicamente la existencia de irregularidades en el proceso. Y no descartó la posibilidad de hacer una denuncia judicial contra la administración de Christian Di Candia.

Luego de dos licitaciones fracasadas, la Comisión Supervisora de Contrataciones de la IMM recomendó aceptar la oferta de la firma Prodie S.A., que en una instancia previa había sido eliminada por presentar certificados “presuntamente falsos”, según consta en una resolución municipal del 27 de diciembre de 2017.

El caso tuvo repercusiones políticas con una solicitud de investigación del diputado nacionalista Jorge Gandini y un pedido de informes realizado desde la Junta Departamental por el edil Javier Barrios Bove.

El legislador departamental recibió ayer una respuesta de la administración que lo descolocó: “En virtud que el procedimiento al que se hace referencia aún no ha culminado, se entiende que las consultas deberán ser evacuadas una vez que haya finalizado el mismo”.

Esa lacónica respuesta, firmada por el gerente de Compras de la comuna, Gustavo Cabrera, generó la reacción de Barrios Bove.

“Es insólito que frente a un proceso de compra que ha sido cuestionado por las empresas participantes, frente a las legítimas consultas de un edil ejerciendo las funciones de contralor, justamente sea la División Compras de la Intendencia la que recomiende no responder hasta tanto no se haya terminado el proceso ¿Qué se esconde?”, se preguntó.

“No se desmiente. Y por ende no queda claro si una empresa que supuestamente falsificó documentos hoy sería la adjudicataria. Debemos pensar que el que calla otorga. Es todo muy oscuro. Y la respuesta de la Intendencia, en vez de echar luz, solo arroja más dudas. Si está todo bien, todo en regla, ¿por qué no se contestan las preguntas? Tampoco sabemos si la División Jurídica realizó una denuncia frente a los supuestos documentos falsos. Es todo muy raro, nunca había recibido una respuesta así de parte de la administración”, agregó el legislador de la lista 250.

Fuentes municipales consultadas por El País señalaron que existe confianza en la actuación de los jerarcas a cargo que han tenido contacto con el expediente, como el director de la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP), Pablo Chavarría, el gerente de Compras Gustavo Cabrera y el titular de la División Jurídica, Ernesto Beltrame.

También se indicó que aunque se haya preseleccionado a Prodie S.A. en un proceso de compra directa por excepción, “será el Tribunal de Cuentas el que en definitiva le dará el visto bueno” al proceso. “Vamos a hacer la consulta a un administrativista grado 5 y después lo vamos a mandar al Tribunal”, agregaron las fuentes.

En una carta enviada por la firma Habilis a la Intendencia se señala que la administración “cuenta con información suficiente, clara y contundente, para confirmar que la empresa Prodie S.A. presentó ensayos de tipo falsificados de las luminarias Kanglight como parte de los documentos adjuntos y excluyentes de la oferta presentada en la licitación pública 670/2018”. “Esta situación y modo de accionar se mantuvo posteriormente, cuando volvió a entregar información falsa (ensayos de tipo de las luminarias Kanglight falsificados) como parte de las respuestas a las consultas realizadas por la IMM”, agrega la misiva.

El mes pasado se comenzaron a difundir comentarios y documentos en Twitter a través del trol @ArrozVez, acusando a la Intendencia de distintas irregularidades en este proceso licitatorio. El secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, comenzó a seguir esta cuenta en la red del pajarito, pero luego revirtió su decisión.

Patente

Más de 100.000 multas con cámaras en Montevideo

La fiscalización electrónica de patentes que viene haciendo la Intendencia de Montevideo permitió aplicar más de 100.000 multas a morosos. Esto equivale a un 12% de los autos que circulan en la ciudad.

Si bien la fiscalización se realiza dentro del departamento de Montevideo, por un acuerdo con el Congreso de Intendentes tiene alcance nacional, por lo que este tipo de procedimiento se viene aplicando también para los vehículos empadronados en el interior. En ese caso, los datos son enviados por Montevideo al departamento correspondiente y el período para regularizar es de 72 horas.

La fiscalización tiene dos principales líneas de acción: contralor de deudas recientes y de autos con una morosidad superior a los cinco años. En este último segmento, está previsto el retiro de las chapas del vehículo.

En el caso de las deudas recientes -dos cuotas o más- se fiscaliza en el tránsito mediante 15 cámaras distribuidas en todo el departamento, que son capaces de ver y controlar hasta 300.000 vehículos al mes.

De esta forma, se verifican cuáles son los coches que están circulando con deuda y se les aplica una multa que equivale al 25% del monto de la patente anual.