Intendentes de varios departamentos plantearon esta mañana al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la plana mayor de la Policía, el enorme problema de convivencia social generado por las personas en que viven en la calle que "copan" plazas y avenidas.

En la reunión, el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi (Partido Nacional), afirmó que, en su departamento, hay muchos cuidacoches que se instalan a beber o consumir sustancias en plazas de la ciudad de Melo.

"Es posible que el Ministerio del Interior no pueda actuar por un tema de derechos humanos. Pero es muy importante que hable con la Fiscalía de cada departamento para tratar de hacer algo", pidió Yurramendi.

El jefe comunal sostuvo que en Cerro Largo hay 30 personas que ofician de cuidacoches y agregó que provienen de otras zonas del país. "Los vecinos no pueden ir a una plaza pública. No se puede estar en esos espacios, porque ellos copan la plaza pública donde duermen y hacen sus necesidades. (...) Son agresivos", agregó Yurramendi.

En tanto, la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido (Frente Amplio), afirmó que en 2019 habían unas 100 personas viviendo en las calles en el departamento canario y hoy ya son unas 500.

"Solo en el Centro de Las Piedras tenemos 100 personas sin hogar. En coordinación con los ministerios de Interior y de Transporte sacaremos el último campamento ubicado al costado de la vía del Ferrocarril Central. Aplicando la Ley Orgánica Municipal y el artículos 14 de la Ley de Faltas, logramos que vecinos y vecinas ocupen los espacios públicos", dijo.

Foto: Francisco Flores.

Por su parte, el intendente de Rivera, José Mazzoni (Partido Colorado), indicó que en la capital de ese departamento hay 70 personas que viven en la calle.

Señaló que en Rivera existen refugios del Ministerio de Desarrollo Social que atienden a las personas sin hogar. "No pueden transformarse en un hotel. Consideramos que eso es lo que está pasando en Rivera. Ellos (las personas en situación de calle) son nómadas. Entonces tienen alojamiento, cama y comida. Y de mañana se van y pasan todo el día en espacios públicos", sostuvo Mazzoni.

Mientras que la intendenta de Paysandú, Nancy Nuñez (Partido Nacional), afirmó que también le preocupa la cantidad de personas en esta situación en el departamento y señaló que trabaja el problema en coordinación con el jefe de Policía, Alejandro Sánchez.

Foto: Estefanía Leal

En Tacuarembó, la intendencia procura dar una respuesta social a quienes duermen en las veredas en coordinación con la Fiscalía y la Policía. "Esa problemática nos supera a cada institución. Por eso estamos trabajando en el tema" en conjunto, explicó el intendente de Tacuarembó, Juan Antonio Otegui (Partido Nacional).

Acompañado por el director Nacional de Policía, José Manuel Azambuya, y el subdirector, Alfredo Clavijo, el ministro Negro señaló a los intendentes que "duele el drama" que viven muchos uruguayos por carecer de un hogar.

El jerarca agregó que hoy hay 5.000 personas que viven en la calle en el país. "La mitad de ellas pasó por la cárcel", dijo Negro y añadió que viven en la calle como si estuvieran dentro de una prisión.

En otro tramo de la reunión en el Congreso de Intendentes, Negro afirmó que técnicos de la cartera trabajan en la implementación de un sistema de identificación de motocicletas a través de un tag colocados en los cascos, chalecos y vehículos, que permitirá ubicar enseguida a los propietarios que cometan infracciones o delitos.

Durante su intervención, el intendente de Florida, Guillermo López (Partido Nacional), coincidió con Negro acerca de la necesidad de identificar a los motociclistas y las motos. "Muchas veces (para el dueño de la moto incautada) es preferible comprar un vehículo nuevo a que regularizar el decomisado. Ahí entramos en un círculo vicioso", sostuvo.

Por su parte, la intendenta de Flores, María Cristina Bidegain Lutz (Partido Nacional), afirmó que compartía la inquietud del ministro del Interior y de las autoridades policiales sobre el problema causado por las motos que circulan en forma irregular. Y recordó que las incautaciones generan continuos gastos a la comuna por concepto de alquiler de depósitos.

En tanto, el intendente Mazzoni señaló que tiempo atrás la Intendencia de Rivera analizó rematar 2.000 motos incautadas, pero no lo hizo porque llegó a la conclusión de que éstas iban a ser utilizadas en ilícitos o en comercialización ilegal de repuestos. Agregó que finalmente las motos fueron destruidas generando 260 toneladas de chatarra.

"Obviamente, en el departamento de Rivera están los depósitos del Ministerio del Interior y de Aduanas colapsados de chatarras" de motos, afirmó el jefe comunal.

Foto: Francisco Flores.

En su intervención, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino (Frente Amplio), dijo que el parque de motos capitalino tuvo un crecimiento sistemático.

"Por ello, necesitamos una coordinación efectiva (entre el Ministerio del Interior y las intendencias). Los inspectores de tránsito (de Montevideo) han sufrido muchas veces agresiones en la vía pública cuando realizan procedimientos" de fiscalizaciones de este tipo de vehículos, dijo el jefe comunal capitalino.

Con respecto al destino de los birodados incautados por funcionar en forma irregular, Zunino recordó que la IMM trabaja en una experiencia piloto, financiada con fondos de cooperación internacional, relacionada con la recuperación de metales extraídos de partes de motocicletas.

Por su parte, el intendente de Tacuarembó, Juan Antonio Otegui (Partido Nacional), indicó que todas las comunas están saturadas de motos incautadas y agregó que los costos de arrendamientos de depósitos son elevados.

Otegui sostuvo que hay experiencias exitosas con el manejo de la basura electrónica —celulares y computadoras— que se han implementado con beneficios fiscales a través de fideicomisos. Y propuso que, con ese instrumento, el Ministerio del Interior impulse un plan global por la gran cantidad de motos incautadas existente en todo el país.

En tanto, el presidente de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, planteó que debía continuar la fiscalización de motos "en forma conjunta" entre intendencias y Ministerio del Interior porque se trata de "un problema de seguridad pública" y no solo de tránsito.

Por su parte, el secretario del Congreso de Intendentes y coordinador del Sucive, César García Acosta, dijo que con la instrumentación de la matrícula digital todos los propietarios de bidrodados quedarán identificados. "Se tendrá toda la información en linea del titular del vehículo" que cometa una infracción, agregó.

La intendenta Núñez recordó que la principal problemática del departamento sanducero hoy es la cantidad de caballos en la vía pública, lo cual ha ocasionado "muertes" y "serios problemas de tránsito".

Al finalizar la reunión en el Congreso de Intendentes, el ministro Negro afirmó que iba a estudiar los temas planteados por los jefes comunales.

Negro informó que, junto con el comando policial, diseña estrategias para encontrar paliativos a la situación de las motos porque su uso está vinculado a la seguridad pública. "Casi en el 45% de las rapiñas se cometen utilizando una moto; ahí está el foco de nuestra preocupación", concluyó el ministro.