Entre enero de 2010 y diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior recibió 37.058 denuncias sobre personas ausentes. De ese total, 57% eran menores de edad al momento de su desaparición.

Así, el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes (DPBA) del ministro abrió fichas a 1.664 niños y niñas en ese período. También a 19.693 adolescentes, 11.908 de los cuales eran mujeres.

A diciembre, 36.878 de esas denuncias habían sido cerradas tras la investigación correspondiente. Eso sucede cuando la persona en cuestión es encontrada. Eso sucedió con 1.663 niños y 19.674 adolescentes.

Las cifras corresponden a la respuesta que el ministerio envió a un pedido de informes efectuado por la bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado, y evidencia la magnitud de un viejo problema estructural: las “fugas” o “salidas no autorizadas” de menores que están bajo el amparo del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Al no estar en un régimen de privación de libertad, estos chicos técnicamente son libres de salir de la institución sin dar aviso. El protocolo indica que, cada vez que eso sucede, el organismo debe dar aviso a la Policía.

Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la adolescente de 16 años que, embarazada, murió en el mes de mayo después de un cesárea al dar a luz tras un embarazo de 32 semanas producido en un contexto que es de explotación sexual. La víctima estaba sometida a una red de adultos que operan en el lado brasileño de la frontera, según arrojó la investigación.

La joven había registrado 17 “salidas no autorizadas” desde que fue ingresada, en julio del año pasado. Así lo aseguró en los últimos días Natalia Argenzio, directora del INAU en representación del FA. El hecho constituyó además la primera muerte materna ocurrida en el país en lo que va de este año.

La chica había retornado en marzo de este año junto a su madre, con seguimiento del organismo.

El fenómeno de menores que salen de forma imprevista de la institución ha venido incrementado con el paso de los años. En 2019 habían sido 948 casos. En 2020 fueron 1.407 y en 2021 llegaron a 1.605 casos, según cifras oficiales. En muchos casos, cada menor registró varias salidas de este tipo.

Para diversas organizaciones sociales, el INAU tiene responsabilidad en esto, porque incurre en omisión con estos menores que se encuentran bajo su amparo.

La Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera denunció que la muerte de la menor en mayo dejó al descubierto la vulneración que sufren estos menores que, dicen, están expuestos a ser captados por redes de trata que operan en la frontera. Basada en cifras oficiales, la comisión afirmó que la cantidad de menores bajo amparo pasó de 6.000 a 8.000 en los últimos tres años. Este incremento fue adjudicado al “aumento de la pobreza” en dicho período, y que afecta sobre todo a las infancias y adolescencias.

Foto: Estefanía Leal

Por otra parte, y también según cifras oficiales, el Poder Judicial envió el año pasado al INAU unos 56 mil oficios, detallando presuntos casos de violación a los derechos humanos de menores de edad. Con esas cifras, la comisión remarca que cualquier seguimiento de los casos resulta “imposible”.

El informe, al que accedió El País, señala que la permanencia de estos jóvenes en el sistema puede prolongarse por más de cuatro años. También que uno de cada tres menores bajo el sistema de protección recibe psicofármacos, pero sin acceso a psicoterapia o seguimiento en el sistema de salud. Por otra parte, se subraya que el año pasado unos 1.000 jóvenes “egresaron” del sistema al haber cumplido 18 años, sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado.

En julio de 2022 una misión de la Organización de las Naciones Unidas había expresado su preocupación por la ocurrencia en Uruguay de “desapariciones” de niñas, adolescentes y mujeres. En particular, luego de haber estado bajo protección en centros del INAU.

A través del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), la Institución Nacional de Derechos Humanos desembarcó días atrás en Rivera para, “en la máxima reserva”, investigar los hechos que derivaron en el fallecimiento de la adolescente.

En marzo de este año el organismo había concluido un trabajo sobre la Región Este del INAU.

En sus conclusiones, señaló que en cuanto a las salidas no acordadas el desafío es “ajustar los protocolos de actuación” más allá de lo administrativo.

Así, se subrayó la necesidad de adjudicar los recursos necesarios, tanto técnicos como materiales, para revertir este tipo de situaciones.

El caso de la adolescente de Rivera provocó además que los distintos organismos involucrados traten de determinar el alcance de su responsabilidad específica. El presidente de INAU, Guillermo Fossati, dijo a El País que solicitó información a Rivera. Entre otros aspectos, reclamó a la oficina local un informe por escrito sobre todo el proceso que allí se llevo adelante en torno a la situación de esta adolescente. Fossati habló de la carencia de un verdadero “sistema” de protección integral y coordinado para estos chicos.

En tanto, las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), decidieron en los últimos días abrir su propia investigación para comprobar si hubo algún tipo de negligencia en el procedimiento que terminó con la tragedia.