ALUMBRADO PÚBLICO

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La multimillonaria compra de 70.000 luminarias para las calles de Montevideo, que ha sido objetada al menos por una de las empresas que participaron en el proceso licitatorio, terminará finalmente en la Justicia Penal.

El director de la División Asesoría Jurídica de la Intendencia, Ernesto Beltrame, resolvió el pasado 9 de julio encomendar a la Unidad Sumarios de la IMM la realización de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que podrían tener el carácter de “delictivos” en el llamado a licitación.

Como diera cuenta El País, luego de dos licitaciones fracasadas, el mes pasado la Comisión Supervisora de Contrataciones de la IMM recomendó aceptar la oferta de la empresa Prodie S.A., que en una instancia previa había sido eliminada por presentar certificados “presuntamente falsos”, según consta en una resolución municipal del 27 de diciembre de 2017.

Una de las firmas que participó en este llamado por US$ 25 millones, Habilis S.A., denunció públicamente la existencia de irregularidades en el proceso.

En una carta que Habilis le envió a la Intendencia, se señala que la administración “cuenta con información suficiente, clara y contundente, para confirmar que la empresa Prodie S.A. presentó ensayos de tipo falsificados de las luminarias Kanglight como parte de los documentos adjuntos y excluyentes de la oferta presentada en la licitación pública 670/2017. Esta situación y modo de accionar se mantuvo posteriormente, cuando volvió a entregar información falsa (ensayos de tipo de las luminarias Kanglight falsificados) como parte de las respuestas a las consultas realizadas por la Intendencia”.

El caso tuvo repercusiones políticas con una solicitud de investigación del diputado nacionalista Jorge Gandini y un pedido de informes realizado desde la Junta Departamental por el edil Javier Barrios Bove, el cual no fue respondido por la IMM “en virtud que el procedimiento al que se hace referencia aún no ha culminado” y “se entiende que las consultas deberán ser evacuadas una vez que haya finalizado el mismo”, según respondió el gerente de Compras de la comuna, Gustavo Cabrera.

Fuentes municipales consultadas por El País señalaron que en este proceso de “compra directa por excepción”, será “el Tribunal de Cuentas el que en definitiva le dará el visto bueno” al proceso.

Una resolución municipal del pasado 9 de julio, que lleva la firma del director de Jurídica al pie, señala que “se desprenden dos aspectos denunciados por la empresa oferente Habilis S.A., a saber: 1) que Prodie S.A. habría presentado ensayos falsificados tanto en su oferta como en una etapa posterior de aclaración a solicitud de la administración, y 2) que a su vez la empresa Ningbo Kangyan Lighting Electrical Co. Ltd. habría realizado una copia de los diseños de la luminaria de la empresa Ningbo Liaoyuan Lighting Co. Ltd. (la cual estaría protegida por una patente internacional), razón por la que esta habría iniciado un juicio en el extranjero contra la primera empresa”.

La resolución firmada por Beltrame agrega que “la documentación presentada por la denunciante (Habilis) carece de los requisitos necesarios para acreditar fehacientemente los hechos invocados, y lo que refiere a una conducta ‘presuntamente delictiva’”. En este sentido, la administración municipal admite que “no posee los elementos ni las potestades necesarias para llevar a cabo la investigación de un supuesto hecho de carácter penal”.