La coalición de gobierno accedió a un pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y anulará el traspaso a ese organismo de un predio histórico del que nadie parece hacerse cargo. La Rendición de Cuentas ponía en manos de esa institución el predio en el que funcionó el excentro clandestino de detención y tortura: La Tablada.

Lo llamativo del caso es que la propia Inddhh rechaza la transferencia. “Nos generaría un problema enorme y está totalmente fuera de nuestras posibilidades” aseguró su presidente, Marcos Israel. En diálogo con El País, señaló que el predio, de 84 años, tiene una deuda de “varios cientos de miles de pesos” con OSE, producto de que allí existen asentamientos que “tienden a crecer”, que “están colgados a algún medidor y donde, por supuesto, nadie paga”.

Israel y sus colegas pidieron dos veces en el Parlamento que el traspaso no tenga lugar. “Si se concretara, no sé cómo haríamos, deberíamos tener un presupuesto aparte”, sostuvo. Sobre todo, remarcó, a la hora de ver cómo afrontar los costos que supondría la vigilancia y la seguridad de ese extenso terreno.

En el Poder Legislativo, los responsables de la Inddhh dijeron desconocer que se les iría traspasar el predio, hasta ahora en manos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Desde este organismo, su presidenta, Rosanna de Olivera, recordó que en enero de 2020, antes del arranque de la gestión, el inmueble había sido cedido en comodato a la Inddhh. Los documentos oficiales indican que en mayo de este año ambas instituciones firmaron la cesión.

Originalmente el predio pertenecía al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y hasta la década de 1950 funcionó allí un hotel para los que llevan sus ganados a la Tablada Nacional.

En 1977 pasó a manos del Ministerio de Defensa, y fue utilizado en la época como centro clandestino a cargo del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA), pasando a ser conocido como “Base Roberto”.

En 2017 la Justicia dispone una medida cautelar sobre el predio y sus edificaciones, como parte de la investigación por la desaparición forzada de Miguel Mato, un militante del Partido Comunista secuestrado en 1982. Diversos testimonios indican que allí también fueron vistos por última vez ‘Oscar Tassino, Ricardo Blanco Valiente y Amelia Sanjurjo, entre otros, entre más de 400 personas que estuvieron detenidas en el sitio.

También, se presume, La Tablada puede haber servido como lugar de enterramientos clandestinos para las víctimas que fueron trasladas desde Argentina en aplicación del Plan Cóndor.

La cautela judicial hizo desistir al Inisa -a cargo del predio desde 1988 a través de uno de sus antecesores, el Instituto Nacional de Menor - de su intención inicial de construir allí un complejo carcelario para los adolescentes en conflicto con la ley.

Además de ostentar la condición de monumento histórico nacional por su pasado, el predio es considerado Sitio de la Memoria, según lo previsto en una ley vigente desde 2018. Un sitio que desde entonces ha sufrido diversos actos de vandalización, el último en julio de este año. La misma Inddhh había expresado entonces su “profunda preocupación” ante estos recurrentes ataques.

El Colectivo Memoria de La Tablada (Cometa) trabaja para mantener vivo el recuerdo y la advertencia sobre lo que allí sucedió.

En diálogo con El País, una de sus referentes, Antonia Yáñez, recordó que “todo el mundo se ha lavado las manos” sobre el destino del predio, del que hubo intenciones de convertirlo en un museo, debido también a su pasado industrial y ganadero. Yáñez sostuvo que el colectivo que integra desarrolla su tarea prácticamente sin ningún apoyo.

Recordó además que desde la época en que La Tablada funcionaba como establecimiento ganadero existían allí asentamientos irregulares. Un problema que se vio agravado en los últimos tiempos, debido a la promoción en diversas redes sociales de la venta ilegal de terrenos en ese inmenso predio cuyo futuro, tras la resolución parlamentaria, genera no pocas dudas.