SUBASTA

Tras casi dos décadas de litigio, finalmente el Estado uruguayo permitió la subasta de los objetos rescatados del famoso buque inglés Agamemnon (naufragado en 1809 en Maldonado) y del español Salvador, cuya pérdida en 1812 se transformó en la peor tragedia marítima del Río de la Plata, en la que murieron casi 600 personas a tan solo 250 metros de la playa Mansa de Punta del Este.

La subasta de más de 2.000 piezas se hará en mayo en la casa especializada en antigüedades Zorrilla, pero ya ha tenido repercusiones en España.

En una nota publicada por el diario ABC el pasado domingo, se afirma que “el reparto entre el Ministerio de Defensa y los cazatesoros repugna a la comunidad científica y supone un fraude de ley contra la protección del patrimonio”.

“Desgraciadamente, cuando los cazatesoros llegan a un acuerdo con parte de un gobierno, la historia acaba pagándola la sociedad, que asiste impotente a la pérdida del patrimonio”, agrega la publicación.

El producido de la subasta se repartirá entre los rescatistas y el Estado, como ocurrió en la década de los ‘90 con el tesoro en monedas de oro recuperado por Rubén Collado del navío Nuestra Señora de la Luz, naufragado en 1752 frente a Montevideo.

En lo que respecta a la parte privada, los beneficiarios serán los herederos del buzo Héctor Bado, su socio Sergio Pronczuk, y abogados y escribanos que durante años estuvieron sosteniendo la demanda. “Es mejor el 50% de algo que el 100% de nada. Hace 18 años que estábamos esperando esto, como ocurre con las cosas que sacamos del Graf Spee”, declaró Pronczuk a El País.

“En una época había una ley que te permitía hacer estos rescates en Uruguay. Desde hace años esa ley está trancada por un decreto que firmó Tabaré Vázquez. Entre un montón de cosas que quedaron pendientes del gobierno anterior, estaba el solucionar el tema del águila del Graf Spee, así como el remate de la piezas de Maldonado”, agregó el buzo.

Según el rescatista, las dos “joyas” de la subasta son el cañón del Agamemnon, que se sabe participó en la famosa batalla de Trafalgar de 1805 y un sello que el almirante Horacio Nelson (el máximo héroe naval de Inglaterra) utilizaba para lacrar sus cartas personales, el cual está a resguardo desde hace años en una bóveda.

El cañón de 24 libras pesa 3.500 kilos y se encuentra en el Museo Naval del puertito del Buceo. El sello, de bolsillo, conserva su cadena y en su cara tiene una estrella con el nombre “Nelson” en mayúscula. El almirante murió cuatro años antes de que se hundiera el Agamemnon en Punta del Este, por lo que recuperarlo del sitio del naufragio fue como “hallar una aguja en un pajar”.

La repercusión negativa en España por la venta de los objetos del Salvador y del Agamemnon también movilizó al empresario Alfredo Etchegaray, último propietario de los derechos de extracción del Graf Spee e investigador de naufragios históricos desde hace varias décadas.

“Proponemos intercambiar los hallazgos de pecios (restos de barcos) españoles por las toneladas de oro, plata y esmeraldas que expoliaron de las Américas”, ironizó.

“Ese patrimonio nació cuando luego de años de trabajos particulares a riesgo y altos costos, los objetos fueron rescatados legalmente por contrato y con enormes obstáculos técnicos y burocráticos”, agregó Etchegaray.

El empresario recordó que en el remate, el Estado tendrá el derecho a igualar la mejor oferta, si considera que una pieza es relevante para el país.

La venta del águila, otro litigio que continúa sin dilucidación

Consultado por El País, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el expediente sobre los barcos de Maldonado no ha pasado todavía por sus manos, y recordó que el proceso lo heredó de administraciones anteriores. Lo mismo que ocurrió con el águila del Graf Spee, también objeto de litigio desde hace años. “Nosotros apelamos la decisión de la Justicia y no hay ningún remate en vista”, indicó.

“La Suprema Corte determinó que la propiedad era del Estado uruguayo, luego que Alemania había reivindicado la propiedad. La Justicia determinó que el Estado estaba obligado a vender el águila y a dividir lo obtenido con la parte privada, pero nosotros no queríamos que pudiera caer en manos de alguien que pudiera utilizarla como un culto nazi. Queríamos que se negociara entre gobiernos. Por lo tanto, dijimos que no corría una subasta abierta. Como no hubo un acuerdo con las familias (herederos de Bado, Pronczuk y Etchegaray), lo que hicimos fue apelar la sentencia, porque la Justicia no puede obligarnos a vender algo que ella misma dijo que era propiedad del Estado”, agregó García.