El megaproyecto que se quiere construir en la icónica zona rocosa de Punta Ballena está en el centro de la atención desde hace meses. Para frenar su avance hubo miles de reclamos al Ministerio de Ambiente e incluso se solicitó que se declare la zona como área protegida. Lo cierto es que aún quedaba un paso importante: el informe técnico del área de evaluación de impacto ambiental, a partir del cual —sumado a los eventuales descargos de los privados— el ministro tomará una resolución sobre si autorizar la realización del complejo residencial.

El informe de impacto del Ministerio de Ambiente, al que accedió El País, se hizo público el martes y es contundente: se recomienda “rechazar la solicitud del privado, denegando la autorización ambiental previa”. Los técnicos concluyen que el proyecto “generará afectaciones irreversibles sobre la diversidad biológica y el ecosistema terrestre” dada su “extensión y magnitud”. Pero, además, argumenta que “no existe evidencia fundada de medidas de mitigación efectivas” para la afectación que tendría sobre el lugar donde se desarrollaría.

Lainiciativa consiste en la construcción de 29 edificios residenciales en la zona rocosa de Punta Ballena de Maldonado, con una inversión estimada de US$ 100 millones. Cada edificio se quiere hacer —según se desprende del informe de Ambiente— con cuatro niveles, con servicios e infraestructura asociada incluyendo la construcción de ocho salones múltiples, porterías, garajes, piscinas y calles internas.

El proyecto está encadenado a una histórica la disputa por la icónica zona rocosa de Punta Ballena entre la Intendencia de Maldonado y privados que son dueños de parte de los terrenos, algo que ya laudó la Suprema Corte de Justicia. Después de que los privados le ganaran a la comuna, se acordó una transacción donde los privados dieron una parte del terreno a cambio de que se les permitiera construir. Ese convenio se aprobó dos veces en la junta departamental, y se está a la espera del aval ambiental.

Aunque el informe es claro sobre el impacto ambiental que tendría la construcción del proyecto, la resolución la tendrá que tomar el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, después de que se cumpla el plazo de 10 días donde los privados pueden presentar descargos.

Desde el área evaluación de impacto ambiental del ministerio entienden que el “desarrollo residencial planteado provocará una modificación irreversible sobre el paisaje icónico de Punta Ballena cuyo valor ha quedado de manifiesto en este proceso de evaluación ambiental”. Así como también se marca que la “información identificada sobre la presencia de materiales arqueológicos en la zona, provenientes de la Sierra de la Ballena, hubieran determinado la realización de un estudio de impacto arqueológico que no fue requerido”.

Un impacto de “significancia alta” sería la “pérdida de biodiversidad en la vegetación por presencia física de la obra, por desbroce de vegetación, remoción de suelos”. En esa línea, se explica que, “dadas las tendencias actuales de crecimiento de las poblaciones de especies exóticas invasoras”, se “estima altamente probable que ocurra una severa pérdida de hábitat para la vegetación rupícola, la diversidad florística y las especies de interés para la conservación conduciendo a la extinción local de numerosas especies en los próximos 20 años”.

Foto: Ignacio Sánchez.

Además, continúa el informe, la “ejecución del proyecto implicará una pérdida y modificación de hábitat en una superficie equivalente al 33% de la superficie natural de Punta Ballena, 9% de las áreas de prioridad crítica y un 26% del herbazal rupícola, representando un impacto altamente significativo”. Sin embargo, “se mantendrá el 91% de la superficie de áreas de prioridad crítica y porciones representativas de todos los sitios identificados dentro de las áreas de prioridad crítica”.

Por otra parte, se valoraron con una “significancia media” la “afectación al paisaje y la percepción social negativa de la población cercana a causa de la presencia física de la obra”.

Otro de los puntos que se analizó es a qué distancia del agua se prevé la construcción. Para ello se consultó a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, la que concluye que el “proyecto no resulta viable atendiendo a que el mismo se emplaza dentro de los 150 metros desde la línea de ribera”, siendo no compatible con la normativa vigente, “ya sea por no ceder los 150 metros desde la línea de ribera (en caso de que el proyecto sea un fraccionamiento) o por no contar con un plan especial que incluya destinar a espacios libres los primeros 150 metros desde la línea de la ribera (en caso de corresponder a un fraccionamiento no consolidado)”.