PREOCUPACIÓN POR LOS DESEMPLEADOS

En la madrugada del viernes se cerraron las puertas de Casa de Galicia, después de 105 años en funcionamiento.

Distintos problemas e irregularidades desencadenaron, entre otras cosas, una deuda de US$ 10 millones con el BPS y distintos proveedores de la industria. Hubo avances en las negociaciones entre los síndicos de la mutualista y los acreedores. No obstante, el panorama no está claro respecto del futuro de los funcionarios y de la infraestructura del centro asistencial.

El candidato favorito para quedarse con la infraestructura de Casa de Galicia era la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) pero, según explicó el jueves en rueda de prensa el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el ente no dispone de los US$ 20 millones necesarios para adquirirla.

El proceso de venta de la infraestructura está en marcha. Según lo que informó a Canal 5 uno de los síndicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera, dicho proceso consta de diferentes etapas. “Actualmente tenemos los pliegos (condiciones) a la venta, que cuestan 10 mil dólares. La siguiente fecha del proceso es el 5 de mayo, día en el que (los interesados) tienen que depositar US$ 400.000 como garantía de mantenimiento de oferta”, comentó Cabrera.

El 10 de mayo será la fecha final para entregar los sobres con las ofertas que deberán superar una base de US$ 20 millones. Cabe destacar que se tendrán en cuenta los “antecedentes sanatoriales” al momento de escoger al futuro dueño de la infraestructura.

Tanto funcionarios médicos como no médicos están intentando ser reabsorbidos por las otras mutualistas en su totalidad, asegurando un nuevo puesto de trabajo para cada ex funcionario de Casa de Galicia.

En la noche de ayer, la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) firmaron el acuerdo efectivo que involucra a los funcionarios no médicos. El único cambio que presenta respecto al preacuerdo es la incorporación de criterios de prelación, según informó a El País el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Mario Arizti.

De esta forma, se establece que, cada 1000 socios que reciba una mutualista, se contratarán 21 funcionarios no médicos que atravesaran un período de 30 días de prueba.

Aquellos que no sean contratados, recibirán un 50% del salario que cobraban en Casa de Galicia (con posibilidad de extenderlo al 70% si tienen familiares a cargo o esa era su única fuente de ingreso).

El avance en este último y definitivo acuerdo es que se le da “prioridad a los trabajadores que tenían Casa de Galicia como único empleo”, aseguró Arizti. En segundo lugar, la prioridad está en “las jefas de hogar con niños o discapacitados a cargo”, concluyó.

La situación de los funcionarios médicos continúa siendo incierta. Fuentes del MTSS informaron a El País que existe la posibilidad de concretar una reunión el lunes, aunque no lo aseguraron. Mientras tanto, varias familias atraviesan días de incertidumbre económica y laboral esperando la resolución de esta situación.