Redacción El País
Virginia y Silvia son madre e hija, tienen 27 y 60 años y están en prisión en Bolivia desde el 18 de marzo del presente año cuando, al intentar volver a Uruguay de sus vacaciones, la Policía detectó que llevaban siete gramos de marihuana entre sus pertenencias. Ahora, familia y amigos piden la intervención del gobierno para la liberación de ambas.

Fueron juzgadas y enviadas a prisión preventiva por el delito de tráfico de estupefacientes, que en el país sudamericano tiene una pena de entre 10 y 25 años de cárcel. Pero la defensa de ambas demostró que Virginia no es traficante, sino consumidora, y que su madre no es ni uno ni lo otro. El 8 de mayo el fiscal escuchó el pedido de la defensa y cambió la carátula del caso: responsabilizó a Virginia por un delito de consumo -cuya pena no incluye prisión en Bolivia- y sobreseyó a Silvia. Más de un mes después de este cambio, ambas siguen en prisión preventiva.

"Estar preso siendo inocente es una de las peores pesadillas que una persona pueda soportar; si a eso le sumamos que es en un país extranjero, sin redes de contención afectiva, sin visitas que acompañen, sin comprender la idiosincrasia, sin conocer las leyes, las instituciones, las dinámicas culturales, es aterrador", dice la carta que la familia envió este jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la que accedió El País.

El texto sostiene que las condiciones de vida en la cárcel de Obrajes en La Paz son "muy duras y costosas" y expresa preocupación por las tensiones políticas en el país extranjero, en el que este miércoles se frustró un intento de golpe de Estado.

"Hoy necesitamos que el gobierno uruguayo dé un paso más y logre traer de regreso a casa a Silvia y a Virginia. No sabemos cuánto tiempo más podrán soportar las condiciones de encierro; la salud de ambas se deteriora día a día", culmina la carta.

En Bolivia el consumo de sustancias es un delito cuya pena no implica prisión, sino la internación en un centro de rehabilitación. Sin embargo, los extranjeros que cometen este delito son directamente expulsados del país.

Pese a que cada país tiene sus propias leyes en cuanto a estupefacientes "no es una práctica común apresar turistas", menos aún con tan bajas cantidades de marihuana, y lo habitual es que en el aeropuerto "se deseche el material como cualquier material orgánico", aseguró el abogado Rodrigo Rey a El País.

Según Rey, no es la primera vez que esto sucede en Bolivia, pero sí es la primera vez que se consigue demostrar que la persona que portaba la sustancia lo hacia para consumo personal y no para tráfico. Esto fue porque el nombre de Virginia aparece en los registros de un club cannábico uruguayo. Otros no tienen la misma suerte y la única forma de demostrar que son consumidores es mediante un examen médico que, de demorar más de la cuenta, puede dar negativo y jugarles en contra.

Para la Justicia boliviana, ahora Virginia no es una narcotraficante, sino una consumidora. Este miércoles su defensa firmó un acuerdo con el fiscal del caso asumiendo la responsabilidad de haber cometido la imprudencia de llevar la sustancia consigo e incumplir con la normativa boliviana. Ahora aguardan por conseguir fecha y hora de la audiencia en la que se ratificará este acuerdo, que para Rey es "de ejecución incierta".

Según el abogado el problema radica en una demora administrativa que no permite que se ejecute en tiempo y forma lo que dictamina la Justicia.

En el caso de Silvia, cuya salud preocupa a su familia debido a su edad, este mismo jueves llegó a la Fiscalía departamental la notificación de su sobreseimiento. "Y a partir de esa ratificación entraríamos a otra caja burocrática", lamentó Rey y planteó que lo deseable sería que el mandato de liberación de su clienta se ejecute "de acá a una semana". "Haber saltado de un peldaño a otro no quiere decir que el asunto este resuelto", añadió.

Sobre la carta destinada al ministro de Relaciones Exteriores, Rey aseguró que no se trata de "una petición jurídica", ya que entienden que Cancillería no puede intervenir en la jurisdicción de otro país, sino más bien humanitaria y piden que se tenga en consideración que están en riesgo la salud de ambas.

Rey expresó así su preocupación por las condiciones meteorológicas de La Paz, a cuya altura y frío las uruguayas no están acostumbradas.

Según supo El País, la Cancillería uruguaya sigue de cerca el caso desde el comienzo y asiste a la familia tanto desde acá como a través de la embajada en Bolivia.

El embajador de Uruguay en Bolivia, Fernando Marr, las visitó en nueve ocasiones desde que se enteró del caso para corroborar que estén en buen estado sanitario y se reunió con la Cancillería boliviana para solicitar información sobre el caso. Se prevé que, en las próximas horas, Virginia y Silvia reciban una visita de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que se interesó por el caso.

Cedida a El País.