En 2020 había 11.700 personas presas, hoy treparon a 15.650, mayoritariamente hombres menores de 30 años. Siete de cada diez reinciden apenas recuperan su libertad y vuelven al sistema, cuya puerta giratoria hoy está más activa que nunca. El artículo 26 de la Constitución es claro en su mandato: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

La reincidencia no es un problema nuevo en Uruguay, aunque el porcentaje ha ido aumentando. En el mundo esa reincidencia se sitúa entre el 24 y 51%. El nivel del 70% que hoy registra Uruguay es igual al que tiene Brasil, con toda su complejidad geográfica, social y delictiva.

El gobierno entiende que reducir el porcentaje de reincidencia penitenciaria es un aspecto fundamental de la seguridad pública y suma una serie de acciones vinculadas al aumento de la dotación de operadores carcelarios, nueva infraestructura y planes sociales.

El subsecretario de Interior, Pablo Abdala, anunció a El País la incorporación de cien operadores penitenciarios a partir de la creación de concursos internos de ascenso que liberarán vacantes. En 2019 había 1.280 operadores penitenciarios. Abdala estima que el período terminará con casi 1.500. Se trata de una figura clave en el sistema dado que es personal civil y capacitado que acompaña al recluso durante toda condena, incluyendo el seguimiento de la situación judicial y todo lo vinculado a las tareas socio-educativas que realiza. “El operador penitenciario es fundamental en el proceso de rehabilitación y reinserción”, explicó Abdala.

El Ministerio está terminando las bases de otro concurso interno para la incorporación de 22 técnicos psicólogos y nueve asistentes sociales.

En los próximos días se inaugurarán en el Comcar una sala de UTU para dictar diversos cursos y un área de la Universidad de la República para quienes cursan estudios terciarios. En tanto en Salto se inauguró una comunidad educativa con seis salas construidas por los propios presos que abarca primaria, secundaria y UTU.

En cuanto a la capacidad, siempre hay menos plazas que reclusos. En diciembre de 2021 el número de plazas disponibles era de 12.139 mientras que los privados de libertad eran 13.860. Por ello comienza este año la construcción de tres unidades de seguridad medio-alta con 1.400 plazas en la cárcel de Libertad y bajo el sistema de Participación Público-Privada (PPP). También se construirá una cárcel de Mujeres en Punta de Rieles con unas 800 plazas. En Artigas se levantó una nueva cárcel que será inaugurada cuando finalicen las obras del anexo y Tacuarembó también tendrá nuevo establecimiento.

“Si no ponemos el foco en generar oportunidades para esta población reclusa será la reincidencia el destino inevitable cuando salgan, incluso para aquellos que no lo quieran, pero que no tengan alternativa porque vislumbran otro camino para recorrer”, indicó Abdala.

En el marco de la rehabilitación un paso clave ha sido el pasaje al Mides de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, destacó este cambio institucional que fortalece una línea de trabajo o que comenzó con el Patronato de Encarcelados y Liberados y luego la propia Dinali, pero siempre dependiendo del Ministerio del Interior.

“La incorporación de la Dinali al Mides es un gran paso, porque no solo conecta con lo específico de la integración social inmediata, como es la capacitación y el empleo, sino que además implica la vinculación con todas las facetas del desarrollo humano. La Dinali viene creciendo y ampliando programas e intervenciones”, dijo Petit a El País. Precisó que “se creó el primer dispositivo sistemático de apoyo social a liberados, se aumentaron los cupos en centros de reinserción gestionados por sociedad civil y hay un muy significativo aumento de cupos para atención de adicciones y salud mental en comunidad, innovaciones todas muy alentadoras de la nueva presencia del Mides”.

El flamante ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, dijo a El País que hay un énfasis social a la hora de atender la situación de los presos que recuperan la libertad. “Hay algo básico, pero que hace un gran cambio, los técnicos salieron de las comisarías y hoy trabajan en oficinas del Mides. Es un cambio simbólico importante. Hoy el privado de libertad que vuelve a la sociedad tiene como referencia una oficina y un técnico que no lo juzgará por lo que hizo, sino que trabajará con él para que recorra el mejor camino hacia la reinserción”, dijo.

En esta área hay dos líneas de acción que se espera que den resultados. El Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales (ECOS) que cuenta con salas educativas, gimnasio, carpintería, comedor, vestuarios, etc. Allí pueden capacitarse 250 personas al mismo tiempo. Incorporará acciones mediante convenios con diversas instituciones públicas y privadas. “Creo que el camino para evitar la reincidencia en parte es ese, aunque todavía falta crecer mucho porque lamentablemente tenemos mucha prisionización y muchos egresos, lo que constituye una demanda compleja, creciente y cambiante”, sostuvo Petit. Por su parte, Sciarra destacó que el trabajo se realiza de manera conjunta con quien va a recuperar la libertad y su familia. “Debemos conciliar lo que en verdad les espera al salir, con sus expectativas y las condiciones que podemos darle para que no caigan en la reincidencia o en situación de calle”, indicó.

El PIA es la otra gran apuesta, un plan de apoyo técnico, social y económico para 500 reclusos que si tiene los resultados esperados será extendido. “Este plan está siendo monitoreado por la Universidad de Montevideo. Implica asistencia económica, pero más que nada, un seguimiento del Estado con un funcionario que es referente para el liberado y lo orienta”, señaló Sciarra.

Petit considera que “el principal problema para la reinserción es que el liberado, en la amplia mayoría de los casos, es una persona que ha tenido muchas y variadas adversidades durante la vida, en especial en la infancia y en la adolescencia. En esas dos etapas es cuando se forma en buena medida la capacidad de empatizar con los demás, de tener resiliencia, de resolver problemas por vías alternativas a la violencia. El delito es expresión de la incapacidad que tiene alguien por resolver sus necesidad, objetivas o subjetivas, por mecanismos pro sociales, armoniosos”.

Foto: archivo/El País.

Agrega que corregir eso lleva años y no hay una única solución. “Lo que sabemos, es que condiciones sanas en todas las dimensiones de la vida, hacen que la persona no sea violenta con los demás, o sea que no cometa delitos. Por eso la receta es atender todas las dimensiones que nos hacen más humanos, que nos desarrollan como personas: acceder a salud, cultura, deporte, capacitación, tener un lugar donde vivir, participar de buena convivencia, desarrollar los afectos, reconocer a los demás y ser reconocido”.

El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo a El País que el sistema carcelario ya no es viable. “La cantidad de personas presas sigue aumentando. El sistema carcelario ya es infinanciable en la magnitud que tiene hoy. Eso compromete y anula muchos de los esfuerzos por tener programas de rehabilitación. Por eso creo que hay que analizar el sistema en su conjunto y además redefinir sus componentes. Por un lado, seguir invirtiendo como el Uruguay ha hecho desde hace décadas en la infancia, el país tiene allí redes tendidas. Falta una red potente en la adolescencia, entre los 12 y los 18 años, que es la crisis del rebote en el liceo, de los problemas familiares, la pobreza y los escapes fáciles de las sustancias, el ocio, el delito y luego la ‘leva’ o las ‘razzias’ del micromenudeo y del narco tráfico. Ahí está el centro del desafío”, indicó

Y propone buscar alternativas a la prisión. “Los países que mejoraron en seguridad tienen dos o tres personas en medidas alternativas por uno en la cárcel, nosotros tenemos invertida la ecuación, dos en la cárcel por cada uno con medidas alternativas, o sea encarcelamos mal y de más”, dijo.

“Cuanto más sana sea la cárcel, cuanto más aire, deporte, cultura, educación y convivencia tenga, mejores son los resultados que podemos esperar para bajar la violencia y el delito futuro. Completamos el circulo si a esto le agregamos un buen apoyo luego de la liberación y una red de políticas sociales comunitarias que funcionen como una red capilar de protección. Creo que en eso todos los actores políticos e institucionales están en sintonía. Lo que no falta, y este es un año apto para trabajar en eso, es un programa estratégico que siente las bases para el sistema de sanción penal de este siglo, que no toca solo la cárcel, sino las medidas alternativas, el sistema penitenciaria y las medidas pospenitenciarias, y su conexión con las políticas sociales y la redes comunitarias de protección y servicios sociales”, acotó.