PREOCUPACIÓN

El 7 de enero de 2022 a las nueve de la mañana, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se convirtió en el primer jefe departamental de Uruguay en oficiar un casamiento. A las horas, se sumó a la lista el intendente Enrique Antía, de Maldonado. Luego fue el turno de Nicolás Olivera, de Paysandú, y Pablo Caram, de Artigas, después de haber sido investidos como oficiales de Estado Civil.

Esta posibilidad quedó habilitada a partir del artículo 354 de la Ley de Presupuesto, que entró a regir el 1° de enero y trasladó a los intendentes, alcaldes y funcionarios de las 18 comunas del interior -salvo en los municipios canarios de Ciudad de la Costa y Las Piedras- tareas del Registro de Estado Civil como casar, hacer actas de defunciones e inscribir nacimientos y reconocimientos de hijos. Desde 1879 esta tarea estaba en manos de los jueces de Paz. El gobierno nacional planteó este cambio como un proceso de descentralización cuya instrumentación progresiva quedó en manos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Si bien la medida fue celebrada por los gobiernos departamentales, el intendente de Salto, Andrés Lima, tiene reparos sobre cómo se ha implementado. Según dijo a El País, en la próxima reunión del Congreso de Intendentes solicitará formalmente al MEC una serie de datos.

El jefe comunal frenteamplista indicó que las intendencias firmaron un convenio con esta cartera, que se comprometió a gestionar 50 pases en comisión del Poder Judicial para ofrecer el servicio en el interior y capacitar a los funcionarios municipales, pero no ha cumplido. Además, denunció que en estos ocho meses el MEC no ha transferido a las comunas el dinero por los servicios de matrimonio y certificados de soltería, que son los únicos que tienen un costo para quienes los solicitan. Con 105 matrimonios y 20 certificados brindados en Salto, la comuna estima que la deuda supera los $ 300.000.

“La intendencia asume todos los costos pero el MEC se queda con los recursos, cuando en realidad se había comprometido a volcarlos a las intendencias”, afirmó Lima.

Su par de Paysandú, el intendente blanco Nicolás Olivera, contó que en este departa- mento la deuda asciende a $ 415.600. No obstante, dijo que este monto “no desequilibra nada” y representa “dos chirolas” para la comuna, teniendo en cuenta que el MEC devolverá el dinero.

 Fuentes de la secretaría de Estado confirmaron que el Registro Civil no ha concretado las transferencias a las intendencias. Aseguraron que se debe a temas logísticos y que a la brevedad se depositará el dinero en un solo pago, aunque no se ha definido una fecha para ello. De allí en adelante, las transferencias serán mensuales, dijeron.

Por otro lado, las fuentes del MEC aseguraron que no han recibido de parte del gobierno departamental de Salto solicitudes de pases en comisión del Poder Judicial. Explicaron que las intendencias deben presentar un pedido formal para que el ministerio haga el nexo con la dependencia que cede a los funcionarios en comisión. Sin embargo, dijeron, solo cuatro comunas han hecho este trámite y el MEC está al día con los pedidos.

El intendente Olivera considera que el cambio ha agilizado el servicio. “A uno le queda en la memoria la gente haciendo cola los sábados y los domingos frente al juzgado. Encima que para casarse hay que ser valiente, tenían que estar dos días esperando. Ha cambiado diametralmente”, expresó. En su caso, además del matrimonio que ofició entre Ruben Borthagaray y Aparicio Bueno en abril, no ha tenido más solicitudes para casar a parejas.

En Rocha, el departamento donde por primera vez un intendente ofició un matrimonio, hubo 48 casamientos desde que se implementó el nuevo sistema.

Entre el 1° de enero y el 31 de agosto hubo 354 nacimientos y 361 fallecimientos, según la base de datos municipal, a la que accedió El País.