Las cantinas de los liceos sostienen que no les dan los números para continuar abiertas, piden que Secundaria se haga cargo de los costos de la habilitación que hoy les exige la Intendencia de Montevideo (IMM) y alertan que necesitan una baja del alquiler porque la nueva normativa en cuanto a los alimentos que pueden vender y los que no, les está sacando muchos recursos de la que es su “única fuente de trabajo”.

Todas estas demandas se enmarcan, justamente, en el impacto que tuvo la prohibición de venta de ciertos productos en las cantinas de los centros educativos desde enero. Es una medida que se instaló de manera paulatina y que, en pocas palabras, implica que no pueden comercializar alimentos que no sean parte de un listado de comestibles recomendados del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Esto hizo que las cantinas necesitaran reconvertirse, ya que no pueden vender alimentos con octógonos -que indican exceso de sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas-, ni otros como ser refuerzos con fiambres, bizcochos y jugos azucarados.

Desde la Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay, su presidenta, Alejandra Ferreira, indicó a El País que se acercaron a Secundaria porque, además del impacto de la prohibición de ciertos productos, no pueden hacer frente a los cambios que les pide la IMM para poder habilitarlas. En ese sentido, solicitan que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se haga cargo, por ejemplo, de la habilitación de Bomberos y el control preventivo de plagas.

Por su parte, desde la IMM contaron a El País que por estos días es que están haciendo el debido relevamiento de las cantinas en colegios privados y liceos públicos.

Aún continúa el procesamiento de los datos de 325 centros, aunque adelantaron a El País que, de las 68 cafeterías relevadas y cuyos datos ya fueron procesados, más de la mitad no tenían habilitación para funcionar, por lo que estaban en falta.

Los datos de la IMM son los siguientes: de las 68 cantinas procesadas hasta ahora, 44 (64,7%) no tenían habilitación -por lo que se las intimidó a tramitarla en los siguientes 20 días hábiles-, 21 (30,9%) tenían habilitación, y tres (4,4%) tenían habilitación vencida o en trámite al momento del relevamiento de los fiscalizadores de la intendencia capitalina.

La Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay, además, pidió a Secundaria, mediante una carta con fecha el 21 de mayo, una reducción de los alquileres. Esta solicitud, según supo El País, aún no se trató en sesión de la Dirección General de Educación Secundaria.

Además, fuentes de la ANEP indicaron que se está en una “fase informativa” hacia las cantinas de las modificaciones en la normativa, con la “creación de videos explicativos, la cual será seguida por una etapa de control y supervisión para garantizar el cumplimiento”.

La razón la solicitud de reducción de alquiler, contó Ferreira -que hace seis años tiene una cantina en el liceo José Belloni, en Villa Don Bosco- es que la venta cayó entre un 60% y 70% en los liceos públicos. También aseguró que las cantinas no tienen la fortaleza económica como para empezar a cumplir al 100% con la normativa de prohibición de comercialización. Y reclaman que los estudiantes pueden salir del centro educativo para comprar afuera -sea quiosco, supermercado u otro- todo lo que no encuentran dentro, como golosinas, snacks y refrescos.

La IMM, además de analizar habilitación, miró la venta de productos. De las 68 cafeterías, en más de la mitad -36, el 52,9%- vendían comestibles con octógonos, algo prohibido por ley. También se encontró con que en 29 (42,7%) no vendían estos alimentos y en tres (4,4%) solo tenían productos elaborados por ellos.

Dentro de la cámara de cantinas que preside Ferreira, que nuclea liceos privados, la “gran mayoría” habla de cerrar sus puertas en octubre. Y esta también es su postura: “Si no me bajan el alquiler, me tengo que ir porque no me dan los números. Hoy estoy sacando un sueldo de $ 20.000. ¿Por qué me quedo? Porque tengo 54 años, y no tengo alquiler y soy sola yo. Pero, si tenés una familia, no la podés sostener”.

Foto: Estefanía Leal

También remarcó que los arrendamientos del espacio en algunos casos llegan a los $ 50.000, aunque en su centro educativo está un poco por debajo de los $ 30.000. Y advirtió que el elaborar comida lleva horas de trabajo y, en algunos casos, contratar personal en un escenario donde los números de los ingresos y egresos ya no les cierran.

Antes de la prohibición de la venta, estuvo la inhabilitación de publicidad, promoción o patrocinio en los establecimientos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado de alimentos recomendados del MSP.

Según un relevamiento nacional que hizo la cartera entre agosto y diciembre de 2023, en el 25% de los centros visitados se incumplía esta normativa.

Las dos maneras de patrocinio que se registraron en mayor medida, dice el informe que publicó hace 15 días El País, fueron la “exhibición y visibilidad de alguno de los productos no recomendados, en un 20% de los establecimientos visitados, y la presencia de afiches y carteles publicitarios en 11%”.