NUEVO ESCENARIO

Cuando el Mides realizó el censo de personas en situación de calle en setiembre de 2020, hubo un dato que reconfiguró su estrategia. El 53% de quienes viven a la intemperie estuvieron privados de libertad en alguna de las cárceles del país, sobre todo quienes tenían entre 30 y 50 años.

A partir de este dato se decidió que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que estaba en la órbita del Ministerio del Interior, pasara a formar parte de la Dirección Nacional de Protección Social del Mides para tener un abordaje mucho más social.

Se detectó que lo que impide que las personas que egresan del sistema penitenciario se reinsertan correctamente en la sociedad son la falta de trabajo y las adicciones. En promedio, 500 ex presos se acercan a las oficinas del Mides para solicitar asistencia cada mes y en gran medida el motivo es la falta de empleo.

El problema se conoce como el fenómeno de la “puerta giratoria”, explica a El País Fernanda Auersperg, directora de Protección Social. La persona es liberada, no tiene empleo, pasa a estar en situación de calle, vuelve a delinquir y cae de nuevo en la cárcel. Y por eso el Mides busca atacar el problema desde el principio.

Sin embargo, la demanda por empleo entre los liberados supera la oferta de la cartera. Por ahora hay 330 ex privados de libertad en la bolsa de empleo del Mides y un total de 314 están trabajando en simultáneo. Los convenios son con organismos del Estado y algunas empresas privadas, sobre todo la constructora Teyma, puntualizó Daniel Fernández, quien asumió la dirección de la Dinali en junio de 2022.

El Mides trabaja en una campaña de sensibilización social -especialmente para la Cámara Empresarial- para que se logre entender que emplear a personas que pasaron por la cárcel representa un beneficio para toda la sociedad, destaca Auersperg. Y sostiene: “Es algo que no se logra de un día para el otro, pero es muy importante que las empresas rompan el estigma y puedan contratar a ex privados porque además tenemos buenos perfiles”.

La cartera quiere informar, asimismo, que la ley de promoción de empleo establece que hay un subsidio del 25% y de un 40% si el trabajador es mayor de 45 años.

La Dinali pone especial atención en el preegreso, los seis meses previos a que la persona salga en libertad, para atacar el problema cuanto antes. En 2020 se instaló una oficina en la Unidad N°4 “Santiago Vázquez” (ex Comcar) que cuenta con diez técnicos que tienen entrevistas con los reclusos para idear un “plan de vida”. Se analiza el perfil de acuerdo a las habilidades que han adquirido en los talleres o trabajos dentro de la unidad y también considerando la situación familiar.

“En estas oficinas se hila muy fino en cada situación particular para que el recluso no salga con la angustia de no saber a dónde ir, sino que se va con un dirección concreta”, señaló Auersperg.

De todas formas, no se prevé que se instalen oficinas en otras unidades del país porque en cada departamento hay una oficina de la Dinali -con unos cuatro técnicos- y se busca que la intervención sea a través de entrevistas semanales. Por otro lado, el foco también está puesto en que se integren los datos que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Mides sobre los reclusos y se cree una sola base de datos digitalizada.

Las adicciones y salud mental suponen otro gran desafío para la cartera de desarrollo social dado que el 86% de las personas que viven en la intemperie tienen un consumo problemático de sustancias, entre ellas quienes estuvieron recluidas.

Es por eso que el ministerio solicitó mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas para el tratamiento de la salud mental -lo cual incluye las adicciones- que se planifica dentro de la Dirección encabezada por Auersperg.

Por otro lado, se les busca un hogar a los liberados que cortaron la relación con su familia o no tienen dinero para pagar un techo. Una de las opciones es la posada El Camino, un hogar perteneciente a la Dinali que queda a una cuadra de la terminal de Tres Cruces. Allí viven 30 liberados junto con técnicos del organismo para cubrir sus necesidades básicas y poder ir cada día a trabajar o estudiar.

“Por supuesto que esos grupos no son suficientes, pero lo que se hace es coordinar directamente con el programa Calles para los liberados que necesiten resguardo y se los deriva a un refugio”, puntualiza Fernández. Y también existe un programa de vales de inclusión sociohabitacional para que aquellos liberados que tienen algún ingreso -por ejemplo por el peculio por trabajar adentro de la unidad-puedan obtener una pensión.

Gonzalo (32) vive a la intemperie desde hace siete meses, luego de que regresó de Bahía donde trabajó como cocinero. Hoy pasa las noches en la puerta de un viejo local en Zelmar Michelini. “El frío no es tan complicado, lo complicado es la gente que no te da la herramienta para salir adelante”, dijo. En base a su experiencia, resumió que “vivir en la calle es un infierno”. Dormir en los refugios es una opción, admitió, pero la descarta: “Te encontrás con la gente que está rastrillando acá en la vuelta”.